La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el lunes por la noche con voto de confianza la interpelación al ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre la política carcelaria que encara el Ejecutivo en Bolivia.
En una extensa explicación a las 27 preguntas planteadas por la diputada opositora de Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, Romero aseguró que el Gobierno realiza “inversiones en infraestructura carcelaria que no se han asumido en los últimos años, además de iniciativas estatales que se han activado después de décadas”.
“Entre el 2006 a 2013 se ha hecho una inversión de Bs 19,4 millones solamente en infraestructura carcelaria, aseguró Romero.
Destacó que los proyectos más significativos fueron la construcción de recintos penitenciarios en Monteagudo, Uncía, Riberalta, San Borja, San Joaquín, entre otros, además de la ampliación del Centro Piloto para jóvenes Calahuma; el Centro de Oruro y de tres bloques en Palmasola.
“Además de la construcción del nuevo centro penitenciario de Montero, el nuevo centro penitenciario de Yacuiba y la ampliación de Morros Blancos en Tarija”, agregó.
Romero aseveró que las “únicas infraestructuras significativas” desde la décadas de los 80’s fueron Palmasola y Chonchocoro.
“Luego no se registran inversiones ni siquiera en términos de mantenimiento, actualmente estamos ejecutando siete proyectos en distintos sitios del país, aunque asumiendo la insuficiencia de los mismos’, fundamentó.
El Ministro de Gobierno señaló que alrededor de 36 millones de bolivianos anuales son destinados a Régimen Penitenciario. Detalló que el número de detenidos preventivos en el país es de 83,3% y el número de sentenciados el 17,7%, que significa que 8 de cada 10 personas recluidas en un penal son personas sin sentencia.
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“Con relación a otros países de la región indudablemente que el porcentaje es superior, hay que asumirlo de manera autocritica y objetiva, en otros países el número de detenidos preventivos en promedio en la región oscila entre 56 y 60%, es decir estamos por encima del promedio de la región, cuando en la región este es un problema estructural”, sustentó.
A su juicio, existen varios factores para explicar la retardación de justicia, entre ellos, los problemas estructurales en el sistema de justicia.
Precisó que en Bolivia existen 14.741 internos de los cuales 13.093 son varones y 1.678 mujeres, además la relación desagregada de la población carcelaria por departamentos refleja que 5.710 reos se encuentran en Santa Cruz; 3.070 en La Paz; 2.521 en Cochabamba; 858 en Tarija; 757 en Beni; 577 en Oruro; 549 en Potosí; 446 en Chuquisaca y 265 en Pando.
El Ministro de Gobierno afirmó que el hacinamiento en los centros penitenciarios es “bastante complejo y dramático”, tomando en cuenta que en La Paz la capacidad actual de las cárceles es de 1.248 internos, pero soporta una población de 2.888 reos; en Santa Cruz la capacidad es de 880 personas, sin embargo, en la actualidad son 5.585 internos; en Cochabamba la capacidad es de 1.606 pero habitan en las cáceles 2.445 internos.
En el caso de Beni 200 es la capacidad, pero son 768 los internos; en Pando la cabida es de 80 internos pero son 265 reos; en Tarija la capacidad es de 230 reos y actualmente son recluidos 720; en Chuquisaca el máximo es de 60 personas y el recinto soporta 402 reos y en Potosí la capacidad es de 150 personas pero están recluidos 358 internos.
Romero dijo que se registran 2.100 niños y niñas viviendo en centros penitenciarios.
Fuente: El Deber