La serranía de San Simón es un mega-yacimiento de oro y piedras preciosas sólo comparable con la mina de plata de San Cristóbal en Potosí y el gran yacimiento de hierro en el Mutún. Aquí operó durante más de 17 años la trasnacional colombo-canadiense Eaglecrest, subsidiaria del Grupo Soros que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto. Eaglecrest realizó extensas perforaciones en el Cerro San Simón, en la provincia Iténez del Beni, y se dio modos para exportar los valiosos minerales evadiendo impuestos y regalías desde los tiempos de Sánchez de Lozada, mediante un turbio contrato de “exploración” ratificado por el actual Gobierno. La zona fue militarizada por Ademaf en octubre del 2010 y sin embargo nadie controló los negocios de esta trasnacional…
Wilson García Mérida
Las vetas descubiertas por Eaglecrest
En rigor de verdad, San Simón no es un cerro sino una serranía, es decir una pequeña cordillera o sistema montañoso donde las vetas de los complejos minerales se hallan en distintas estribaciones con concentrados de oro, manganeso y cuarzo. El oro se encuentra aluvionalmente, en manantiales que fluyen por las filtraciones del río Iténez, y en filones subterráneos con concentraciones de alta ley. Para cada caso se realizan perforaciones de pozos aluvionales y bocaminas.
Al iniciar su contrato de exploración en 1996, Eaglecrest había realizado prospecciones en diez áreas potencialmente factibles de explotación comercial, que se expandían sobre una superficie de 300 kilómetros cuadrados concedidos por el gobierno de Sánchez de Lozada dentro la franja de 50 kilómetros sobre la frontera con el Brasil.
Las diez concesiones exploradas fueron “Doña Ángela”, “Marco María”, “Las Rosas”, “Manganeso”, “Mina Vieja”, “Manantial”, “San Simón”, “San Francisco”, “Buriti” y “Paitití”.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Posteriormente, a partir del 2003, cinco áreas fueron descartadas y quedaron como vetas factibles las áreas de “Doña Amelia”, “Marco María”, “Doña Ángela”, “Buriti” y Paitití”, abarcando una superficie de 52,5 kilómetros cuadrados.
La mina “Doña Amelia” resultó ser la más pródiga, con filones de alta ley en el subsuelo y aluviones a flor de tierra. En esta área Eaglecrest instaló su campamento equipado con ingenios, laboratorios y una red de ferrovías conectadas con bocaminas y pozos aluvionales, activos que cuestan mucho más de los $us 5 millones por el que la mina fue vendida en enero pasado.
El pasado 2 de enero, la empresa canadiense Eaglecrest Explorations que cumplía desde 1996 un contrato de exploración en la serranía de San Simón, en el departamento amazónico del Beni —provincia Iténez— confirmó la venta de sus activos en Bolivia a la corporación Steinmar, la cual pagará a la filial colombiana de Eaglecrest (Colombia Crest Gold) $us 5 millones en diez cuotas anuales, precio abismalmente inferior a la inversión realizada por la empresa vendedora en más de 17 años de supuestos trabajos exploratorios.
La operación de venta de la mina de oro de San Simón tiene similitudes con las crisis que depreciaron ficticiamente los valores bursátiles de la mina de plata en el proyecto San Cristóbal de Potosí y del proyecto siderúrgico del Mutún en Santa Cruz.
Steinmar es una empresa especializada en la producción y exportación de joyas, conocida por ser la principal comercializadora mundial de “La Bolivianita”, una gema de aleaciones nativas. Posee actualmente una concesión de 2.000 hectáreas para la explotación de piedras preciosas en La Gaiba, provincia Ángel Sandoval de Santa Cruz.
La venta de las “pertenencias” de exploración aurífera de Eaglecrest a una empresa especializada en comerciar piedras preciosas, confirma que la serranía de San Simón no es solamente un prodigioso yacimiento que guarda reservas incalculables de oro y manganeso. Esta montaña —enclavada en el escudo amazónico del Precámbrico— también guarda en sus entrañas variedades de cuarzo como la amatista y el citrino, componentes de “La Bolivianita”, entre otros minerales cristalizados de alto valor comercial en el mercado de las joyas.
Negocios que no cuadran
“Hemos transformado el proyecto San Simón en un activo, es un hito importante; nuestro modelo de negocio consiste en la exploración y la monetización de los activos”, declaró en Canadá —donde se conoció la noticia del acuerdo con Steinmar— Hans Rasmussen, ejecutivo de la empresa exploradora.
