La fiscalía liberó de toda culpa al principal sospechoso, el exministro de Gobierno Sacha Llorenti, hoy embajador ante la ONU, y tras dos años de la violenta intervención policial a la VIII Marcha Indígena, en Chaparina (Beni), las investigaciones judiciales de este caso no avanzan. Victimas recuerdan con dolor “masacre” del 25 de septiembre.
Fiscalía demora inclusión de Sacha en caso Chaparina
La defensa observa una estrategia dilatoria.
El actual fiscal de Distrito liberó de toda culpa al principal sospechoso, el exministro de Gobierno Sacha Llorenti. La resolución fue objetada y hace un año que nadie se pronuncia.
PÁGINA SIETE, La Paz, Bolivia
Nueva York. El presidente Morales ofreció ayer una conferencia de prensa sobre los logros de su gobierno, al lado del cuestionado embajador Sacha Llorenti (der) Foto EFE.
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El 30 de julio de 2012, la comisión de fiscales, conformada por José Ponce y Patricia Santos, emitió la resolución por la cual excluye de la investigación al principal sospechoso de violación a los derechos humanos de los indígenas, el exministro de Gobierno Sacha Llorenti.
Trece días después, esa decisión fiscal fue objetada y a la fecha la Fiscalía del Distrito perdió de vista la impugnación que exige la inclusión del hoy embajador de Bolivia ante la ONU.
Tras el sobreseimiento, Ponce fue designado fiscal de Distrito el 12 de noviembre de 2012, lo que impidió que él pueda pronunciarse sobre la objeción presentada por la abogada Aida Camacho. Con el argumento de que no puede ser "juez y parte”, por procedimiento interno, sortearon a un fiscal alterno y el caso fue a parar a manos de la fiscal Rosario Venegas, asignada a la Aduana Nacional de Bolivia, según informaron a Página Siete cuando acudió al despacho del fiscal Ponce.
Venegas, contactada telefónicamente por este matutino, manifestó: "No me entregaron el cuaderno de investigaciones, no me hicieron conocer nada y no sé en qué momento me darán la documentación”.
Esa afirmación contradice a la información del despacho del fiscal del Distrito que evita pronunciarse sobre el pedido de la parte acusadora en contra de Llorenti, que asumió el cargo de embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 22 días después de haber sido beneficiado por la resolución de los fiscales.
El abogado de las víctimas de la represión, el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, observa la posición de los fiscales como una estrategia dilatoria, maniobrada desde el Gobierno, porque si el Ministerio Público incluye a Llorenti en el caso Chaparina, los fiscales asignados tendrían problemas políticos.
"Si lo excluyen, aumentarán los problemas con el pueblo y los indígenas, por eso nadie quiere agarrar esta papa caliente”, declaró Albarracín a Página Siete, a tiempo de atribuir a los fiscales una actitud cómplice con la impunidad por violación a los derechos humanos en la represión policial a la VIII marcha del TIPNIS del 25 de septiembre de 2011 en Chaparina, Beni.
Un informe reservado firmado por el general de la Policía Edwin Foronda y difundido el 14 de agosto de 2013 por el MSM señala que "la orden de intervenir la marcha la dio la exministro Sacha Llorenti el 24 de septiembre de 2011”.
Días antes, el exdirector de Régimen Interior de la gestión del exministro Llorenti, Boris Villegas, quien se encuentra recluido en el penal de Palmasola por otro caso, declaró ante la comisión de fiscales que la orden de intervención fue verbal porque "nunca daba instrucciones escritas, con el fin de eludir responsabilidades futuras… Farfán fue quien transmitió la orden de Llorenti a la plana mayor de policías”.
Fiscalía General es la última instancia
La Fiscalía General del Estado es la última autoridad jerárquica que deberá resolver la objeción a la resolución que saca de la investigación al exministro de Gobierno Sacha Llorenti, del caso Chaparina, informó la fiscal asignada al caso, Patricia Santos.
"Tenemos que remitirnos a la Ley Orgánica del Ministerio Público, como al procedimiento penal, el señor fiscal general es la última instancia que debe resolver esta situación”, manifestó la fiscal Santos al advertir que la comisión de oficio no incluirá a Llorenti en las investigaciones de la represión a los indígenas.
