Ver de cerca lo hecho por Chile y Uruguay y seguir su ejemplo puede ser muy útil para enmendar nuestro propio rumbo
Por Redacción central | – Los Tiempos
Chile y Uruguay, en un extremo, y Bolivia y Venezuela, en el otro, son los países que figuran como los más representativos de dos maneras diametralmente opuestas de encarar los problemas económicos, políticos y sociales, según la última edición del informe “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno”, que el Banco Mundial presentó el lunes recién pasado.
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El estudio, que evalúa la situación de 212 países, mide diversas categorías de gobernabilidad durante el período comprendido entre 1996 y 2008 y está basado en información de miles de organizaciones no gubernamentales y expertos del sector privado y público.
Los seis elementos que definen la calificación de un país son: participación y responsabilidad, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad del gobierno, cualidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.
Por participación y responsabilidad se entiende a la medida en la que los ciudadanos son capaces de participar en la elección de su Gobierno y también es la medida de las libertades de expresión, asociación y prensa. En diez años, este índice cayó en Bolivia de 57,7 a 48,1 por ciento, aunque subió un punto con relación a 2003.
Estabilidad política y ausencia de violencia es la posibilidad de que un gobierno pueda ser desestabilizado por formas inconstitucionales o violentas, inclusive terroristas. Este parámetro en Bolivia cayó de 36,1 a 14,8 por ciento entre 1998 y 2008.
Efectividad del Gobierno es la medida de la calidad de los servicios públicos y la capacidad de los servidores públicos para resistir presiones políticas, que en Bolivia bajó de 56,4 a 19 por ciento en el lapso estudiado.
Cualidad regulatoria es la habilidad del Gobierno para aplicar políticas y regulaciones que promuevan el desarrollo del sector privado, cuya declinación en el país fue de 61,5 a 15,9 por ciento.
Por estado de derecho se entiende la medida de confianza en el acatamiento de las reglas de la sociedad, incluyendo los derechos sobre la propiedad privada, así como la acción de la Policía y los tribunales de justicia contra el crimen. La caída de este parámetro en Bolivia fue de 45,7 a 12 por ciento durante el decenio mencionado.
El control de corrupción es la medida en la que se ejerce el poder público para que el sector privado genere utilidades e incluye los mecanismos para evitar la corrupción en todas sus formas. Bolivia mejoró este índice con relación a 2003, cuando se ubicó en 22,3 por ciento y cinco años más tarde alcanza 38,2.
Como se ve, son muy elocuentes los datos del estudio. Pero lo son más si se los contrasta con la situación de otros países, como Chile y Uruguay, los dos mejor calificados. Ver de cerca lo que esos países hacen y seguir su ejemplo puede ser muy útil para mejorar nuestro propio rumbo.