En estos últimos meses el país está en plena discusión y análisis sobre temas relacionados a la estabilidad de la economía, a propósito de las varias medidas de política destinadas a controlar o aumentar el stock de divisas que está ya por los suelos. El 2014 las Reservas Internacionales Netas superaban los 15 mil millones de dólares, y en la actualidad, apenas superan los 3.500 millones; y, su parte líquida, se sitúa en 372 millones de dólares. El panorama, parece ahora preocupar a propios y extraños.
Pero debemos preguntarnos, qué nos dicen los manuales de economía al respecto, ¿esto es algo nuevo?, ¿podía predecirse? Si la respuesta fuera afirmativa, ¿por qué no se hizo nada al respecto?
Discutamos brevemente que nos dicen esos manuales, tomando en cuenta que uno de los principales objetivos de todo gobierno es mantener la estabilidad de la economía, lo cual implica mantener la estabilidad de precios principalmente; conociendo, además, las malas experiencias de nuestro país con este fenómeno en la primera mitad de la década del 80.
Cuando el movimiento al socialismo entró al gobierno, la tasa de inflación estaba controlada y sólo era de un dígito (por debajo de 10%). A un año de su gestión, la inflación alcanzó a dos dígitos. Para 2007 y 2008, sobrepasó el 11%. Esta fue una de las razones para que el INE cambiara de metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor. Por supuesto, la idea era contar con un nuevo cálculo que escondiera la inflación.
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Por ese entonces, el país llegó a un primer pico de crecimiento del PIB, debido a los precios crecientes de las materias primas y especialmente, a los elevados precios del gas. El PIB creció en 6,1% el 2008, pero, como vimos, claramente el crecimiento traía consigo, inflación. El 2009 se vino una crisis a nivel mundial, que hizo caer la inflación en Bolivia, pero se recuperó el 2010 a 7,18%. Pese al cambio en el cálculo del indicador inflacionario, la subida de precios podía ser potencialmente, un problema impopular. En esos años, el tipo de cambio que en 2005 se situaba en 8,09, descendía levemente, para llegar a 2008 a 7,2 Bs/dólar en julio. Posteriormente, para abril de 2011, el tipo de cambio llegó a 6,99 Bs/dólar.
En ese contexto, las exportaciones de gas natural crecían debido al aumento de las cantidades exportadas; pero, además, dichas exportaciones aumentaron en todos los sectores debido a la nueva ola de precios altos de las materias primas. El incremento de las exportaciones a partir de 2009 fue realmente notorio. Pero este contexto internacional favorable, traía consigo algunos dilemas para los diseñadores de la política económica.
Los dólares que ingresaban al país en mayor proporción (por eso el tipo de cambio empezó a bajar), apreciaban la moneda boliviana, por lo que también las importaciones crecieron. Si no hubieran aumentado las importaciones los precios hubieran subido mucho más. Por otro lado, era una buena oportunidad para hacer crecer el aparato estatal; acumulaban reservas y las convertían en bolivianos, para mayor gasto y también para inversión pública. Entre el año 2000 y 2006, la renta petrolera se multiplicó por 5, llegando a 1.539 millones de dólares, y el 2008 llegó a 2.696 MM. Entre esos años, el gobierno aumentó su participación en las exportaciones totales de 0,2% el 2005 a 29,8% el 2008; por otro lado, ya era un gran inversor, el 78,3% de la inversión total estaba a cargo del Estado el 2005 y el 2008, prácticamente se mantuvo (78%). Claramente, la economía empezó a depender en gran medida de lo que hacía el Estado.
El gobierno acumuló reservas internacionales con mucha rapidez. El 2005 contábamos con 1.714 MM de dólares y el 2008 llegamos a 7.722 MM (más del 80% eran dólares). Sin embargo, pese a que todo este proceso marchaba muy bien, la inflación parecía todavía un problema potencial, más sabiendo que si había más dinero en circulación en la economía, los precios subirían, pese a la acumulación de reservas por parte del banco central.
Por estas razones, y seguramente otras más, en Bolivia se instauró el 2011 un régimen de tipo de cambio fijo, el precio de la divisa se estableció en 6,96 Bs por dólar. Desde ese entonces permaneció invariable.