Los activos de Eaglecrest en San Simón no son poca cosa. En los 17 años de su contrato de exploración, que acaba de rescindir unilateralmente, la compañía canadiense realizó más de 500 perforaciones hasta el 2012, abrió bocaminas con túneles por más de dos kilómetros de longitud en especial a lo largo de la veta “Doña Amelia”, además de infraestructura habitacional y administrativa.
Instaló laboratorios de lixiviación con tecnología digital para procesar 150 toneladas de roca al día, sistemas de transporte ferroviario que conectan los socavones con ingenios de concentración, y posee una sala computarizada con el paquete Geosoft para prospecciones geodésicas desde el satélite. Todo eso pasa a Steinmar por la bicoca de $us 5 millones pagaderos en 10 años.
Sólo en el 2002, Eaglecrest realizó una inversión de $us 15 millones para ampliar sus operaciones de exploración con nuevos estudios de geología, en el marco de un contrato por diez años firmado con el gobierno de Sánchez de Lozada en 1996. En el 2007 el contrato fue renovado por el gobierno de Evo Morales, en negociaciones llevadas a cabo por un equipo interministerial encabezado por el Ministro de la Presidencia.
Los primeros datos de Sol de Pando
En la edición de su blog del 25 de abril del 2012, Sol de Pando difundió los primeros datos de esta investigación iniciada en el año 2010. Se informaba entonces lo siguiente:
El área entregada por Sánchez de Lozada a Eaglecrest en San Simón abarcaba un total de 297 kilómetros cuadrados con diez concesiones. En esa superficie se han realizado alrededor de 500 perforaciones que abarcan 77.000 metros de vetas perforadas, hallándose en ese proceso, además de oro de alta ley, plata y manganeso, vetas de cuarzo (amatista y citrino) hasta de 16 metros de espesor.
Sólo en uno de sus depósitos, San Francisco, ya entrando a la parte brasileña, el cerro tiene una reserva probada de 1.600.000 onzas de oro con leyes que fluctúan entre los cinco y 20 gramos por tonelada. En la década de los noventa, se registró un flujo de 75.000 onzas de oro extraídas de este cerro.
En una de sus diez concesiones, Eaglecrest instaló una planta de concentración de oro con una capacidad nominal de 150 toneladas por día, y por procedimientos manuales produce 40 toneladas por día de oro semi-refinado.
Los concentrados son enviados a Santa Cruz y luego se exporta a México para la fundición de Peñoles.
La pregunta es: ¿por qué Eaglecrest explota y refina oro y lo exporta a México si su contrato es solo de exploración?
Palos blancos de Soros
Entre los inversores bolivianos que “heredan” los activos de Eaglecrest tras la operación de enero, existe al menos un empresario con antecedentes de narcotráfico y lavado de dinero, según datos confidenciales que dispone Sol de Pando.
Hay tres hechos que podrían explicar por qué Eaglecrest vendió las minas de San Simón —sin ser propietaria legal de ninguna concesión— a un precio inferior a su inversión en favor de un grupo de inversores bolivianos relacionados contractualmente desde mucho antes con la misma compañía colombo-canadiense. Veamos:
En octubre del 2003, Eaglecrest creó una “filial” boliviana asociándose como socio mayoritario, bajo las leyes del Canadá, con concesionarios bolivianos que explotan oro en las áreas exploradas por Eaglecrest. Ellos son —según registros en el Ministerio de Minería consultados por Sol de Pando—, Mariano Donoso Blanco que posee 250 hectáreas en cuatro concesiones y Elena Echeverría Heredia que es dueña de 13.925 hectáreas en 10 concesiones. Por su parte el representante legal de Eaglecrest Exploraciones Bolivia, el abogado Jorge Forges Valverde, posee 5.000 hectáreas en tres concesiones.
Habiendo constituido su “joint venture” boliviano en el Canadá, Eaglecrest obtuvo jugosas utilidades, al menos desde el 2003 y en años en que la cotización del oro mantuvo un prolongado auge; sin ningún control del Estado, sin pagar impuestos ni regalías. Incurrió incluso en contrabando. Hay un registro de exportación, entre los años 2005 y 2007, de 1.200 onzas de oro concentrado de alta ley enviadas a México para su refinación en la fundición de Peñoles, bajo el pretexto de realizar pruebas de laboratorio.
