LA LEY 348 INCORPORA LA FIGURA DE HOMICIDIO-SUICIDIO EN BOLIVIA
Activistas y defensoras de los derechos de las mujeres afirman que los tres casos reportados en semanas anteriores no son aislados, sino una realidad que se oculta para eludir las responsabilidades.
“Le he prometido a mi hijita que seríamos libres, que habría justicia. ¿Qué le digo ahora? ¿Qué otra salida hay?”, clamaba Dionicia (nombre convencional) al atardecer del 18 de octubre, sobre el puente Muyurina, en Cochabamba, desde donde pretendía lanzarse al vacío para quitarse la vida.
El de su hija, una niña de 10 años, es uno de los tantos casos de violación en los que el agresor, pese a representar un riesgo, fue liberado. Sólo en las semanas pasadas se conocieron tres casos similares, en dos las víctimas se quitaron la vida por miedo a sus agresores. Una tenía 13 años, la otra 22, pero era víctima de violación por parte de su padrastro desde que era niña, al igual que otras siete de sus familiares.
Para las víctimas morir es el último grito, el grito desesperado que dan ante la impunidad y la desatención estatal. Las activistas y defensoras de los derechos de la mujer afirman que estos casos no son aislados, sino una realidad que suele quedar encerrada en cuatro paredes para evitar responsabilidades.
“Es una realidad que se invisibiliza y también se oculta, porque detrás de todo esto existen responsabilidades: de un sistema de justicia que no protege a las víctimas de violencia y que hace oídos sordos a su clamor de auxilio, y sobre todo del agresor. Esto es lo que hemos visto en estos casos y otros que no se hacen públicos”, manifestó la responsable del equipo legal de la Casa de la Mujer, en Santa Cruz, Mayra Daza.
Desde Cochabamba, Fátima Terrazas, representante de las Mujeres de Fuego, coincide en que no se está viendo la verdadera magnitud del problema.
“El caso del puente de Muyurina es parte del colectivo. No es el único, son más. Son casos en los que hay retardación y parcialismo, en los que la víctima no es protegida ni por la Defensoría”.
En abril, una joven de 20 años llegó hasta el viaducto de Cochabamba para quitarse la vida. Denunciaba que un año antes fue víctima de violación, que denunció el hecho, pero tras una conciliación con uno de sus familiares el agresor quedó impune.
En el caso de la hija de Dionicia, el agresor también está suelto. Al enterarse del vejamen a su hija, el año pasado, Dionicia presentó la denuncia, pero no fue hasta hace un par de semanas que se realizó la audiencia de medidas cautelares.
Desde hace un año la pequeña no asiste a clases de forma regular, no sale de su habitación por temor a que le suceda algo.
El temor crece porque el agresor es su tío. Por este motivo, el único pedido era el de las medidas de protección, pero éstas le fueron negadas.
“El día de la audiencia el juez le ha dado todo lo solicitado por el agresor, dejando de lado nuestro pedido. La mamá, al igual que la niña, entró en pánico”, relató Terrazas.
Hace un par de semanas, en la localidad de Huayhuasi, de La Paz, una niña de 13 años se quitó la vida, luego de ser acosada por la familia del hombre que la abusó sexualmente. Su caso fue denunciado en septiembre, pero a las horas de haber sido detenido el agresor fue liberado.
Ante la indignación de la población, el 21 de octubre, un policía investigador y una fiscal fueron detenidos por “incumplimiento de deberes”.
Daza sostuvo que las víctimas, por el trauma vivido, la falta de empatía de los operadores de justicia, la revictimización a la que las someten y la presión de sus mismos agresores, viven situaciones límite.
“Lamentablemente, los cuellos de botella y la desprotección se encuentran en el Misterio Público y también en la Policía. En los casos en que la Policía agarra al agresor e investiga, es el Ministerio Público que al final suelta al agresor. ¿Qué sucede con las víctimas? Entran en shock, en una situación emocional que no pueden contener. Deciden quitarse la vida porque no pueden concebir que esa persona que tanto daño les hizo estén libres y probablemente la vuelva a agredir”, explicó.
En su labor, la abogada y activista Jessica Echeverría vio muchos casos similares. Indicó que la huella que dejan los hechos de violencia sexual en la vida de un niño, una niña o cualquier víctima es muy profunda.
“Estamos muy preocupados porque, además de estos casos, hace unos meses en Santa Cruz una niña murió de manera fulminante al enterarse que su abusador había sido liberado por una juez y empezó a rondarla”, lamentó la jurista.
