Crisis en Bolivia. Capacitación de jueces e independencia del Poder Judicial y politización son algunos elementos para disminuir la lentitud procesal. Juristas consideran de que la administración de justicia no mejorará con el aumento de funcionarios si el problema es estructural.
El Poder Judicial es uno de los órganos del Estado más cuestionados por los entendidos en derecho, al remarcar su influencia con el entorno político del Gobierno.
De la mano de las críticas está el tema de la retardación de justicia, que es un mal endémico que no se supera con el incremento de más funcionarios en los tribunales departamentales o la Fiscalía si no se implementan reformas profundas.
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Incluso el Tribunal de Justicia de Santa Cruz, como una forma de agilizar procesos, movió nueve jueces de Sentencia a conformar nuevos juzgados de Instrucción, pero que según los expertos no es la solución.
El problema es la falta de institucionalidad. El vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz Alaín Núñez considera que el problema judicial en Bolivia es la falta de institucionalidad.
"Esta carencia institucional se suma a un presupuesto insuficiente y eso consecuentemente lleva a la necesidad de más cantidad de personal y la falta de una serie de medidas para atender el servicio", afirmó Núñez.
Además, por la alta cultura litigiosa que el Estado no puede superarla, propone incorporar sistemas alternativos de solución de conflictos como la conciliación y el arbitraje.
También la retardación explicó que va por la vía de las altas demandas y procesos que no han tenido una respuesta judicial al mundo litigante.
Aseveró que hay normas procesales que provocan la chicana jurídica y se complique la causa, en ese sentido debe incorporarse la oralidad tanto en los jueces de instancia como los de apelación.
Es una enferma terminal. "La justicia es una enferma terminal que necesita reformas estructurales", sostiene el exfiscal de Distrito William Herrera.
Indicó que lo curioso es que donde se han hecho mayores reformas en materia penal es donde es mayor retardación, por lo tanto, las reformas no resuelven los retrasos judiciales.
Un ejemplo fue la tragedia de Palmasola el pasado mes, de los 35 presos muertos solamente 2 tenían sentencia ejecutoriada.
Dijo que la solución a la lentitud de los procesos es como sembrar en un terreno infértil, por lo que es necesario abonar la tierra. Eso pasa con la eliminación de la corrupción y la capacitación de juzgadores probos e independencia del Órgano Judicial.
Advirtió que si a la justicia no se la observa en términos integrales, se seguirá parcheando con resultados negativos.
Dejar de lado la improvisación. Para el director del Colegio departamental de Abogados de Santa Cruz, Ángel Paz, se debe dejar de lado la improvisación en la carrera judicial.
Con un enfoque genérico, el jurista remarcó que los administradores de justicia deben cumplir los mínimos requisitos del perfil para el cargo.
"Es decir, capacidad para ser juez, ya que el ser abogado es insuficiente, sino que debe tener la capacitación suficiente, salarios dignos y la vocación de servicio", sostuvo.
Paz argumentó que se debe agregar el respeto al Órgano Judicial por el poder político, garantizando un trabajo idóneo y libre de ingerencias externas.
Despolitizar la elección de los juzgadores. En esa línea, el expresidente del ente colegiado cruceño Fernando Cuéllar dijo que es muy necesario la despolitización de la elección de los administradores de justicia.
Para ello, sugiere una Escuela de Jueces, para capacitarlos y formar capital humano de calidad y no funcionales al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Por eso, asegura que hay juzgadores que se mantienen en el cargo a pesar de muchas demandas de corrupción que pesan en sus espaldas.
Cuéllar es partidario de que lo fundamental es la independencia en la labor judicial.
El profesional abogado recomendó que para comenzar a disminuir la carga procesal, se debe desburocratizar los trámites en este organismo, evitando la centralización de notificaciones.
Es un flagelo de la sociedad. Por su parte, el exdirector de Régimen Penitenciario Roberto Limpias dijo que la retardación es un flagelo de la sociedad.
"Eso pone en tela de juicio la capacidad del profesional boliviano en materia jurídica", expresó la exautoridad.
Limpias comentó que de nada sirve el aumento progresivo de los abogados en los tribunales de justicia cuando no hay calidad en la administración del Órgano Judicial.
Mencionó que por culpa de los improvisados se incrementa la retardación de los procesos y con esto el hacinamiento es mayor en los centros penitenciarios del territorio nacional, provocando resultados trágicos, como los de Palmasola.
La mayor injusticia es la retardación. Para el excomandante Departamental de la Policía de Santa Cruz Cnl. Rolando Fernández, la mayor injusticia en Bolivia es la retardación.
El también abogado penalista comentó que a la lentitud de los procesos no se le buscó soluciones por el hecho de que la justicia se encuentra cooptada por el poder político partidario.
Aclaró que se observa celeridad en casos muy particulares, pero en su mayoría hay lentitud y con serias denuncias de corruptelas sobre la actuación de algunos administradores de justicia.
Fernández aconseja al Estado que busque las soluciones al problema de retrasos procesales que se han convertido en torturas para los ciudadanos que tienen algún tipo de controversias o litigios en los tribunales judiciales del país.
Lamentó que sigan implementando soluciones parciales como las reformas a los procedimientos penales y civiles y el traslado de jueces en los tribunales, pero las causas siguen lentas y lo que se requiere es celeridad, objetividad e imparcialidad del Poder Judicial.
Procesos retardados en el país
Caso Rózsa. Transcurrió cuatro años desde los sucesos en que fueron acribillados por un grupo de élite policial Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, acusados de supuesto terrorismo. Actualmente son procesadas 39 personas y todavía no hay sentencia.
Caso Porvenir. Pasaron cinco años de lo sucedido en Porvenir y están detenidos solamente del lado autonomista, que son 7, en el penal de San Pedro y el exprefecto Leopoldo Fernández con arresto domiciliario; sin embargo, hasta la fecha no hay sentencia.
Chaparina. De la represión indígena ya van dos años y hasta la fecha solamente se conoce a un ex subjefe policial con arresto domiciliario, mientras que el exministro de Gobierno Sacha Llorentty, acusado incluso por su exfuncionario de ser el responsable, sigue de embajador en las Naciones Unidas.
Caranavi. A tres años y cuatro meses del fallecimiento de Fidel Hernany y David Calizaya, en la violenta intervención policial al bloqueo de la carretera que vincula Caranavi con La Paz, por la instalación de una planta de cítricos, no existe una sanción contra los responsables.
Caso 24 de Mayo. Pasaron 5 años del supuesto vejamen a campesinos afines al MAS, donde se involucró a autoridades cívicas y políticas de Chuquisaca. El exdirigente cívico Jhon Cava denunció que el juicio fue armado como una forma de persecución a los adversarios. Se encuentra en su etapa de oralidad.
Fuente: EL DÍA