Las acciones de Eaglecrest Explorations —incluidas las de los socios de su “filial” boliviana— están colocadas en la Bolsa de Valores de Toronto conocida como TSX Venture Exange, que autorizó tanto el joint venture boliviano como la transferencia de activos a Steinmar. Se trata de un sindicato bursátil organizado mayoritariamente por compañías mineras, petroleras y financieras pertenecientes a la red empresarial “abierta” del grupo Soros. El multimillonario especulador bursátil George Soros, recordemos, postula la tesis de que la monetización del oro, en sustitución del dólar como patrón monetario, salvará al capitalismo de su inminente colapso. Bajo esa premisa, el inescrupuloso magnate bursátil se alió con gobiernos populistas en algunos países latinoamericanos, especialmente en Argentina, Bolivia y Ecuador, para desarrollar su astuta estrategia de acumulación capitalista bajo la tesis pragmática que denomina “The Open Society” (La Sociedad Abierta), que básicamente consiste en introducir “socios populares” en las estructuras empresariales (como sociedades con cooperativistas mineros en Bolivia).
Otra filial del grupo Soros que se encuentra en Bolivia para “monetizar” el oro, es la norteamericana Golden Eagle, de capitales mormones y con sede en Utah, que opera en una concesión de más de 150.000 hectáreas en Ascensión de Guarayos, Santa Cruz.
Restricciones de la proyectada Ley de Acceso a la Información se aplican de facto en tema del oro
El 18 de abril del 2012 la dirección de Sol de Pando solicitó al Ministro de la Presidencia información que dicha autoridad dispone, de manera casi exclusiva, sobre la administración de los yacimientos auríferos en el norte amazónico, incluyendo concesiones otorgadas en San Simón a favor de empresarios y cooperativistas.
El requerimiento informativo de nuestro medio surgió a raíz de denuncias formuladas por un representante indígena a propósito de concesiones que habría autorizado Quintana a favor de sus entornos personales y políticos, tras la realización, en octubre del 2010, de un “mega-operativo” anti-droga en la zona dirigido por el entonces director de Ademaf al mando de tropas militares, en una operación conjunta con la Fuerza anti-narcotráfico de la Policía.
Ha transcurrido más de un año de aquella solicitud displicentemente ignorada por el Ministro, quien, de facto, perfila la censura implícita en la proyectada Ley de Acceso a la Información que cierra toda posibilidad de conocer públicamente la realidad de negocios “estratégicos” como la explotación de oro en el territorio nacional.
El oro de la Amazonia como botín partidario
La serranía de San Simón, parte del ancestral territorio la extinguida etnia Guaragsug`we que habitaba en las riberas del río Iténez, fue ocupada desde el siglo XVIII por misioneros jesuitas y franciscanos que fueron sus primeros explotadores mineros. Durante el siglo XX estuvo prácticamente bajo control de garimpeiros brasileños que la ocupaban con sólo cruzar en canoas a la banda boliviana del río binacional.
El auge actual comenzó durante los gobiernos de Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada, durante la década de los 90, que consolidaron las primeras concesiones a grupos de cooperativistas mineros “relocalizados” a esa zona tras el cierre de las minas estañíferas de la Comibol en La Paz, Oruro y Potosí. En ese mismo periodo llegaron las primeras trasnacionales auríferas, además de la canadiense Eaglecrest, las norteamericanas Barrick Exploration y Golden Star, y la francesa Excalibur.
Las condiciones de ilegalidad y las formas corruptas que propició el neoliberalismo en la administración de este prodigioso yacimiento generaron permanentes tensiones entre los cooperativistas migrantes, las trasnacionales y los garimpeiros del Brasil.
Pero el conflicto principal que caracteriza a esta zona es de naturaleza política. El oro de la Amazonia boliviana es un botín político para cada gobierno de turno, en una disputa clientelar y electoral por mantener el control partidario de las concesiones.
Sánchez Berzaín en acción
En septiembre de 1995, el entonces Ministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín ordenó un despliegue de refuerzos policiales y militares en la zona debido a que garimpeiros brasileños —asociados con mineros informales bolivianos— exigían derechos adquiridos al haber pagado sobornos al alcalde del municipio de Baures, en cuya jurisdicción se hallan los yacimientos subterráneos de San Simón.