Señaló que las víctimas pueden caer en una situación de depresión, ansiedad y temor hacia el abusador. Por eso es importante que a la par del pedido de justicia el Estado garantice una atención integral y especializada, además de terapia y apoyo para restaurar la vida de la víctima de los vejámenes.
“Sin embargo, en todos estos hechos hay una ausencia total de parte del Ministerio de Justicia, que tiene dentro de sus atribuciones el velar por el cumplimiento de los derechos y la protección de los más vulnerables que son nuestros niños y niñas. El Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) tiene la obligación de fiscalizar y acompañar todos estos casos. Pero no lo hace”, reprochó.
Sin datos de los casos
Erika es una de las tantas mujeres que luego de varios meses de golpizas brutales, humillaciones y todo tipo de maltratos se vio orillada a quitarse la vida. El 17 de agosto en su domicilio de Tiquipaya, se roció con gasolina para prenderse fuego y quitarse la vida.
Su caso fue tipificado como homicidio-suicidio, al comprobarse que el hecho fue instigado por la violencia doméstica que ejercía su esposo contra ella.
Pero no todos los casos son investigados de la misma forma. A principio de año, en Santa Cruz, una mujer se quitó la vida en su domicilio dejando signos de que tenía una relación tormentosa. En septiembre, otra joven se quitó la vida lanzándose de un edificio, su familia indicó que se aprestaba a cambiar de ciudad, pues tenía una expareja que la acosaba y que no la dejaba en paz. En octubre del año pasado, otra mujer se ahorcó luego de meses de maltrato por parte de su expareja, a quien denunció ante la Fiscalía.
Pese a que todas eran víctimas de violencia, los móviles de sus muertes fueron reportados sólo como “sentimentales”, sin que se indague en las circunstancias.
Sobre las falencias
Formación. Echeverría observó una falta de empatía y de capacitación especializada. Indicó que el personal del Ministerio Público, al igual que de la Policía, no logran entender lo que es la violencia psicológica y física y cómo esto puede llevar a alguien a terminar con su vida.
Asistencia. “Nosotros vemos muchos casos, incluso de niños varones. Vemos cómo el desarrollo emocional y psicológico es afectado. Nos toca trabajar con psicólogos forenses para poder brindar alguna ayuda, pero esto es algo que debería ser dado por el Estado, sin embargo, las víctimas no acceden a este tipo de apoyo”, sostuvo la jurista.
Salud. Echeverría resaltó que la violencia sexual deja traumas que pueden convertirse en trastornos mentales y que entonces se tiene otro problema, porque la salud mental es “un tema que en Bolivia sigue siendo tomado como un mito”.
Suicidio feminicida, sólo un país de la región lo tipifica
La legislación de El Salvador contiene un tipo penal único en América Latina: el “suicidio feminicida por inducción o ayuda”. Desde 2012, la “Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres” de ese país castiga con cinco o siete años de prisión a “quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo”.
Su artículo 48, establece tres circunstancias para este delito: a) que le preceda cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la norma salvadoreña; b) que el denunciado se haya aprovechado de cualquier situación de riesgo o condición física o psíquica en que se encuentre la víctima, por haberse ejercido contra ésta, cualquier tipo o modalidad de violencia; y c) que el inductor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones entre él y la víctima.
Aunque es una norma con muchos años de vigencia, fue hasta 2018 que la Fiscalía salvadoreña emitió la primera acusación por este delito, en el caso de una agente de Policía que se suicidó. Las investigaciones mostraron que sufría de constantes abusos psicológicos y sexuales por parte de su esposo, también efectivo, quien la amenazaba constantemente con “matarla con 50 balazos”.
Si bien en Bolivia el delito no está tipificado como “suicidio feminicida”, la Ley 348 de 2013 sí lo incluye y lo sanciona.
En el artículo 7, que define los tipo de violencia, señala que la “violencia psicológica” es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio.
Asimismo, el articulo 83 modifica el código penal para precisar que se incurre en “homicidio-suicidio” toda persona que instigue a otra al suicidio o le ayudare a cometerlo.
“Si la muerte se hubiere intentado o consumado, incurrirá en reclusión de dos a seis años”, dice la norma.
Se precisa que cuando una persona cometa suicidio como consecuencia de una situación de violencia, el agresor será sancionado con privación de libertad de 10 años.
Además, “si la víctima resultare ser niña, niño o adolescente, la pena será agravada en dos tercios”, especifica la norma que prevé estos casos.