Marcelo Ostria Trigo
Hace 27 años apareció el libro “El otro Sendero” de Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia del Perú, que fue un éxito editorial sin precedentes. Se trata de un notable trabajo de investigación sobre los alcances, hasta entonces insospechados, de la informalidad en Perú, común a varios países de nuestra región, entre ellos Bolivia.Mario Vargas Llosa, en el prólogo de la obra, afirmaba que los actores en la economía informal generalmente son vistos como empresarios cuyos negocios no están registrados, que “no pagan impuestos y (que) no se rigen por las leyes, reglamentos y pactos vigentes”. Es más: se los considera “competidores desleales de las empresas y tiendas que operan en la legalidad. Esa manera –concluye Vargas Llosa– de encarar el asunto es errónea. Porque en países como Perú el problema no es la economía informal sino el Estado”.Ciertamente, se trata de algo que preocupa: Los Estados hipertrofiados, o Estados megalómanos a los que se refería Jean Francois Revel, ejercitan su poder omnímodo y en este campo hacen muy difícil a los pequeños empresarios adecuarse a la multitud de requisitos casi imposibles de cumplir y que, además, deben seguir recorridos burocráticos inútiles establecidos por los varios miles de leyes, decretos, resoluciones, reglamentos dispersos que se van dictando en el vano esfuerzo de controlar a estos sectores.“El otro Sendero –sigue Vargas Llosa– no idealiza la informalidad”. En efecto, de lo que se trata es hacer más expeditos los caminos hacia la formalidad, es decir, con leyes sensatas y reglamentos sencillos, creando sistemas transparentes de control fiscal, pues hay subyacente en los informales el deseo de acceder a la legalidad que se les niega, debido a los tortuosos caminos impuestos, que muchas veces solo apuntan a la alternativa del soborno.Según el Banco Mundial, la informalidad sigue presente, especialmente en América Latina. Un ranking de 2010 muestra a Bolivia con la mayor participación de la informalidad en su economía nacional: dos tercios opera fuera de las leyes; de esas leyes que hacen tan difícil ajustarse a las regulaciones y que, en efecto, conspiran contra un ordenado desempeño de las actividades económicas.La solución ideal: eliminar requisitos absurdos y complicados. Pero esto va a contramano con el pensamiento de quienes propician limitar la actividad privada, buscando consolidar un Estado nacionalizador y acaparador, que tantas veces cae en el autoritarismo político.El Deber – Santa Cruz