La comisión de fiscales, conformada por Patricia Santos y José Ponce, resolvió excluir a Llorenti del caso Chaparina. Esa decisión fue objetada por los indígenas que marchaban en defensa del TIPNIS y fueron reprimidos violentamente por la Policía el 25 de septiembre de 2011.
Santos aseveró que la comisión de fiscales "en su momento ya emitió un criterio, en consecuencia en este momento ya no es competencia de la comisión de fiscales” si se incorpora o no a Llorenti.
Según la fiscal, son tres las personas imputadas formalmente y solicitaron al Ministerio Público medidas cautelares contra Marcos Farfán, por los delitos de vejamenes y torturas.
Mientras el dirigente campesino Rafael Quispe aseveró que "el responsable número uno es Sacha Llorenti, no lo digo yo, sino lo dicen las declaraciones de Boris Villegas, quien era parte del ministerio”.
En descargo, el exministro de Gobierno Sacha Llorenti, el 25 de noviembre de 2011 afirmó, en conferencia de prensa, que la represión de Chaparina fue porque se rompió la cadena de mando.
Tras dos años, no avanzan las pesquisas del caso Chaparina
TIPNIS. Fiscalía afirma que se trabaja en el proceso. Las víctimas piden a la diputada Delgado que fiscalice.
La Razón / La Paz
Tras dos años de la violenta intervención policial a la VIII Marcha Indígena, en Chaparina (Beni), las investigaciones judiciales de este caso no avanzan, señalaron los diputados Rebeca Delgado y Ever Moya (MAS) y el exdirigente indígena Rafael Quispe.
Moya, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, lamentó la tardanza en la pesquisa del caso. Quispe sostuvo que el proceso se halla estancado con el objetivo de dar impunidad. Por esa situación, los indígenas reprimidos pusieron en manos de la diputada Delgado la fiscalización sobre la investigación judicial que se lleva adelante.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, también lamentó que haya retardación en la justicia, no solamente en este caso, sino en varios otros. No obstante, el fiscal general, Ramiro Guerrero, aseguró que el proceso de investigación está en curso, a pesar de la complejidad del caso por el número de actores que incluye.
El 25 de septiembre de 2011, la Policía intervino la VIII Marcha Indígena que se trasladaba de Trinidad a La Paz. Con esa movilización, los originarios se oponían a la apertura de una vía por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“El Ministerio Público debería responder por qué se da la retardación de justicia a dos años. Hemos pedido un informe, sobre el caso Chaparina, como Comisión de Derechos Humanos y hasta la fecha no tenemos una respuesta. Aún esperamos y en función a eso vamos a analizar si corresponde una conminatoria”, dijo Moya.
Quispe cuestionó la tardanza en la investigación y, en su criterio, esta situación tiene el objetivo de dejar impunes a los responsables que eran exautoridades del actual Gobierno.
Ante los pocos resultados en la investigación, las denunciantes pidieron que Delgado fiscalice el caso, ya que aún no se halló a los responsables de dar la orden de intervención a la marcha. Tras el pedido, la diputada exigió a la Fiscalía entregar en 48 horas el cuaderno de investigaciones.
Delgado también anunció que prepara una solicitud de informe oral ante la Asamblea Legislativa del Fiscal General, para que responda por qué aún no se identificó a los responsables de la represión a la marcha indígena.
“He pedido un informe sobre el caso para ver cuál es el avance que tiene que de por sí es una situación compleja por la cantidad de personas y declaraciones que hay que tomar, además de los tipos de delitos”, indicó Guerrero que llegó a la ciudad de La Paz.
El Fiscal General agregó que instruyó desde su despacho dar celeridad en el caso, además de que se realice una evaluación o auditoría jurídica para ver las actuaciones y confirmar si son los fiscales quienes retrasan los casos, pese a que en muchos procesos los abogados promueven esa labor.
El fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, confirmó que las investigaciones continúan y que una muestra de ello es que los fiscales viajaron a Santa Cruz de la Sierra para tomar declaraciones a tres exfuncionarios del Ministerio de Gobierno detenidos en la cárcel de Palmasola. Añadió que existe la dificultad en el proceso con las notificaciones a las más de 100 víctimas.
Patricia Santos, fiscal asignada al caso, explicó que el proceso está en etapa preparatoria, toda vez que se han formalizado las imputaciones respectivas. Añadió que hay solicitudes pendientes de aplicación de medidas cautelares y hasta la fecha no se ha señalado fecha y hora para la audiencia para considerar esos pedidos.
