El exministro Murillo retiró la acusación del caso, al igual que la comisión de fiscales que siguieron el proceso. El fiscal general no hizo nada para proseguir.
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El fiscal general del Estado Juan Lanchipa.
Fuente: paginasiete.bo
En enero de 2020, el gobierno de Jeanine Añez se retiró de la acusación del caso denominado terrorismo y separatismo. En febrero de ese mismo año los representantes del Ministerio Público, a cargo del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, también se retiraron y cerraron el caso, recordó el abogado de los afectados dentro del proceso, Gary Prado.
“Que les quede claro a los masistas ignaros: la sentencia absolutoria de los encausados del caso de supuesto terrorismo se motivó por el retiro de la acusación particular del Ministerio de Gobierno y posteriormente por el retiro de la Fiscalía por la falta de procedibilidad y reconocimiento de que la misma había sido suscrita por el exfiscal (Marcelo) Soza (…). Nadie obligó al fiscal general del Estado (Juan) Lanchipa a decidir ese retiro”, escribió Prado en su cuenta de Facebook.
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Los antecedentes dan cuenta que el 20 enero de 2020, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo —en representación del Órgano Ejecutivo (querellante)— presentó un desistimiento de todos los cargos contra los nueve implicados.
Ese mismo camino siguió la Fiscalía General del Estado, a través de los fiscales a cargo del caso, quienes el 4 de febrero de ese mismo año decidieron retirar la acusación y absolver de culpa a los presuntos autores del denominado caso terrorismo.
Después del retiro de ambas acusaciones, el juez Sixto Fernández (+), quien llevó todo el proceso judicial del caso que data de abril de 2009, dispuso el cierre y archivo del proceso.
“Habiéndose dado lectura al memorial de la Fiscalía que retira la acusación, se dispone el archivo del proceso, quedando todos los procesados en libertad pura y simple”, indicó Fernández, en una breve audiencia en el Palacio Judicial de Santa Cruz, que data de febrero de 2020.
Al respecto, Prado enfatizó que el cierre fue legal y no fue manipulado, como señala el Ministerio de Justicia, que afirmó el lunes que el “gobierno de facto” de Jeanine Añez, a través de Murillo, fue el que archivó y cerró el caso terrorismo.
De ser ilegal, en su criterio, el fiscal general Lanchipa debía proseguir con el caso, pero, por el contrario, fue quien avaló su cierre.
“El caso terrorismo se sostenía en la acusación fiscal que firmó Marcelo Soza, condenado por corromperse en la investigación al extorsionar a los familiares de los encausados. El FGE (Juan) Lanchipa decidió retirar esa acusación después que Murillo retiró la acusación del ministerio de Gobierno”, insistió este martes Prado en su cuenta de Twitter.
El caso terrorismo se sostenía en la Acusación Fiscal que firmó M Soza, condenado por corromperse en la investigación al extorsionar a los familiares de los encausados El FGE Lanchipa decidió retirar esa Acusación después que Murillo retiró la Acusación Particular del MinGob
— Gary Prado ?? (@garyprado) September 28, 2022