En una carta reveladora que envían al Ministro de Gobierno, los empresarios Erick y Armando Soria Galvarro, adjudicatarios legales de la concesión Bonanza, invadida por los ilegales, denunciaban que en la jornada del 11 de septiembre de aquel año “en horas de la tarde el puesto policial a cargo del capitán Emilio Patzi ha sido atacado por un grupo de filibusteros bolivianos y brasileños alcanzando aproximadamente 80 personas encabezados por el diputado suplente del MIR Belizario Castedo Jiménez”.
Los brasileños se negaban a abandonar el lado boliviano de la serranía, muchos de ellos habían ingresado con sus motores y molinos, pagando un diezmo al corregidor y al alcalde del municipio. “Yo pago al señor Villamor y al señor Camargo el 10% de mi producción y al señor Anacleto Guzmán Suárez el 5%, ya que mis maquinarias están a nombre de él”, declaró en dependencias policiales el garimpeiro Nilmo Pires dos Santos, uno de los varios brasileños “capturados” por los enviados de Sánchez Berzaín y que declaraban invariablemente lo mismo que Nilmo Pires. El capitán de puerto de la Fuerza Naval asentada en la playa de Puerto Villazón también fue acusado de realizar cobros similares a otros grupos de garimpeiros.
La situación se resolvió con un pacto político por el cual las autoridades miristas acusadas de extorsionar a los brasileños —y los mismos brasileños, coaccionados— pagarían un diezmo al MNR y harían campaña para el partido de Sánchez de Lozada en las elecciones que venían.
El turno de Quintana
Durante la primera semana de octubre del 2010, con gran despliegue mediático, el entonces director de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Fronteras (Ademaf), Juan Ramón Quintana, dirigió un “mega-operativo” militar y policial, militarizando los territorios auríferos del Iténez y la Chiquitanía.
“En un mega operativo ejecutado ayer sin precedentes, ejecutado ayer por 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, articulados por la Ademaf, el Estado sentó presencia en el 40% del territorio fronterizo y desmanteló más de 20 zonas de explotación ilegal del oro. Se aprehendió a 40 personas entre brasileños y bolivianos”, informaron los medios estatales el 7 de octubre del 2010.
El operativo contemplaba asimismo detectar y capturar a supuestos narcotraficantes lavando dólares en la actividad aurífera.
Ejerciendo de facto mando de tropa, Quintana dirigió aquellos operativos y coordinó estrechamente sus acciones de interdicción con el mayor de la Policía Fabricio Ormachea Aliaga, en ese momento Jefe de Operativos de la Felcn subordinando a los mandos militares. Como se sabe, Ormachea se encuentra actualmente preso en Miami por un caso de extorsión infraganti.
“Las Fuerzas Armadas han dado un salto cualitativo, han dado un giro estratégico fundamental, que no se había dado en el país en los últimos 50 años. Las Fuerzas Armadas, desde el día de hoy están dedicadas a preservar la autoridad del Estado, a garantizar el cumplimiento de la ley y a contribuir al ejercicio del dominio territorial del Estado”, discurseó Quintana ante los medios con la grandilocuencia que le caracteriza. Quince años atrás, Sánchez Berzaín decía exactamente lo mismo cuando mandó tropas al mismo cerro San Simón.
Sin embargo, aquel espectacular “mega-operativo” de Ademaf sólo tuvo efectos propagandísticos que permitieron justificar la militarización al mando de Quintana. La situación no ha cambiado sustancialmente en el Cerro San Simón y en todas las zonas auríferas del Iténez y la Chiquitania, donde la incursión brasileña no se ha revertido y tampoco fue erradicada la corrupción de los caciques locales que desde sus puestos de autoridades exaccionan y extorsionan invariablemente a los garimpeiros de la vecindad.
Pero además permanece sin respuesta la pregunta que Sol de Pando formuló en abril del 2012 al Ministro de la Presidencia: ¿Qué hizo Ademaf, después de la militarización, para controlar y fiscalizar a las trasnacionales asentadas en zona actualmente militarizada? ¿Qué control estatal se ejerció específicamente a la trasnacional Eaglecrest en el cerro San Simón?
Militarizar para extorsionar
El operativo militarizador de octubre del 2010 resultó ser un acto de extorsión política en gran escala; muy similar a la militarización de Pando en el 2008, tras la matanza de Porvenir, cuando las tradicionales élites dominantes debieron someterse al nuevo orden político-militar instaurado por Quintana, pactando lealtades mutuas en base a prebendas, y de paso aportar a las arcas partidarias que maneja el mismo Quintana sin ninguna fiscalización orgánica, para próxima campaña electoral.
