El ‘código del silencio’ que se impuso en el lugar traba la investigación. Los ejecutados no tuvieron autopsia de ley. La Fiscalía asume investigación de oficio.
Entierran linchados y ven rebasada Policía chapareña
LOS EJECUTADOS NO TUVIERON AUTOPSIA DE LEY. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, lamentó el doble crimen y admitió que los controles fueron excedidos. Los policías de Chapare denuncian ataques y claman por refuerzos.
Una auxiliar de salud de Entre Ríos cubre los cuerpos, horas antes de su entierro legal.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
EL DEBER, Bolivia
La historia de las dos ejecuciones de Entre Ríos aún no se cierra. Ayer, a las 9:20, la Alcaldía y la Policía cantonal de ese pueblo del trópico de Cochabamba, rodeadas de decenas de curiosos, sepultaron a los dos hombres que fueron linchados acusados de intentar robar una moto. Nadie lloró a los ejecutados, nadie los reclamó, no se identificó los cuerpos tampoco tuvieron la autopsia de ley. Así lo aseguran el intendente municipal de Entre Ríos, Julio Belmonte, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Ivirgarzama, Pedro Núñez.
El crimen, que según la Policía de Chapare ocurrió a 9 km y en simultáneo a un acto público dirigido por el vicepresidente Álvaro García Linera, ha provocado la reacción de policías de bajo rango que dijeron que son víctimas de amenazas y ataques de sindicatos de campesinos y transportistas, en un momento en el que, según ellos, sienten que el narcotráfico respira en sus nucas y las autoridades políticas desvían la mirada.
“Ya di declaraciones”, respondió ayer en Santa Cruz el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, consultado por los linchamientos y por las quejas de los policías chapareños. “Esos temas, al viceministro de Régimen Interior”, contestó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Humberto Echalar. Quien sí tocó el tema fue el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que dijo que el hecho es desconcertante “porque eran delincuentes que fueron descubiertos in fraganti, pero la población rebasó los controles (policiales)”. Nuñez evitó hablar del miedo y las quejas de la tropa policial.
La inhumación
“Supongo que se podrá hacer una necropsia de ser necesario”, comentó el intendente de Entre Ríos al confirmar el entierro de los muertos sin nombre. Belmonte explica que la inhumación de los cuerpos fue una decisión conjunta entre el municipio y la Policía, ya que los cuerpos empezaban a descomponerse, calcinados, expuestos al aire sobre dos mesones.
Núñez confirma y dice que no hay novedades en la investigación, que no se sabe si los que ejecutaron a los supuestos ladrones eran gente del sindicato de mototaxis del lugar. Nadie dice nada, nadie vio nada, nadie oyó nada. Los ejecutados, de quienes no se conoce si vivían en Entre Ríos, fueron depositados en una fosa común cedida por la municipalidad en el cementerio general. “Ojalá tengamos suerte”, dijo el comandante, porque la sangre llegó al río Ichoa y nadie reclamó por ella
Las autoridades deberían estar muy preocupadas
Godofredo Reinicke | EXDEFENSOR DEL PUEBLO EN CHAPARE
Hay que partir de la base de que el linchamiento es una ejecución realizada en masa, de manera ilegal y extrajudicial. Se actúa en masa y donde se actúa en masa nadie tiene la culpa. La ausencia del Estado o la presencia mínima con pocos recursos favorece ampliamente las condiciones para este delito.
La violación de los derechos humanos proviene de acciones del Estado contra la ciudadanía, aquí lo que se ha cometido es una falta grave de ciudadanos contra ciudadanos, vulnerando el Estado de derecho y se constituye en delitos penales que deben ser oportunamente corregidos por el Estado.
El hecho de que entre 2005 y el presente se hubiesen acumulado 18 casos de ejecuciones extrajudiciales por turbas en una misma región debe provocar una reacción de las autoridades del ramo, con acciones visibles, concretas, que reconduzcan a esa región al Estado de derecho. Son demasiadas muertes y las autoridades deberían estar muy preocupadas.
Sobre el análisis que busca explicaciones en el hecho de que esa región es base política del Gobierno, mi opinión es que no se debe mezclar política partidista con las obligaciones de asistencia del Estado, en un lugar como Chapare, donde hace falta presencia del Estado con policías y fiscales capaces de actuar en relación a los indicadores de la zona
La Fiscalía instruye dar con autores
Asume investigación de oficio. El ‘código del silencio’ que se impuso en el lugar traba la investigación.
El centro de salud de Entre Ríos, donde depositaron los cuerpos.
EL DEBER
Preocupado por el sexto linchamiento en la zona en lo que va del año, el fiscal de distrito de Cochabamba, Freddy Torrico, informó de que el Ministerio Público hará todos los esfuerzos para que este nuevo caso de asesinato no quede en la impunidad. “Cuando se trata de un caso de esta naturaleza, lo que hace la Fiscalía es asumir de oficio la investigación a fin de establecer los hechos, para dar con los autores e inmediatos. Ayer se ha instruido al fiscal de Ivirgarzama que se constituya en el lugar de los hechos para verificar y recabar elementos del linchamiento para dar con los autores”, explicó el jurista.
Torrico lamentó que factores como el explosivo crecimiento poblacional, la enorme extensión geográfica y la presencia de elementos relacionados al narcotráfico impidan a las instancias encargadas de la pesquisa del caso desarrollar un buen trabajo.