Piden nuevo proceso
Cautelar
La fiscal asignada al caso Chaparina, Patricia Santos, confirmó que dentro del proceso de investigación se pide la aplicación de medidas cautelares para el general Modesto Palacios y el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán, quienes estarían acusados por los delitos de vejación y torturas, entre otros.
Anuncian marchas en La Paz y Beni
Rafael Quispe, exdirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), anunció que hoy se realizarán diferentes movilizaciones para recordar los dos años de la represión policial a la VIII Marcha Indígena y protestar por el lento avance del caso Chaparina.
Quispe informó que después de dos años de la represión del 25 de septiembre de 2011, una movilización empezará a las 09.30, en el hotel Torino, donde se dará un informe del proceso judicial.
Luego, a las 10.00, se dirigirán a las puertas de la Fiscalía de La Paz, donde se concentrarán para exigir celeridad en el proceso. Después marcharán rumbo a los predios de Naciones Unidas de la sede de gobierno, donde exigirán la expulsión del embajador boliviano ante la ONU y exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a quien —según Quispe— responsabilizan de la represión policial en Chaparina.
Desagravio. Entretanto, dirigentes indígenas del TIPNIS realizarán un acto de desagravio en la localidad de Chaparina (Beni), donde fueron reprimidos en 2011. A ese acto confirmó su presencia el gobernador del Beni, Carmelo Lenz, quien cuestionó la retardación de justicia y la parcialidad que existe de algunos fiscales, ya que en otros casos actúan de forma rápida y en otros, como éste, no hacen el trabajo, reportó la red televisiva Gigavisión.
Según la agencia de noticias ANF, los indígenas del TIPNIS desarrollaron un acto en San Borja el lunes y mañana tienen prevista otra reunión en la localidad de Rurrenabaque, ambas poblaciones benianas que jugaron un papel protagónico para defender a la columna de la VIII Marcha Indígena.
Flores afirma que son ‘doblemente víctimas’
Las víctimas de la represión policial a la VIII Marcha Indígena acusan al Ministerio Público de volverlos “doblemente víctimas” por la negación de justicia en este caso, además de impedirles el acceso al cuaderno de investigaciones.
“Todo el horror que hemos vivido el 25 de septiembre de 2011 nos puso de víctimas, pero ahora somos doblemente víctimas del Poder Judicial, específicamente del Ministerio Público, que en este tiempo hizo una sistemática denegación de justicia”, reclamó la activista de Derechos Humanos Olga Flores, quien fue agredida en la intervención policial. También lamentó que la Fiscalía no les deje obtener el cuaderno de investigaciones.
Flores criticó que la comisión de fiscales decidiera retirar del proceso al exministro de Gobierno Sacha Llorenti. Dijo que esa resolución volverá a ser cuestionada para que se lo vuelva a incluir en el proceso.
En respuesta a la queja de Flores, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró a los periodistas que quien tiene la última palabra y es quien decide si se vuelve a incluir en el caso al exministro Llorenti debe ser la fiscal en Suplencia Legal, Rosario Venegas.
Indígenas exigen fiscalizar al Ministerio Público por la retardación de justicia
Chaparina cumple dos años sin identificar responsables. Autoridades argumentan sobrecarga procesal y MAS ve politización del caso.
EL DIARIO
CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL CASO TIPNIS, CONVOCADA EN EL SALÓN ROJO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON RAFAEL QUISPE, FÉLIX BECERRA, MATILDE NOZA, EL ABOGADO EDUARDO PONCE Y LA DIPUTADA REBECA DELGADO.
Las víctimas indígenas de la represión de Chaparina solicitaron ayer a la diputada “librepensante”, Rebeca Delgado, iniciar una fiscalización al Ministerio Público y la Petición de Informe Oral al fiscal general de Estado, Ramiro Guerrero, por la retardación del sistema judicial, a dos años de la represión a la octava marcha del Tipnis. La legisladora anunció que escuchará el pedido, en un hecho que a su juicio vulneró los derechos indígenas. El oficialismo calificó el caso como político.
