Ratificó que, durante las negociaciones, los canales de diálogo nunca fueron cerrados ni la voluntad para llegar a acuerdos que beneficien al pueblo de Santa Cruz y a todo el país.
“Hemos avanzado, recordemos que la propuesta de los técnicos especializados en censos en el mundo, era que el Censo se realice hacia octubre de 2024 y en relación a eso trabajamos con nuestros equipos y a partir de las mesas de diálogo de construcción plurales, se redujo las fechas manteniendo la calidad”, enfatizó.
En la construcción del Censo, mencionó que hubo canales oficiales y no oficiales, como los que se llevaron a cabo con miembros del Comité Interinstitucional, el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, quien demostró la capacidad de sentarse a escuchar y la voluntad de no seguir sacrificando al pueblo cruceño. En función a eso se avanzó en la construcción de preacuerdos parciales, en relación a algunos puntos de coincidencia, “que se reiteró por la voluntad de sectores empresariales y algunas autoridades cruceñas para arribar una solución, pero estos acuerdos se truncaron por ciertas personas que nos les interesa llegar a un buen puerto, sino mantener la conflictividad social”, puntualizó.
La ministra Prada exhortó a la conciencia de las personas que quieren a Santa Cruz y que tienen una vocación democrática de llegar a puntos de coincidencia y acuerdos, y también a identificar a quiénes fueron los responsables de no llegar a una solución por intenciones políticos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Yo creo que es importante que el pueblo cruceño lo conozca y convoco a estas autoridades con las que hemos estado en comunicación, hemos llegado acuerdos, y quienes han truncado las reuniones tendrán que responder ante la población, y hay que decirlo sin miedo, sin que nos tilden de traidores, o declaren muerte civil, porque cuando se rompa el miedo que pretende imponer una persona vamos a dar la verdad y tranquilidad que merece el país”, aseguró.
En ese contexto calificó el paro cívico de 23 días, convocado por el gobernador Luis Fernando Camacho y el dirigente cívico Rómulo Calvo como impuesto y obligatorio, donde en todos los puntos de bloqueo se registró extrema violencia y vulneración a los derechos humanos y a la libre circulación de la gente más humilde que quiere trabajar.
“Hay el lado oscuro del paro, del que nos les gusta hablar, donde se ejerce una violencia sistemática y con connotaciones racistas, machistas, y que lamentablemente existe vulneraciones de derechos humanos de mujeres, niños, jóvenes y de personas enfermas que se les impide circular”, denunció.
Mencionó también que se registró la pérdida de vidas humanas irreparables que fueron lamentadas por parte del Gobierno nacional, porque queda una herida que no cerrará nunca en las familias afectadas, además de un daño económico que supera los 720 millones de dólares que afectará al pueblo trabajador.
Manifestó que como Gobierno nacional desde la primera vez que se inició la construcción del Censo, con la instalación del Consejo Nacional de Autonomías, se siguió una línea clara de consenso que nunca se hizo en la historia del país, donde se abrió varios escenarios de diálogo para discutir con autoridades electas, comunidades indígenas originarias campesinas y universidades públicas para llegar a una solución.
“Por encima de diferentes posiciones políticas se intentó en estos espacios dejar de lado las actitudes políticas, y de hecho uno de los mayores acuerdos llegados, fue despolitizar el Censo, sabiendo que debería ser técnico y se avanzó en ello, porque será un Censo del bicentenario e histórico”, explicó.