El abogado y miembro de los abogados independientes aseguró que la detención de Camacho está al margen de la ley. Le preocupa que por estas acciones el Estado democrático se convierta en autocrático.
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José Antonio Rivera en una anterior entrevista desde Cochabamba.
Fuente: paginasiete.bo
Igual de sorprendido que muchos. José Antonio Rivera, abogado constitucionalista y miembro del grupo de juristas independientes que elabora un proyecto para reformar la justicia, quedó asombrado por la forma en que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue aprehendido y por el tiempo récord en el que fue enviado a prisión.
Considera que la detención de la primera autoridad cruceña estuvo al margen de la legalidad, pero en su análisis va más allá. Vislumbra que si ese accionar del gobierno de Luis Arce continúa con la persecución, el Estado boliviano ya no será democrático sino autocrático.
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Mientras suman tres los líderes políticos y cívicos que están recluidos (Camacho, Jeanine Añez y Marco Pumari), mediante fallos duramente criticados por abogados y especialistas, para Rivera la solución de fondo es reformar la justicia que actualmente está sumida en una profunda crisis. Para ese fin, un grupo de juristas notables avanza en la cruzada nacional de reforma con el registro de firmas para dar el primer paso.
En una entrevista con Página Siete, afirmó que el Gobierno secuestró al Poder Judicial, lo que deriva en una inseguridad jurídica para líderes políticos, cívicos, periodistas y ciudadanos comunes que piensen diferente. No obstante, mantiene la esperanza firme de que con la propuesta de reformar la justicia boliviana se pueda frenar estos hechos judiciales manchados por la política partidaria.
¿Cómo califica el procedimiento en el que el Gobernador de Santa Cruz fue detenido?
Con toda la información difundida por los medios de comunicación y otros, considero que la aprehensión del señor Fernando Camacho está al margen de la ley.
Hay varias irregularidades; por ejemplo, una de ellas es que durante las vacaciones queda suspendida la ejecución de los mandamientos de aprehensión o de condena y además eso está reforzado por una sentencia constitucional. En este caso (Camacho) están en plena vacación; por lo tanto, están suspendidas, pero la han ejecutado.
Adicionalmente, han utilizado de manera innecesaria la fuerza pública en el operativo, en el que han dañado el vehículo en el que se trasladaba el Gobernador, lo han reducido a él al suelo; en un primer momento lo han trasladado sin rumbo conocido, lo que encuadra en los cánones de la desaparición forzosa. (Camacho estuvo al menos 5 horas desaparecido tras ser aprehendido).
¿Cómo es el proceso para ejecutar una aprehensión dentro de todos los parámetros legales, según las leyes bolivianas?
Qué se entiende por aprehensión en un momento inicial. Según el sistema procesal, ante la denuncia de la comisión de un delito se emite un mandamiento de comparendo, notificando al denunciado para que un día señalado y una fecha señalada concurra ante la autoridad respectiva. Para el caso de que el denunciado no cumpla, se emite el mandamiento de parte de una autoridad jurisdiccional para que las autoridades lo aprehendan y lo lleven sin utilizar violencia alguna y lo trasladen ante la autoridad competente que es el fiscal del caso.
Eso no pasó con el señor Camacho; por lo tanto, se ha violado su integridad física y su derecho a su integridad personal, psicológica y moral que existe y que están reconocidos en la Constitución Política del Estado y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por todo lo explicado, la aprehensión fue ilegal.
Los abogados del Gobernador, así como otros juristas y especialistas, afirman que todo fue calculado entre la Fiscalía y el Gobierno, una estrategia preparada desde el día de la aprehensión hasta la forma. ¿Qué opina usted al respecto?
Es una decisión esencialmente política más que jurídica, estuvo planificado. El día de la ejecución de la aprehensión, próximo a fin de año, cómo se desplazó la Policía para detenerlo, cómo armaron grupos de gente que a título de ser víctimas de Senkata, que no está vinculado con el caso de Golpe de Estado I, se movilizaron (en La Paz) y entre ellos funcionarios públicos que también son parte de esta estrategia.
A eso se suma el motín de los privados de libertad de la cárcel de San Pedro para decir que el señor Camacho no iba a ser bienvenido, para que el juez decida llevarlo a Chonchocoro.
Hay que tomar en cuenta que existen diferencias: Las penitenciarías son centros donde se interna a las personas condenadas, juzgadas de cometer un delito y los reclusorios son los lugares donde se interna a las personas con detención preventiva. La cárcel de Chonchocoro es una de máxima seguridad e inexplicablemente el juez dispuso que el Gobernador de Santa Cruz sea internado ahí, pero además con una resolución sin argumento fáctico.
Primero fue detenida y apresada Jeanine Añez, luego el líder cívico Marco Pumari y ahora el gobernador Camacho. Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) piden que la justicia procese a otros líderes opositores. ¿Cómo ve esta situación?
Con mucha preocupación. Algo que yo he estado sosteniendo desde un tiempo atrás es que si bien la Constitución Política del Estado caracteriza a Bolivia como un estado democrático, en la práctica hace tiempo se ha generado un proceso de desconstitucionalización, porque los gobernantes invocan la Constitución pero no la acatan; por lo tanto, peligrosamente estamos transitando de un estado democrático a un estado autocrático.
A ese efecto, se ha secuestrado el Órgano Judicial para someterlo a la voluntad y los mandatos del poder político.
Tenemos un poder judicial sumido en una crisis profunda, carente de independencia judicial, con magistrados y jueces que carecen de independencia e imparcialidad. Me remito a las pruebas, lo que ha acontecido con el caso Camacho.
