Susana Seleme Antelo
La indignación es un estado de ánimo social que recorre el mundo. Es un estado de malestar de todos contra todos los poderosos que gobiernan sin tomar en cuenta a sus gobernados. La indignación va como un fantasma de carne y hueso contra regímenes más o menos democráticos por su grosero autoritarismo, algunos autocráticos sin concesiones, y muchos atiborrados de corrupción. Más de uno se declara de izquierda y socialista, lo que no les impide pensar que “el dinero es tan asqueroso que hay ganarlo cuanto antes” (1) sin importar la forma y el método. La indignación recorre el mundo con las voces de los que no tienen voz en la definición de políticas públicas, pues las inversiones y el gasto los deciden solo algunos iluminados entre cuatro paredes, mientras la transparencia y la rendición de cuentas están ausentes de la agenda política. La indignación irrumpe contra la corrupción y sus actores: el que corrompe, corruptor activo, y el que se deja corromper, corruptor pasivo, siempre a cambio de dinero, dádiva o promesa de algo más. Indignación hubo en el mundo islámico, no solo árabe, pues Irán y Turquía no lo son, pero sí Túnez y Egipto. Se dio en Islandia, España, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia y ahora Brasil, con agenda propia en cada país, pero con una fuerza expansiva de contaminación mutua, globalizada, conectada en las redes sociales y medios de comunicación, hasta convertirse en patrimonio de la humanidad, apunta Esther Vivas. Es un patrimonio tangible, masivo, multitudinario, horizontal, que nace como una iniciativa de acción ciudadana y supera con creces las convocatorias de cualesquiera de los partidos políticos en sus respectivos países. La indignación es ese sentimiento social contra una realidad no deseada, por eso se indignan sociedades de las más diversas geografías. La indignación surge de la base social culta, educada y citadina, pero también de proletarios y sectores que salieron de la pobreza, pasaron a formar parte de una nueva clase media, más bien precaria, y empezaron a gozar de algunas bondades del bienestar social aunque hoy tengan pocas expectativas de mejorar su calidad de vida. Por eso explota, ocupa las calles y toma el espacio público para expresar el rechazo a los partidos políticos y a los políticos, que las más de la veces, deja hacer y deja pasa las prácticas corruptas y da la espalda a la gente, como si nada estuviese pasado. Brasil, o país mais grande do mundo… En el caso de Brasil, la séptima potencia del mundo occidental y con un mismo partido político en el gobierno hace más de 10 años, la indignación destapa otras aristas: es el país con mayor brecha de desigualdad social, pese a amplios programas de inclusión social. Su indignación hecha protesta multitudinaria llama la atención mundial pues el incremento de 20 centavos en el transporte público, que logran eliminar, pone el dedo en la llaga sobre los costes de ese transporte público y su impacto en las capas que más lo usan: los pobres. Ese fenómeno desnudó que ese servicio no debería estar sometido a los intereses de empresas privadas, siempre movidas por el lucro, en Brasil y en todos partes del mundo. Con el paso de los días, la protesta indignada pasó a exigencias frente a la deficiente cobertura en salud, educación y servicios básicos. Siendo un país de masiva afición futbolera, se rebela contra los gastos millonarios que gasta el gobierno en la preparación, remodelación y construcción de estadios para la Copa Mundial de Fútbol 2014 y la actual Copa Confederaciones, en lugar de que gran parte de esos recursos cubran las necesidades vitales mencionadas, y sin las previas consultas a los interesados, la mayoría social. Según Carlos Alberto Montaner, la sociedad brasilera “que solo sale a las calles en multitudes durante carnaval, hoy lo hace fatigada por la corrupción, la impunidad, la intrincada burocracia y la mala gestión de gobierno. En Brasil se pagan impuestos de primer mundo, pero se reciben servicios de tercero”. La indignación de miles pone en entredicho el gobierno de Dilma Roussef, más democrático que muchos, pues respetó la independencia del Poder Judicial para ‘no dejar pasar’ a los implicados en actos de corrupción en el gobierno de su antecesor, Lula da Silva. A todos ellos les cayó el peso de la ley y hoy están la cárcel por el “mensalao”, pago mensual ilegal a los congresistas de oposición para aprobar leyes, además de otros indicios de corrupción. ¿Cuál será el destino de la indignación brasilera, con los llamados de la presidenta de los indignados para dialogar? La interrogante está abierta, pero demuestra una perspicacia y sentido políticos que no la tienen muchos gobernantes. En Argentina, los «cacerolazos» contra el gobierno de Cristina Fernández apuntan, entre otros factores, a las persistentes denuncias de corrupción que recaen sobre su