El Gobierno tiene la obligación moral de demostrar que los mercados alternativos para los productos bolivianos, como el venezolano, sí funcionan, porque lo que realmente dignifica al ser humano es el trabajo, no la ideología ni el discurso político agresivo.
Editorial La Razón
La noche del martes, desde Washington llegó una noticia previsible, que no debería sorprender a los líderes políticos bolivianos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, canceló las preferencias comerciales para Bolivia y se las extendió para Ecuador hasta fines de año.
No sorprende, pero sí duele. Y amarga a muchas familias bolivianas, porque, como se sabe, el acuerdo para el ATPDEA ha nacido como resultado de las acciones recíprocas entre los países andinos y Estados Unidos. La ecuación es simple: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú mejoran y sostienen la lucha contra el narcotráfico y, a cambio, Washington abre sus mercados a los productos andinos y sin aranceles. Las cifras demuestran que en el caso de Bolivia los cultivos de coca aumentan en el Chapare y los Yungas y la producción de droga se dispara más.
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Además, aquel acuerdo ha sido afectado por la decisión del Gobierno boliviano de cuestionar y acusar a la Casa Blanca.
Tras la decisión de Washington, la reacción del presidente Evo Morales ha reafirmado la línea que tiene el Palacio de Gobierno sobre Estados Unidos. Dijo: ´Quiero decirle con mucho respeto al presidente Obama: si en Estados Unidos ha cambiado la fisonomía de los gobernantes, no ha cambiado las políticas del Imperio´. Como en otros casos, una alusión a la persona.
Lo que ocurre en Estados Unidos y en otros países es que los gobernantes trabajan de acuerdo con políticas de Estado. Es decir, Obama tiene un estilo diferente, pero mantiene la posición en los temas estratégicos. Esto es algo que a los gobernantes de Bolivia les cuesta hacer.
Y es que la política del Gobierno en este tema no ha ido por el camino de la coherencia. El 23 de junio, el ministro de Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre, aseguró que no tenía sentido revivir el ATPDEA y la calificó de “medida frágil, con muchas vulnerabilidades”; dos días después, él mismo aclaró que el Gobierno está preocupado por ese acuerdo y aseguró que se han mantenido relaciones muy directas con Washington para impulsar la ampliación de la normativa.
En esos vaivenes también estuvo el presidente Morales, quien hace días le pidió a Obama rectificar la política de su antecesor, George W. Bush, pero ayer criticó al mandatario de EEUU.
Pero más allá de la consideración política, la suspensión del ATPDEA tendrá efectos negativos para miles de familias bolivianas. Grandes productores, pequeñas y medianas empresas se verán obligados a reducir su capacidad productiva, porque no tienen posibilidades de competir en el primer mercado del mundo. Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, las ventas bolivianas al país del norte significan el 0,02% de las importaciones estadounidenses. Otra manera de graficar, todos los productos nacionales que llegan a ese gran mercado significan cinco horas del consumo anual de los estadounidenses.
La decisión está tomada desde Washington. El Gobierno está en la libertad de reaccionar como quiera hacerlo ante EEUU, pero lo que no puede decir a los bolivianos perjudicados es que ése es el costo de la dignidad. Ahora, si esa es la posición, habrá que esperar que el Gobierno dé alimento, seguridad y certidumbre a las familias sin empleo. Y tiene la obligación moral de demostrar que los mercados alternativos sí funcionan, porque lo que realmente dignifica al ser humano es el trabajo, no la ideología.