El jefe de bancada del MAS dice que el Estado debe garantizar que todos los candidatos puedan realizar campañas en igualdad de condiciones. Las cortes departamentales recuerdan que los vetos son ilegales.
• EXPULSIÓN • Comunarios de Sankajahuira vigilan la casa de Víctor Hugo Cárdenas, que fue vetado de esa localidad.
La Razón
Vocales de las cortes departamentales y políticos del oficialismo plantearon ayer la aplicación de sanciones para quienes impidan que los partidos realicen libremente sus campañas electorales con miras a las elecciones generales de fin de año.
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El anuncio fue una respuesta al veto electoral que aprobaron contra los partidos de la oposición los dirigentes campesinos de La Paz, Potosí y Cochabamba, además de las oficialistas Central de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano y Consejo Nacional por el Cambio.
El presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Antonio Costas, recordó a los dirigentes campesinos que no pueden adoptar posiciones radicales.
“El concepto del organismo electoral es que este es un territorio que pertenece a los bolivianos y todos los bolivianos tenemos derecho a estar en el territorio y en el lugar que así nos parezca”, señaló la autoridad.
El presidente de la Corte Departamental Electoral (CDE) de Potosí, Guillermo Benavídez, afirmó que “no es admisible” que se vete la participación, en igualdad de condiciones, de otras fuerzas políticas en el área rural.
“Si se presentara esto, se tendrá que hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía y, dependiendo de la gravedad o de la denuncia, se verá qué medidas se aplican y habría que analizar si se trata de una persona o agrupación política”, sostuvo.
El presidente de la CDE de Cochabamba, Joaquín Pérez, coincidió en que impedir la campaña de un determinado candidato y la difusión de sus propuestas políticas sería “coartar sus derechos constitucionales”, vulneración que en su criterio se interpretaría como un delito de obstaculización de un proceso electoral.
“Si es necesario, vamos a acudir a todas las autoridades establecidas por ley para evitar que esto ocurra”, anticipó.
En la misma línea, el jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, César Navarro, dijo que tanto partidos de derecha como de izquierda tienen el mismo derecho de hacer campaña en todo el territorio nacional.
“El Gobierno y representaciones del Estado tienen que dar garantías absolutamente para el cumplimiento de un derecho. La Constitución Política brinda este derecho, nosotros debemos garantizar ese derecho. Si es que no se cumple, debería haber sanciones, no sé cuáles, pero estamos en la obligación de garantizar ese derecho”, aseveró.
Para el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, el tema del veto es utilizado sólo para provocar a los movimientos sociales. “Parece prematuro que se provoque al movimiento social, eso es realmente deleznable y malo en este momento que ni siquiera se han lanzado las candidaturas”, indicó.
El veto fue lanzado por las bases oficialistas hace un mes.
La ley prohíbe los descuentos
La Corte Departamental Electoral de La Paz (CDE) recordó ayer que la Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio, en su disposición octava, prohíbe expresamente el descuento por planillas de los funcionarios públicos para el financiamiento de las campañas electorales.
La vocal de la CDE de La Paz, María Luisa Kent, explicó que esta disposición estará vigente 30 días antes de los comicios electorales previstos para el 6 de diciembre.
“Se prohíbe que se utilicen los bienes públicos en actividades partidarias, electorales o proselitistas. Si existiera una violación a esta disposición, las cortes electorales solicitarán la suspensión inmediata del funcionario y la remisión de antecedentes al Ministerio Público”, dijo la vocal.
Funcionarios públicos denunciaron a La Razón que deberán aportar parte de sus salarios para la campaña oficialista.