En varias ocasiones ya hemos tocado el tema –vital para ciertos sectores productivos nacionales- de la promoción del comercio de la Comunidad Andina vinculado a los trabajos de erradicación de droga, más conocido como ATPDEA (“Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act”), por su acrónimo en idioma inglés. Este programa ATPDEA con los Estados Unidos fue negociado exitosamente por Bolivia durante la administración del Presidente Jaime Paz Zamora y luego sus beneficios fueron extendidos al resto de los países andinos. El país que lo inició ahora es castigado por segunda vez en poco menos de 7 meses. ¿La razón? El expansionismo de los cultivos de hojas de coca potencialmente destinados al narcotráfico, tal como ha sido documentado por organismos internacionales de reconocida objetividad. Recordemos que el ATPDEA tiene, en su raíz de origen, la condición de compensar eventuales pérdidas económicas producto de la erradicación al ofrecer ventajas para la venta de productos en el mercado norteamericano.
Las preferencias se renuevan cada seis meses luego de una “revisión” que se realiza en los Estados Unidos de las pautas de cada nación con respecto al narcotráfico. En el semestre anterior fueron revocadas para Bolivia a fines de noviembre de 2008 por el entonces presidente George W. Bush, quien ya culminaba su mandato. Por ser Bush la Némesis del presidente Evo Morales, se pensó que la decisión estaba teñida de ideología. Se confió en que con Barack Obama las cosas cambiarían. Eso no se produjo. La aún flamante administración Obama ha vuelto a excluir a Bolivia de las ventajas que ofrece el ATPDEA. Esto era previsible para todos, menos -según parece- para el Gobierno boliviano, que no sabemos a ciencia cierta en qué factores habrá confiado para ser tan optimista.
No hay erradicación, no hay ATPDEA, así de simple. Guste o no, el ATPDEA es una ventaja extendida unilateralmente por EE.UU. Obviamente, esa ventaja también puede ser retirada unilateralmente si desde el punto de vista de Washington no se cumple con los propósitos de erradicación de todo lo que pueda servir para hacer drogas.
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Estamos frente a un grave problema y no es tan fácil “buscar nuevos mercados”. Varias fábricas se están cerrando y la gente se está quedando sin trabajo. El bastión político de Evo Morales (El Alto) será el más perjudicado. Confeccionistas y artesanos alteños tenían con el mercado estadounidense ganancias y empleos. Todo está ahora en un principio de jaque mate.
Aquí no se trata de “dignidad” ni de frases hechas para fácil consumo. Quienes nos gobiernan, asumen la tal “dignidad” -de boca para afuera- con los sueldos que reciben mediante nuestros impuestos. Para el que se queda sin trabajo y no lleva comida a su casa, lo de “dignidad” -así tan difuso y dicho cómodamente desde el poder- no significa nada.
Tal vez se pensó ingenuamente que un indígena y un negro iban a congeniar automáticamente. Eso no necesariamente ha sido ni será así. Lo que olvida el presidente Morales es que en EE.UU. y en el mundo en general, de poco importa en estos momentos el color de la piel. Pese a su resonancia, poco importa asimismo la llamada “solidaridad de los pueblos”. Los actores del sistema internacional tienen intereses permanentes y son esos intereses los que prevalecen. Para EE.UU. su política antidrogas es una política de Estado inamovible, gobierne quien gobierne.
La dura realidad ahora golpea nuestras puertas. Se la vio venir y no se hizo caso. Esto se suma a un ya alarmante decrecimiento de la actividad económica nacional. Lamentable. Algo habrá que hacer perentoriamente.
Vueltas en círculo
Raspapinchete
‘Corrupción cero’ fue hace tres años y medio uno de los compromisos asumidos solemnemente por el Gobierno de Evo Morales para erradicar esa lacra que corroe desde sus cimientos el aparato estatal y las principales empresas e instituciones públicas que irremediablemente son tomadas, de gestión en gestión gubernamental, como botín de guerra cuya repartija no llega a satisfacer los insaciables apetitos de tanto recién llegado.‘Corrupción cero’ fue la premisa de entonces y, probablemente, lo sigue siendo en lo que va de este periodo de gobierno, aunque todavía no ha sido desenredado el ovillo de casos sonados como el de los 33 camiones llenos de contrabando descubiertos en Pando y cuyas salpicaduras alcanzaron a un influyente personaje del gabinete ministerial de Morales. O los escandalosos manejos comprobados en YPFB y que condujeron a la cárcel a uno de los entrañables ‘hermanos’ de lucha y riñón del propio Jefe de Estado.
Cuánto se ha avanzado en Bolivia en la lucha contra el auténtico flagelo de la corrupción es asunto por verse. En todo caso, es nada alentador un informe ‘anticorrupción y de buen gobierno’ que acaba de difundir el Banco Mundial y que ubica a nuestro país en una muy incómoda posición de rezago en relación con otras naciones del continente con mejor ponderación en ambos aspectos.
El informe del BM evalúa las prácticas de ‘buen gobierno’ en más de 200 países y su efectividad en el control de la corrupción. Bolivia está en el ‘lado opuesto’ de las naciones mejor calificadas por el Banco Mundial en cuanto a aquellas prácticas y al control anticorrupción.
Más preocupado por el manejo informativo del engorroso tema, el Gobierno del ‘Estado Plurinacional’ ha desvirtuado el informe resaltando los avances en la lucha contra la corrupción.
Aunque todo parece indicar que en materia de corrupción seguimos dando vueltas en círculo. Como antes, como ahora, como siempre.