persona y su difunto esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, y son respondidos con insultos cada más histriónicos.Para el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, mucho más afín a Lula da Silva que a Dilma Rouseff, Brasil le estará demostrando al mundo que “sólo vale la pena pagar el precio del progreso profundizando la democracia, redistribuyendo la riqueza generada y reconociendo las diferencias culturales y políticas de aquellos para los que el progreso sin dignidad es retroceso”.Entre tanto, la presidenta pierde muchos puntos de popularidad, las manifestaciones, menos multitudinarias siguen en pie y también ceden los disturbios. Sin embargo, la calle indignada exige a los políticos soluciones concretas, ¡ya!, lucha contra la corrupción y contra el despilfarro del gasto público. La indignación social no entra al juego de la reforma política a través de un plebiscito que podría acabar siendo, en expresión de Ayres Britto, ex presidente de la Corte Suprema, un “cheque en blanco” para los actuales políticos. Según Juan Arias del periódico El País, “El rompecabezas está sobre la mesa y nadie se atreve hoy a adelantar su solución”.¿Y en Bolivia?Siendo el Poder Judicial apéndice del Ejecutivo, está bien lejos del ejemplo del Brasil de Dilma Rouseff y más cercano a la Argentina de Cristina de Kirchner. Ante las denuncias de corrupción en los proyectos “Evo cumple” que hace Samuel Doria Medina, jefe de su partido político, Unidad Nacional, y uno de los más connotados opositores al régimen, aquí, amén de los insultos y diatribas, ni el presidente ni sus funcionarios públicos aclaran sobre los casi 500 millones de dólares gastados en el programa de marras. En cambio, la administración de la justicia anuncia que el investigado será el denunciante, Doria Medina. El mundo al revés: ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Las denuncias de la corrupción no salen solo de la oposición política. La disidencia de los llamados “librepensantes” dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) sigue dando que hablar y ahora los “trapitos sucios” afloran como hongos. El senador masista Manuel Limachi, otro de los calificados por el régimen ‘librepensantes’ -que no se sujeta al ‘centralismo democrático’- afirma que corrupción existe Y existe “No solamente en el ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, sino en hay varios contratos y obras, la corrupción está en todas las obras, en todas la obras hay corrupción en todo el país… en la política hay que encubrir, hay que estar callados. Sabemos que nos van a hacer cualquier cosa, pero eso va ser responsabilidad de los que nos objetan”. Limachi está seguro de que habrán represalias en su contra por revelar la omnipresencia de la corrupción en los programas estatales: “Sabemos que cuando uno quiere decir la verdad, no sólo en este gobierno sino en todos los gobiernos, siempre es perseguido (…) si algo sabemos es que ellos nos van a perseguir desde cualquier lado”, según informa el periódico digital eju.tv.Por su parte, la diputada Rebeca Delgado, ex presidenta de la cámara de diputados y una de las más visibles caras femeninas del MAS, gozó de todo el apoyo de la ‘nomenclatura’ hasta que se enfrentó al verticalismo del centralismo democrático por la “distorsión del proceso de cambio”, según sus denuncias. Hoy dice, sin tapujos, que “quien gobierna realmente en Bolivia es el vicepresidente Álvaro García Linera”. Como ella, en este punto específico, pensamos una gran mayoría, pues el sindicalista cocalero presidente de Bolivia, más anda de viaje que en su oficina de palacio de Gobierno. En los hechos, el financiamiento del programa “Evo cumple”, que ha gastado hasta ahora los ya mencionados cerca de 500 millones dólares, resulta una economía paralela, sin control alguno, cero transparencia, sujeto a la discrecionalidad de Morales y del ministro de la presidencia, sin contraparte edil, cuando se supone que las obras se ejecutan en los municipios. Obras fantasmas, otras inconclusas, despilfarro por doquier, mientras la contraloría no actúa como ente fiscalizador, el Congreso mira de palco y la cúpula dirigida por el ‘Vice’ elucubra la venganza contra los opositores y denunciantes. Volvamos al origen del régimen autoritario y autocrático actual, que ha roto todas las normas de la democracia: “Métanle, por encina de lo jurídico, está lo político”… si es ilegal, legalicen ustedes, para qué han estudiado”, con lo que el propio presidente dio lugar a la ilegalidad, a la corrupción institucionalizada, y una gestión deshonesta y antiética en la administración, sin control democrático y social de la gestión pública.Si la indignación ya es patrimonio de la humanidad, sigamos indignados.(1) Frase que el escritor Jorge Vopli hace decir a dos de sus personajes en su libro “No será la tierra”. Alfaguara. México,DF. 2006.p.194.