Bajo este régimen de tipo de cambio fijo, la autoridad monetaria fija el precio de la moneda local respecto a la divisa (dólar), y tiene el compromiso de convertir la moneda nacional en moneda extranjera o viceversa, a ese precio. Aunque sabíamos que, a lo largo de la historia, incluida la boliviana, en el algún momento el banco central podría no tener la capacidad para intercambiar dólares por moneda local al precio anunciado (inconvertibilidad). Este argumento se encuentra en cualquier texto de macroeconomía.
Dado el auge de precios altos, las familias recibían más ingresos, acompañado del gasto público que también llenaba los bolsillos de los ciudadanos. Para absorber el exceso de oferta de dinero que podía hacer subir el nivel de precios y el precio de la divisa (por exceso de bolivianos respecto al dólar); como el tipo de cambio no podía moverse, el banco central vendía divisas, lo que producía una caída de la base monetaria que evitaba un proceso inflacionario, pero que deterioraba la participación de los privados. Pero, además, el tipo de cambio fijo aumentaba el poder adquisitivo de la moneda boliviana respecto a las monedas de los demás países, constituyéndose en un incentivo poderoso para importar productos baratos del exterior, lo que contribuyó también, a controlar la inflación (además el tipo de cambio de los países vecinos se depreciaba). Esto no debía presentar ningún problema, mientras exista ingreso de ingentes cantidades de divisas al país y reservas internacionales acumuladas.
El 2013 logramos el mayor crecimiento del PIB con 6,8%, las RIN el 2014 alcanzaron a 15.123 MM de dólares, la participación del Estado en la inversión en bienes de capital era de 93% sobre el total de la inversión en la economía, el Estado participaba con un 37% en las exportaciones, aunque las importaciones crecían mucho más que éstas. La participación del Estado en la economía ya era monstruosa.
El Estado era responsable del 60% de la generación de valor en la economía (PIB). Mientras la inversión pública significaba el 19% del PIB, la inversión privada estaba alrededor del 1,6%. La realidad era clara, mientras más crecía el Estado, la economía de los privados, o sea, de todos los demás bolivianos que no trabajaban para el Estado, se deterioraba.
Pero como las primaveras no son eternas, el contexto mundial y también el nacional, cambiaron. El estado había acumulado mucha riqueza, y además aumentó la tasa impositiva y la presión tributaria. El gasto en sueldos y salarios que el 2005 alcanzaba a 10% del PIB, llegó el 2015 a 13% para seguir creciendo hasta 2021 a un 15% (fue lo único que nunca paró de crecer).
En el nuevo contexto de precios internacionales bajos y elevado gasto corriente, la inversión pública cayó aceleradamente, la participación del gobierno en las exportaciones también, y a consecuencia de todo esto, fue que experimentamos desde el 2015 una desaceleración económica, acompañado de un déficit fiscal creciente.
En esta etapa, la renta petrolera descendía aceleradamente (el 2014 era de 5.490 MM de USD). El 2016 llegó a 1.755 MM de usd, el 2021 a 1.267 MM y el 2022; gracias al último repunte de precios se situó a niveles de 2016, aunque la producción y la exportación no pararon de caer.
Como era imposible despedir trabajadores del Estado y/o reducir el gasto corriente, el déficit público en todo este tiempo se convirtió en una enfermedad crónica. El déficit fiscal entre 2014 y 2022, superó los 15 mil millones de dólares.
Un gobierno puede cubrir su déficit fiscal tomando préstamos del público, reduciendo reservas de divisas o imprimiendo moneda; pero también puede reducir sus gastos o cobrar más impuestos. En el nuevo contexto de desaceleración económica, estas dos últimas opciones ya eran inviables.
En el primer caso, el TGN emite bonos que son comprados por el banco central, imprimiendo billetes y monedas, lo que provoca un exceso de dinero en manos del público (entre 2014 y 2021, la emisión supera los 8.100 MM de dólares). Por esta razón, el banco central vende divisas y vuelve a dejar la oferta monetaria como en un principio (evita inflación). Por lo tanto, todo déficit fiscal, bajo tipo de cambio fijo y completa movilidad de capitales estará financiado indirectamente por pérdida de divisas internacionales.
Como esto es así, el gobierno puede acudir a préstamos internos o externos; aunque esta medida sólo retrasa el proceso, mientras no se cuente con más ingresos o menor gasto (la deuda pública el 2021 alcanzó el 69% del PIB y para 2022 bordea el 80%). La deuda financió los gastos de gobierno. Por esta razón, y dado que el déficit fiscal produce un exceso de oferta monetaria, los agentes económicos acumulan también divisas, contribuyendo a que el banco central se quede sin ellas.