Después de octubre del 2010, ya no son alcaldes o corregidores del MIR o del MNR quienes cobran diezmos a los garimpeiros extorsionados en el cerro San Simón. Ahora esos mismos alcaldes y corregidores —con la punta del fusil en sus espaldas y bajo amenazas de juicios por delitos cometidos en su pasado neoliberal—, son militantes acérrimos del “proceso de cambio” y le deben mil favores al todo poderoso Ministro de Evo Morales.
Los antiguos cooperativistas mineros y migrantes “interculturales” que llegaron al Iténez dentro los planes de asentamientos que promueve el Ministerio de la Presidencia, ocupan las comunidades de Remanso, Cafetal, Piquín y Piso Firme, en las faldas del cerro San Simón, alternando la minería con la agroforestería; y constituyen una masa electoral cautiva que aportará a la bolsa partidaria instaurada por Quintana el 10% del oro que produzcan en las mismas condiciones de informalidad y contaminación ambiental de siempre.
No es real el discurso gubernamental de un efectivo rescate soberano de la explotación de oro en la Amazonia boliviana, en un marco de respeto al medio ambiente y a los derechos de los pueblos indígenas que son dueños originarios de estos ricos territorios.
El 9 de abril del 2012, el presidente de la TCO (Tierras Comunitarias de Origen) Multiétnico II del departamento de Pando, Francisco Hilcha, denunció que el gobierno entregó concesiones mineras a empresas brasileras para explotar el oro de ese territorio indígena, sin previa consulta, acusando a Quintana de ser quien entregó esas concesiones “legalmente”.
“Las concesiones las entregó el compañero Ramón de la Quintana hace cinco años para sacar el oro con el ingreso de las balsas por el río Madre de Dios que contaminan el agua”, recordó entonces el dirigente indígena.
El conflicto limítrofe de Tiquín y Piso Firme
Aquel doble discurso y ausencia absoluta de transparencia en la gestión del Ministro favorito de Evo Morales para la política aurífera amazónica, a pesar de la militarización que se produjo hace tres años, atenta contra los intereses del Estado Plurinacional al haberse permitido que una trasnacional como Eaglecrest haya aplicado leyes canadienses dentro el territorio boliviano para evadir impuestos y seguir lucrando con el oro del cerro San Simón, a través de “palos blancos”.
Pero además el caso del Cerro San Simón es una bomba de tiempo que podría desatar una “ch’ampa guerra” (y acaso mayor militarización) en una zona minera pródiga que está en pleno límite interdepartamental.
Pocos días después de la militarización del Iténez por parte de Ademaf, el 20 de octubre del 2010 el alcalde de la comunidad de Tiquín, Saúl Mamani, denunció que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) había “partido en dos el cerro San Simón”, mediante el saneamiento de tierras en favor de habitantes de la jurisdicción de Santa Cruz que habrían obtenido dotaciones agrícolas en Tiquín, siendo que esta comunidad se considera parte del Beni.
Los pobladores de Tiquín se alarmaron cuando brigadas de la regional del Inra Santa Cruz fueron las encargadas de realizar el saneamiento en esta parte del Beni. La directora del Inra-Beni confirmó que por razones operativas (y de distancia) correspondió a una brigada del Inra Santa Cruz realizar el saneamiento en Tiquín, pero aclaró que el área de Tiquín “es beniana y está dentro de los límites del Beni”.
El conflicto abarca a la comunidad de Piso Firme, que evidentemente se encuentra dentro de la jurisdicción de Santa Cruz; aunque una porción de esa comunidad está dentro los límites del Beni. La Federación Provincial de San Ignacio de Velazco, apoyada políticamente por Quintana y a la que favoreció con trámites expeditos de saneamiento de latifundios, es considerada por los habitantes de Tiquín como “la avanzada cruceña” para apropiarse del cerro San Simón. Esta zona “cruceña” del cerro San Simón tiene las más altas concentraciones de manganeso.
Entre tanto el alcalde de Baures denunció que hace 8 años se venía denunciando el “avasallamiento de cruceños al territorio beniano”. Dirigentes cívicos del Beni se hicieron eco de las denuncias.
La Gobernación de Santa Cruz guardó un prudente silencio al respecto.
Sólo una política aurífera y de dotación de tierras clara y transparente, exenta de manipuleos políticos y electorales, evitará que la sangre llegue al río Iténez.
Sol de Pando