El fiscal puso de ejemplo lo que sucede solo en la población de Ivirgarzama, donde moran 70.000 habitantes pero solo hay siete agentes policiales. “Todo el trópico cochabambino es un escenario de enorme conflictividad. Entre Ríos, Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Bulo Bulo… todos suman más de 500.000 habitantes y eso genera comportamientos delincuenciales que están fuera de control”, explicó el fiscal cochabambino, que también fungió como defensor del pueblo en esta zona.
Auxiliar es destinado
Para agilizar la investigación del caso, la próxima semana llegará a Entre Ríos un auxiliar fiscal, que instalará su oficina en este municipio. Hasta la fecha, el fiscal con asiento en Ivirgarzama es el encargado de todos los casos de la zona.
“Sabemos que hay presencia insuficiente de la Policía y del Ministerio Público en el lugar, pero este es el momento de que se produzca una profunda reflexión y agenda de trabajo entre las instituciones involucradas para que no se repitan estos hechos”, manifestó Torrico.
Por su lado, el exdefensor del pueblo Waldo Albarracín criticó la ausencia de seguridad ciudadana en la región tropical cochabambina y la exposición de sus habitantes a las acciones delincuenciales, pero alegó que nadie tiene derecho a hacer justicia por mano propia.
“Lo que se ha practicado no es ningún acto de justicia comunitaria, sino un linchamiento, o en términos más exactos un asesinato. Por tanto, corresponde al Ministerio Público levantar la investigación correspondiente para dar con los autores intelectuales y materiales del crimen para que esto no vuelva a repetirse”, manifestó el activista por los derechos humanos
Sobre los hechos
Fiscalía se refuerza
Desde el lunes, 10 nuevos fiscales, 19 auxiliares legales, dos forenses, tres administrativos, un forense balístico, un sicólogo forense y una trabajadora social reforzarán el trabajo de la Fiscalía de Distrito de Cochabamba.
No hay procesados
Tras cuatro linchamientos registrados en la zona en lo que va del año (antes de este último caso) no hay investigados, procesados y menos detenidos. Familiares de algunas víctimas afirman que han dado nombres de posibles autores, pero las autoridades no hacen nada.
No puede ganar la impunidad
Rolando Fernández | EXCOMANDANTE DE LA POLICÍA
Estos casos de justicia por mano propia, de alguna manera, son una degeneración de lo que en algunas poblaciones llaman justicia comunitaria, aunque en realidad, legal y normativamente, se trata de simples asesinatos.
No deja de ser un reflejo de lo que significa la justicia en nuestro país y su falta de credibilidad, por un lado, y el fracaso de los organismos encargados de la investigación, por otro, porque no tienen la capacidad de esclarecer estos hechos y que sus autores sean objeto de una sanción como corresponde.
Este sentimiento de impunidad hace que estas hordas criminales continúen asesinando personas que es posible que hayan cometido delitos o hubieran tratado de cometerlos, pero eso no significa que sus victimarios tengan la facultad de juzgarlos y sentenciarlos.
Estos grupos son solidarios en sus fechorías. Nadie delata a nadie, de eso no hay la menor duda, pero entonces debe entrar la prolijidad investigativa de la Policía y de los fiscales. Se debe buscar informantes, datos, indicios, hasta dar con los cabecillas o instigadores. La Policía tiene mecanismos de investigación. Recuerden el caso del alcalde de Ayo Ayo, que fue cruelmente torturado y quemado por una turba, pero la Policía logró esclarecer el caso e identificar a los autores del hecho, se los mandó a la justicia y ahora están purgando penas en la cárcel.
Lo que se nota es algo de desinterés de parte de la Policía y de la Fiscalía. Desinterés y temor. Si no se logra identificar a los autores de estas muertes y que se produzcan sanciones esta situación se repetirá y luego no habrá manera de frenar este tipo de delitos. ¿Dónde está la presencia del Estado para imponer orden y autoridad?
El estado de los cuerpos hizo innecesario un estudio forense
El uso de fuego es la forma más utilizada en los linchamientos en la región chapareña.
El estado de los restos humanos rescatados de la localidad El Volcán, en el municipio cochabambino de Entre Ríos, hizo innecesaria la realización de la autopsia prevista por ley en casos de asesinato.
El médico forense Pedro Sejas, responsable de practicar este tipo de estudios en la Felcc de Ivirgarzama, informó a EL DEBER de que los cuerpos estaban con todas sus cavidades abiertas por acción del fuego. Además de ello, las causas de ambas muertes están claramente establecidas: los dos desconocidos, que hasta ahora esperan por un familiar que los identifique y los reclame, fueron quemados vivos.
Ayer, el fiscal Marco Vidal debió iniciar la investigación en El Volcán, para recabar datos y citar a testigos que puedan arrojar luces sobre la autoría del doble linchamiento. Este diario intentó contactarlo en varias oportunidades, pero los teléfonos de la autoridad estuvieron sin señal hasta el cierre de edición.
Método recurrido
Según archivos y notas de prensa, de 18 linchamientos registrados en la región del trópico cochabambino en los últimos cinco años al menos 12 fueron realizados quemando en vida a las víctimas, después de torturarlas a punta de golpes de pies y manos, o con piedras y palos.