Al menos veinte funcionarios del Órgano Judicial de Bolivia , entre administrativos, jueces y vocales, fueron sentenciados en esta gestión por incumplimiento de deberes.
EL DIARIO y Agencias.- Al menos veinte funcionarios del Órgano Judicial, entre administrativos, jueces y vocales fueron sentenciados en esta gestión por cometer delitos como peculado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, prevaricato y otros en el ejercicio de sus funciones.
Entre esta veintena de sentenciados se encuentra el caso del juez de la Villa Primero de Mayo de Santa Cruz, José Ernesto Fernández, un ex fiscal y un oficial de diligencias, quienes recibieron cuatro, tres y dos años de presidio, respectivamente, por habérseles comprobado la comisión del delito de concusión, luego de haber solicitado la suma de 15.000 dólares a una mujer, a cambio de liberar a su esposo que se encontraba detenido preventivamente.
"Este es el tercer informe de seguimiento a los procesos penales que estamos enviando al Despacho de la Ministra Nardy Suxo, con resultados concretos y casos resueltos conforme a ley. Y queremos informar a la población boliviana que desde el Consejo de la Magistratura estamos trabajando para sancionar a los jueces, vocales o cualquier funcionario que muestre conductas poco trasparentes", señaló el Consejero de la Magistratura, Wilber Choque.
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En el noviembre de la gestión 2012, la Ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, entrego a la Presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, 47 denuncias con antecedentes, contra jueces, vocales y funcionarios jurisdiccionales, para el procesamiento de los mismos.
La Unidad de Asesoría Jurídica del Consejo de la Magistratura envió dos informes legales actualizados sobre el estado de los procesos penales. Actualmente, de las 47 denuncias que fueron remitidas a los representantes distritales del Consejo de la Magistratura para la acumulación de pruebas e indicios, se lograron llevar a juicio y obtener sentencia un total de 20 procesos. Un 15% de los mismos no procedieron por falta de pruebas, mientras que el resto continúan en etapa de juicio oral o, en su caso, en investigación.
Los sentenciados vienen cumpliendo su condena que va desde el presidio de 8 años con mil días de multa (entre la condena más dura impuesta por la justicia), hasta los seis meses de reclusión con multas de 100 días, según señala una nota de prensa.