En el contexto actual; además, la tasa de interés externa es superior a la tasa de interés nacional, lo que provoca una fuga de divisas. Por supuesto, el gobierno consume también una gran cantidad de divisas, para gastos “obligatorios” como el subsidio a los hidrocarburos, que de ser programados en 700 MM de dólares para 2022, se gastaron 1.700 de manera efectiva. Por estas razones, aunque haya una mayor cantidad de remesas entrando al país y aunque las exportaciones ahora sean superiores a las importaciones, las reservas siguen disminuyendo.
Otro problema en la actualidad es la elevada inflación, aunque esta no se refleje en el IPC. Debido al proceso explicado, la dependencia de la población hacia una canasta de consumo de bienes importados se hizo cada vez más importante. Respecto al 2021 la importación de alimentos y bebidas disminuyó en un 25%, y respecto al 2020 en un 42% (en cantidad). Por otro lado, los precios de alimentos y bebidas aumentaron en un 41% respecto a 2021 y 74% respecto a 2020. La importación de “bienes no especificados en otra partida” (esa es la cuenta que maneja el INE), disminuyeron en cantidad en casi un 100% y en promedio sus precios se elevaron en más de 7.400%, entre 2022 y 2021.
A todo esto, debemos sumar el discurso del gobierno, que nos dice que la reactivación es una realidad, que tenemos la más baja inflación de Latinoamérica, que la deuda es sostenible y que las RIN están estables. Pero, por otro lado, anuncian medidas como el bono remesa, la compra de oro por parte del Banco Central, la reducción del encaje legal para depósitos en dólares, el dólar paralelo o preferencial para los exportadores, y la última, la suspensión total del encaje legal en dólares entre el 23 de febrero y el 30 de marzo. Esta clara contradicción entre discurso y realidad tiene un efecto importante sobre las expectativas de los agentes económicos.
Mientras que el sector privado tenga confianza en que el Banco Central hará honor a su compromiso, los bancos privados y otras firmas financieras estarán dispuestos a negociar, dólares por bolivianos al precio oficial, más una pequeña comisión. Pero, en estos días ¿esta confianza seguirá vigente?
Todas las medidas propuestas tienen como objetivo captar más divisas para mantener el tipo de cambio fijo cumpliendo el compromiso del banco central. La deuda externa que era una de las fuentes para obtener divisas es cada vez más onerosa (tasas de interés muy elevadas) y escasa. Pero más importante aún, el gobierno requiere divisas, no sólo para fijar el tipo de cambio, sino para financiar el déficit público sin provocar inflación. Por otro lado, la deuda interna, no sólo deteriora los ingresos de las familias; que además ahora compran menos a mayor precio, sino que compite por recursos que podrían utilizar las familias para invertir y generar valor. La emisión monetaria, también vía deuda interna (bonos del tesoro comprados por el banco central), aumenta la oferta de dinero y esta no puede ser esterilizada por la venta de divisas porque están escasas, lo cual incentiva la inflación.
Asimismo, el efecto de las últimas medidas puede incrementar la inflación, y al crear un dólar dual, incentiva la formación de mercados negros de divisas por fuera de la banda cambiaria; y, ninguna de estas medidas apunta a solucionar el problema central de la economía: el déficit fiscal.
Si se terminan de exterminar las ya escasas RIN, deberemos cambiar a un régimen de tipo de cambio flexible. Como el gobierno ya no contaría con divisas, el único camino posible sería la emisión sin respaldo para financiar su déficit, y en este caso, el déficit, al aumentar la oferta monetaria depreciaría el tipo de cambio y se convertiría en inflación.
El gobierno privilegia el gasto, sin importarle la estabilidad ni la economía de las familias bolivianas que siente día a día el deterioro de sus ingresos, y sigue al pie de la letra los manuales para desestabilizar la economía (desde el 2014). Los políticos históricamente sólo privilegiaron el poder y la estabilidad económica de las logias que gobernaron este país, y el ciudadano de a pie, hace mucho tiempo fue impedido de generar valor y riqueza porque esto lo empoderaría, diluyendo el poder de los que nos gobiernan.
Joshua Bellott Sáenz