La jueza Yañíquez autorizó trasladar los expedientes a Porvenir y luego retrocedió. Ayer, la Corte Superior de Pando aseguró tener competencia porque la magistrada se inhibió. El Ejecutivo pide considerar a víctimas.
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La Razón
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El traslado de los expedientes originales del caso Porvenir de La Paz a Porvenir (Pando) y su posterior solicitud de devolución desató ayer una batalla judicial por el control jurisdiccional del proceso entre los jueces de ambas regiones, además de las presiones de la defensa de ambas partes y del Poder Ejecutivo.
El presidente de la Corte Superior de Distrito de Pando, Antonio Fagalde, en declaraciones a radio Erbol, sostuvo ayer que “la competencia ha sido dilucidada por la Corte Superior de Distrito de Pando por su sala Penal; entones, al asumir competencias la jueza de Porvenir (María Romero), la doctora (Betty) Yañíquez, que es la jueza de La Paz, se inhibió del conocimiento, por eso ha remitido los expedientes. Consiguientemente, no existen conflictos de competencias”.
“Los obrados ya están en Porvenir y considero que la orden de traslado de los imputados ya está expedida, pero no sé si se ha cumplido con esa orden”, acotó.
En tanto que la jueza Betty Yañíquez ordenó (el 24 de abril) la remisión de los siete cuerpos del caso por determinación de la Corte Superior de Distrito de Pando a su colega, la jueza del Porvenir, María Romero, luego pidió (2 de julio) la devolución de las carpetas para subsanar una falla administrativa del secretario del juzgado, José Luis Quiroga, quien obtuvo permiso de la Corte de Distrito de La Paz para el viaje (27 de junio), pero no logró el visto bueno de la magistrada.
Para los abogados del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, Carlo Brito y Jhonny Castelú, una vez que las carpetas fueron llevadas a Porvenir, el caso ya está en esa jurisdicción. “La causa ya está radicada en Porvenir y esto incluye a todos los imputados, incluido Fernández (ex prefecto)”, afirmó Brito.
Mary Carrasco salió al paso y sostuvo que el verdadero trasfondo del caso “es liberar a Fernández” y aclaró que “no existe ningún conflicto de competencias”, sino que Romero tuvo problemas que no son judiciales al ser impedida por los pobladores de Pando en la devolución de los expedientes originales a La Paz.
Por otro lado, el director de Justicia del Ministerio de Justicia, Nelson Cox, afirmó que “el debido proceso no solamente dimensiona el escenario del imputado, el debido proceso dimensiona el escenario de las víctimas en los hechos de Pando, víctimas que también han sido de La Paz. Entonces, donde las víctimas elijan, yo creo que ese también es un elemento a ser considerado por el juez, no solamente el concepto de juez natural, donde ha sido originado el hecho”.
A su turno, el consejero de la Judicatura Rodolfo Mérida sostuvo que una opinión suya en el caso “podría originar un conflicto de competencias, en razón del territorio, pero eso tendrá que ser analizado en las instancias competentes” de la justicia.
Indagan hurto de expedientes
La fiscal Virginia Crespo, que investiga el supuesto robo de expedientes del caso Porvenir, convocó ayer a declarar a tres personas, incluida la jueza Betty Yañíquez. Las otras citadas son: el abogado del ex prefecto pandino Leopoldo Fernández, Jhonny Castelú, y la secretaria del juzgado, Paola Ramos. A esta última se la busca. Crespo anunció que también se convocará a otras personas que estuvieron presentes el día del traslado de los expedientes.
Por otro lado, Quiroga, que es abogado, informó que “está claro, el caso ya está radicado en Pando”, y negó que hubiera tenido algún interés personal en llevar la documentación a Porvenir, tan sólo se limitó a cumplir con una orden firmada por Yañíquez.
Quiroga admitió que pudo haber cometido una falta administrativa, pero insistió en que contaba con la autorización de Yañíquez y que ella le pidió, primero, que acuda a la Corte Superior de Distrito de La Paz, para obtener el permiso, luego le daría la orden del viaje. “Pero aunque no lo hubiera hecho, igual basta la firma de la jueza”, subrayó.