La diputada de Creemos, María René Álvarez, mediante una carta, solicita al Comité Cívico Pro Santa Cruz que el cabildo de este 25 de enero apruebe interpelar a los operadores de justicia, ante el evidente sometimiento de magistrados, vocales, jueces y fiscales al poder político.
Fuente: Prensa Creemos
La nota dirigida al ente cívico cruceño, expresa que el núcleo de la persecución judicial contra la ciudadanía recae en los operadores de justicia que actúan bajo los lineamientos políticos del régimen de Luis Arce y el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Señores
Comité Pro Santa Cruz
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INTERPELACIÓN CIUDADANA A LOS OPERADORES DE JUSTICIA
El cabildo ciudadano de este miércoles 25 de enero se constituye en un hito histórico para la defensa de la libertad, la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Por ello es imperativo abordar el núcleo de la persecución contra los ciudadanos, que recae en los administradores de justicia como operadores políticos de la dictadura de Luis Arce y el MAS.
«Es necesario aprobar la INTERPELACIÓN CIUDADANA a estos operadores de justicia y advertirles que, de persistir en su obsecuencia hacia un partido político y no estar normados en el respeto irrestricto a la Ley, serán juzgados cuando Bolivia recupere el estado de derecho», expresa la diputada.
El martes, los operadores de justicia denegaron o fallaron en cuatro actuados legales, contra los perseguidos políticos del régimen de Arce.
La Sala Constitucional Primera de Chuquisaca denegó la Acción Popular que buscaba eliminar del ordenamiento jurídico nacional la Sentencia Constitucional 084/2017 de la re-reelección; en La Paz, dos juzgados fallaron contra la Acción de Protección a la Privacidad que presentó la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y luego se rechazó la apelación a los incidentes por la ilegal aprehensión de la primera autoridad cruceña; finalmente, un juez con denuncias de corrupción en El Alto, se declaró competente para enjuiciar a la expresidenta Jeanine Áñez por la vía ordinaria, dejando de lado un juicio de responsabilidades que corresponde por mandato de la Constitución Política del Estado.