Hoy se cumplen dos años tras la violenta represión policial a la octava marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en la región beniana de Chaparina, cuando efectivos policiales arremetieron contra mujeres y niños apresándoles durante horas. Los indígenas se dirigían a la Sede de Gobierno en rechazó de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
En ese marco, las victimas pidieron al Legislativo, mediante la diputada Delgado, fiscalizar las investigaciones del caso que fue dilatándose durante estos dos años, pese a que presentaron denuncias internacionales ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Interamericana de Derechos Humanos el Órgano Judicial, “se abstuvo del hecho”, en primera instancia excluyendo a uno de los principales sindicados, Sacha Llorenti, quien fue ministro de Gobierno en 2011.
“Estamos pidiendo que la diputada Delgado pida una Petición de Informe Oral al Fiscal General porque hay retardación de justicia, son dos años, hay vulneración de derechos y es por eso que el Fiscal General trasparente y públicamente informe por qué en dos años no existe una imputación formal y no se resuelva la objeción presentada sobre la expulsión de Sacha Llorenti”, señaló el representante indígena, Rafael Quispe.
A su turno, Eduardo Ponce, abogado de Rafael Quispe, sobre el caso Chaparina, desafió al Fiscal General del Estado y al Fiscal Departamental, demostrar públicamente sus declaraciones de que no existiría retardación de justicia.
Denunció que el Ministerio Público no cumplió con el Código de Procedimiento Penal en su artículo 307, donde establece 10 días de plazo para emitir resoluciones, sobre la objeción que presentaron los indígenas ante la exclusión del caso a Llorenti que desde diciembre el ente judicial no emitió su respuesta.
“Al margen de ello se presentó muchos memoriales ante el Ministerio Público solicitándosele actos de investigación, de un elemento muy doméstico y sencillo la polución de fotocopias correspondiente al cuaderno de investigaciones, pero que fue negado dar a las víctimas”, señaló.
Por su parte, la diputada Delgado dio a conocer que en el transcurso de esta semana se trabajará para exigir el informe oral incluyendo al fiscal departamental de La Paz, Ángel Ponce.
“Hemos decidido trabajar esta petición de informe en estricto cumplimiento del mandato constitucional para los diputados que por supuesto está en el Reglamento General de Debates (…). Lo que estamos viendo es que en todos los casos y especialmente cuando se trata de los derechos humanos no puede haber color político y debemos denunciar toda manipulación política que implique la impunidad y el caso esta clarísimo que hubo vulneración de derechos humanos”, señaló.
Por otro lado, el diputado oficialista, Galo Silvestre Bonifaz, mencionó que el caso es manejado por los indígenas opositores al Gobierno con fines políticos. “Es un tema que está siendo manejado políticamente, además de los partidos políticos, como el Movimiento Sin Miedo (MSM). Los indígenas más bien deberían poner un alto a la denuncia que hace el MSM”, dijo.
Victimas recuerdan con dolor “masacre” del 25 de septiembre
EL DIARIO.- Era un domingo 25 de septiembre de 2011, cuando un contingente policial fuertemente armado arremetió contra el campamento indígena en Chaparina, justamente cuando los marchistas entre hombres, niños, mujeres y ancianos se disponían a cenar. “Fui brutalmente golpeada, gasificada y apresada”, relata Matilde Noza, una de las víctimas.
Los uniformados cercaron a los centenares de marchistas que se dirigían a la Sede de Gobierno en rechazo de la construcción de la carretera villa Tunari – San Ignacio de Moxos por medio de la región natural y dispersaron gas lacrimógeno. “De repente llegaron y violentamente vinieron contra todos nosotros como si fuéramos delincuentes”, expresó Noza.
“Nos agarraron como animales, nos amararon las manos, nos apresaron y nos votaban al piso golpeándonos, habían muchos vehículos que nos querían llevar en ellos, pero lo peor de eso fue que los niños tuvieron el mismo trato, los agarraron y los separaron de sus padres sin importar los gritos y el espanto de esos niños y bebés”, recordó la indígena.
Olga Flores, otra de las víctimas, recordó que como activista de los Derechos Humanos, participó de la marcha indígena. “A mí también me apresaron, y vi cómo los policías detuvieron a los médicos que llegaron para atender a los que estaban delicados de salud, cómo detuvieron a los niños que fueron llevados lejos de sus padres, acaso eso no es un delito contra los principios humanitarios. Todo aquel horror que hemos vivido el 2011, nos ha puesto de víctimas, pero ahora somos doblemente victimas del Poder Judicial”, expresó.
Hoy, en la Plaza Mayor de San Francisco, los indígenas que llegaron a La Paz realizarán un acto de desagravio como sucederá en San Borja y Chaparina en Beni.