“Todo aquel que se convierta en un objetivo político del Gobierno, con toda seguridad, podría ser un elemento que estuviera siendo investigado, ya sea de manera física, mediante agentes, y por otro lado entrando a sus aparatos inteligentes como celulares o computadoras”, mencionó Santistevan.
Expresidentes y analistas ven que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, impulsa un “aparato de espionaje” similar al de Venezuela, luego de denunciarse el hallazgo de una “cámara espía” en la celda del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
Consideran que el ministro incurre en estos atropellos tras la promulgación de la Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana en 2021. En el artículo 11 de esa norma se ubica al Ministro de Gobierno a la cabeza del Mando Policial, por encima incluso del comandante general.
“Autoritarismo criminal de Venezuela grababa visitas conyugales de presos políticos. Abogado de Luis Fernando Camacho denuncia que este morboso abuso se repite hoy en Bolivia. Como gobierno rechaza investigar, la CIDH debe pronunciarse”, señaló el expresidente Jorge Tuto Quiroga.
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Quiroga difundió publicaciones de Venezuela y Bolivia para mostrar las grabaciones que se hacen en celdas de los presos políticos.
Ayer, Camacho y su esposa, a través de sus abogados, denunciaron el hallazgo de una cámara escondida en la celda del gobernador cruceño, quien está recluido en el penal de Chonchocoro por el caso golpe de Estado. Las instancias dependientes del Ministerio de Gobierno negaron ese extremo.
Sobre el tema, el expresidente Carlos Mesa también se pronunció y dijo que este tipo de espionajes son propias de las dictaduras y las organizaciones ilegales.
“Mi solidaridad con el Gobernador Luis F. Camacho y su esposa, y mi indignación por esta acción vergonzosa de espionaje, propia de dictaduras y organizaciones ilegales. Un nuevo ejemplo del envilecimiento político y el desprecio por los DDHH que muestra el gobierno y su partido”, escribió Mesa en sus redes sociales.
La expresidenta Jeanine Añez dijo que con el caso de la cámara espía se “ha descubierto una nueva forma de abuso y de tortura sofisticada contra los presos políticos: Violar su intimidad”.
“Ni se avergüenzan de espiar en Chonchocoro al gobernador Camacho secuestrado y a su esposa ¿Qué sigue? ¿Ponernos un chip al estilo Mengele o picana eléctrica?”, cuestionó.
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El analista y abogado Jorge Santistevan dijo que con este caso solo se demuestra que la violación de la privacidad ya lo están viviendo los bolivianos, porque no es la primera vez que ocurren estos casos de espionaje, donde se opera con elementos de inteligencia.
“Todo aquel que se convierta en un objetivo político del Gobierno, con toda seguridad, podría ser un elemento que estuviera siendo investigado, ya sea de manera física, mediante agentes, y por otro lado entrando a sus aparatos inteligentes como celulares o computadoras”, mencionó.
Dijo que con este caso de la cámara espía se devela el riesgo de la privacidad de los bolivianos, porque todos podrían ser espiados, pero no todos lo descubren.
El jurista recordó que durante las movilizaciones pasadas en La Paz y Santa Cruz se identificó a civiles infiltrados, quienes operaban de manera irregular a vista de la Policía y no se activó ningún mecanismo para frenarlos.
Acotó que esto ocurre con mayor frecuencia desde la implementación de la nueva Ley policial 1387, sumado a ello estás denuncias de espionaje, de la que debe hacerse responsable al ministro de Gobierno, porque él está al frente de la Policía.
“A partir de la reforma de la Ley de la Policía Boliviana, el ministro de Gobierno encabeza como máxima autoridad de la Policía Boliviana, él es el responsable, le siguen recién el comandante general”, explicó.
Para Santistevan estos casos de infiltrados y cámaras espías muestran que en el país se puso en práctica un “aparato de espionaje” para vulnerar derechos fundamentales. Coincidió que estás prácticas son similares a las registradas en Venezuela.
Desde el Colegio de Abogados de Santa Cruz también coincidieron que se usa el mismo método de espionaje de Venezuela y se preguntaron cómo el ministro de Gobierno obtiene fotografía de Camacho y su celda de primera mana, para luego publicarlas en sus redes sociales.
“Lo hemos visto públicamente cómo es que en los tweets del ministro Del Castillo saca las fotos, muestra una imagen de la celda donde estaría el privado de libertad Luis Fernando Camacho y en otro tweet a él lo saca (en una imagen) echado. Vemos como lo estaban controlando y sabe Dios qué imágenes más habrá”, señaló Félix Oros, vicepresidente del ente colegiado.
Por su parte, el analista y exfiscal Joadel Bravo puso énfasis en la norma que protege la privacidad y e indicó que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza este derecho a todos los ciudadanos bolivianos.
“Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice”, señala parte de ese artículo.
Explicó que la celda del gobernador, para todos los efectos legales, es su domicilio y aparejado a ello, la detención preventiva de un procesado sólo limita la libertad de locomoción y no así a la privacidad mínima que debe poseer un detenido.
Aclaró que la normativa vigente en materia penal tampoco prevé que las celdas puedan ser monitoreadas por ningún medio de telemática.
“Concluyentemente vemos que Régimen Penitenciario y la Policía han violado los citados derechos fundamentales del gobernador”, finalizó.