En vez de garantizarnos como Estado la seguridad jurídica, se está generando una inseguridad jurídica por un lado para los políticos líderes de oposición y por el otro, para los líderes cívicos, ciudadanos comunes, periodistas y todos quienes tienen una posición crítica al sistema. Eso se refleja una vez más en ese peligroso tránsito del Estado democrático hacia el Estado autocrático.
Eso tiene que preocuparnos absolutamente a todos los bolivianos y bolivianas, y tiene que convocarnos a extremar los esfuerzos para ingresar a la cruzada nacional de transformar la justicia mediante la voluntad ciudadana para que tengamos una justicia independiente, imparcial, que permita el acceso al servicio judicial, otorgue la justicia de manera oportuna y que cumpla su función de racionalizar el ejercicio de poder político ejerciendo los actos, las resoluciones públicas que hoy por hoy no se está cumpliendo ni del Órgano Judicial y sus respectivas funciones ni por la jurisdicción constitucional, lo que nos deja a los ciudadanos en total desamparo y en total inseguridad jurídica.
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Rivera es parte del grupo de juristas independientes.
¿Cómo califica la respuesta de la ciudadanía sobre la propuesta de reforma judicial del grupo de juristas independientes? Se acerca una recolección de firmas para saber si la gente está de acuerdo en ir a un referendo para cambiar el sistema judicial.
Yo veo con mucha esperanza y optimismo; es cierto que no hay la tradición de que la gente salga a las calles, pero hay la respuesta de la ciudadanía de firmar los libros.
Estas semanas he estado en reuniones con estructuras de la sociedad civil. Ayer mismo en una reunión con sindicatos agrarios de la zona sur de la ciudad de Cochabamba expliqué esta propuesta pero compartiendo primero un diagnóstico para ver cómo se manifiesta la crisis en la justicia. Después, a viva voz, todos entusiastas, han expresado su voluntad de organizarse y salir a recoger las firmas.
Lamentablemente, hemos tenido una demora (por trámites del Órgano Plurinacional Electoral) que nos ha generado atrasos en la recolección de las firmas, y hemos tenido que postergar para enero.
Estoy seguro de que una vez que salgamos a las calles la gente va a ir sumándose a esta cruzada nacional de reforma, colocando su firma y su nombre completo en los libros.
Tengo la esperanza, no es muy activa la ciudadanía, pero estoy seguro de que a la hora de la verdad van a responder a esta iniciativa nacional.
¿Cómo se resuelve este conflicto en Santa Cruz, tomando en cuenta que desde hace tres meses esta región del país se enfrenta al Gobierno y está en una crisis sostenida?
No hay una solución mágica. Yo creo que lo fundamental es que primero el Presidente cumpla con lo que ha señalado en el último mensaje presidencial, de construir paz entre todos, de lograr una reconciliación nacional, de desmontar estos focos sociales que buscan el odio, la venganza , que buscan incesantemente un sentimiento insano.
Es hora de que los bolivianos nos reconciliemos, respetemos las reglas establecidas en la Constitución Política del Estado y las leyes, respetemos la institucionalidad democrática y nos reencaucemos en un ejercicio democrático que consiste en el respeto al otro, el respeto a la libertad de pensar diferente, en el respeto a la libertad de expresión, de pensamiento, de información y en el respeto del juego recíproco de las mayorías y minorías. Fundamentalmente que se respete a las minorías como un paso fundamental para mantener la democracia.
Hay que reconstruirnos en democracia para enfrentar una crisis económica que está en puertas y que restablezcamos la institucionalidad orgánica, partiendo por la transformación de la justicia para que el sistema cumpla su papel de garantizar la línea jurídica, de racionalizar el ejercicio del poder político, de resguardar el régimen democrático protegiendo los principios, derechos humanos y de pacificar la sociedad.
De lo contrario, vamos a cruzar la frontera del Estado democrático al Estado autocrático y vamos a tener un estado totalitario y no es lo que esperamos los bolivianos.
Por otro lado, creo que la solución no es abandonar el país, no es arriar banderas con el debido respeto a la institucionalidad, a la Constitución Política del Estado y las leyes. Mantegamos con nuestra firmeza la posición crítica al Gobierno; estamos con el derecho de decir lo que pensamos y lo que está mal está mal, y el Gobierno tiene que aprender a tolerar, a respetar y a pensar.
Da la impresión de que el presidente Arce fue completamente en contra de su mensaje por los recientes acontecimientos. Algunos consideran la aprehensión de Camacho una estrategia para volver a cohesionar al MAS, ante la división interna que hay y de alguna manera contentar a Evo Morales. ¿Usted qué opina?
Sí, por su puesto que es parte de una acción política que intenta encontrar cauces de reconciliación y solución a la crisis interna que está enfrentando el Movimiento Al Socialismo.
El ala radical liderada por don Evo Morales exige acciones de represión a la oposición, ha criticado al Presidente de un supuesto pacto con la derecha, un pacto con Santa Cruz, con el Gobernador y, al parecer, la vía del Presidente y su ala renovadora es desmentir las acusaciones del ala radical y lo hace desplegando acciones de violencia innecesaria como lo que han hecho con el gobernador Luis Fernando Camacho.
Esas aprehensiones judiciales con fines políticos, pero ése es un grave error. Yo creo que la pugna interna en el MAS va a seguir, más allá de esas acciones que está tomando el Presidente Arce respecto a su liderazgo y a la candidatura de 2025, porque se nota que el Presidente quiere la reelección y despegar con su liderazgo propio.
Por el otro lado, se nota que Evo Morales pretende retornar a como dé lugar al poder, quiere ser el único candidato. Todas estas acciones son parte de esta crisis, de esta pugna interna que tiene el MAS. Es una pena que todos estos conflictos políticos nos afecten a los bolivianos, es una pena que deterioren esta democracia.
Fuente: paginasiete.bo