Gobierno y oposición culpan a fiscal Soza de huida del “Viejo”


El Gobierno y la Fiscalía no saben dónde está El Viejo. La Fiscalía imputó a Villa Vargas, pero no se realizó la audiencia cautelar judicial.

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Conferencia: el viceministro Farfán muestra una de las imágenes de práctica de tiro



La Prensa

QUERELLANTE MUESTRA VIDEOS DE PRÁCTICAS DE TIRO COMO UNA PRUEBA MÁS

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El Gobierno y la oposición responsabilizan al fiscal Marcelo Soza, quien investiga el caso terrorismo, por la desaparición de Ignacio Villa Vargas alias el “Viejo”, quien fue miembro de la presunta milicia liderada por Eduardo Rózsa Flores.

El diputado suplente de Podemos Wilfredo Áñez difundió el martes grabaciones de su celular sobre conversaciones con Villa en las que éste revela que está fuera del país, y que el representante del Ministerio Público mencionado “montó” su declaración que involucra a autoridades y empresarios cruceños con el grupo irregular.

Rózsa junto con Micheal Dwyer y Árpád Magyarosi murieron acribillados en un operativo policial en el hotel Las Américas de Santa Cruz la madrugada del 16 de abril, en tanto que otros dos fueron capturados. El “Viejo” era chofer de esta organización y “testigo clave” de la Fiscalía.

El Gobierno es el querellante en este proceso. El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, explicó ayer que “en su debido momento” pidieron al Ministerio Público mediante un memorial la imputación de Villa Vargas, su detención preventiva y arraigo.

“Ésa ha sido nuestra acción como parte denunciante en el caso sobre terrorismo —afirmó la autoridad— y no es de nuestro conocimiento por qué no se lo cauteló. El fiscal tiene que establecer qué sucedió con el señor Villa”.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión multipartidaria que investiga el caso terrorismo, diputado Bernardo Montenegro (Podemos), dijo que “responsabilizo al fiscal, ahora debe encarar un proceso de por qué esta persona, parte del grupo, no está en (la cárcel de) San Pedro”.

El parlamentario recordó que hace un mes pidieron la detención del “Viejo”. Otro miembro de esa instancia legislativa, diputado Pablo Banegas, pidió cárcel para Villa.

Farfán aseguró que el Gobierno no tiene información sobre el paradero de esta persona, aunque en el principio del proceso era su “testigo clave”. Fuentes de la comisión de la Fiscalía que investiga el caso dijeron a La Prensa que tampoco saben dónde está.

El diputado Áñez presume que todavía está en Bolivia, aunque en su primer contacto, el 23 de junio, el “Viejo” le dijo que estaba en la frontera con Argentina. “Me dijo que teme que el Gobierno mande a asesinarlo”.

Montenegro indicó que hay rumores de que Villa está en Brasil o permanece en Santa Cruz.

El Viceministro de Gobierno, al desmentir al testigo “clave” de que fue torturado para implicar a personalidades cruceñas con terrorismo, tal como denunció, mostró ayer en conferencia de prensa un video del entrenamiento del grupo irregular.

En las imágenes se ve a Eduardo Rózsa, Micheal Dwyer; Alejandro Brown, abogado que contactó al primer citado con Alejandro Gelafio Santiesteban (detenido en el penal de San Pedro), y Daniel Gaspar, quien es húngaro y se fue del país antes del operativo del 16 de abril.

Estas personas portan armas cortas y se desplazan a paso rápido disparando a “blancos” en un campo con abundante vegetación, y que posiblemente se trate de Santa Cruz.

Querella contra jueces

El Gobierno demandó ayer a los vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Santa Cruz, Adhemar Fernández, Édgar Molina y Samuel Saucedo, por fallar a favor de dos ex integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), David Sejas y Alfredo Saucedo, en un recurso de acción de libertad en el caso terrorismo.

El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, calificó de ilegal la acción de los administradores de justicia, quienes resolvieron que el fiscal Marcelo Soza, responsable de la investigación, no puede citar a nadie en este proceso.

“Con esta actitud de la Corte Superior de Santa Cruz, se encubren los delitos de terrorismo”, sostuvo la autoridad, y explicó que la querella fue presentada a la Fiscalía de La Paz por prevaricato, uso indebido de influencia, resoluciones contrarias a la ley y otros.

Comisión cita a 24

La comisión de la Cámara Baja determinó ayer convocar a 24 autoridades políticas y cívicos de los departamentos de Beni y Santa Cruz en la investigación de presunto terrorismo.

Para el lunes está previsto que declaren en Trinidad el alcalde de esa ciudad, Moisés Shriqui, su hijo Isaac Shriqui; Alberto Melgar, presidente del Comité Cívico del Beni; Juan Carlos Suárez, dirigente de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni); Zoilo Galfe, Carlos Delien y Edwin Brause.

No se definió día, pero serán notificados en Santa Cruz el prefecto Rubén Costas, su hijo Alberto Costas, Guido Nayar, David Sejas, Alfredo Saucedo, Branko Marinkovic, Eduardo Paz, Líder Paz Castro, Jorge Rivero, Ronald Suárez, Jorge Santiesteban, Róger Martínez, Edmundo Fará, Germán Antelo, Juan Cudelca, Carlos Guillén y Roberto Gutiérrez.

El Gobierno y la Fiscalía no saben dónde está El Viejo

Acciones • La Fiscalía imputó a Villa Vargas, pero no se realizó la audiencia cautelar judicial.

La Razón

El paradero del testigo clave de la Fiscalía en el caso de supuesto terrorismo, Ignacio Villa Vargas, El Viejo, es desconocido para el Gobierno y la propia Fiscalía, quien sólo tiene información sobre el domicilio procesal que se encuentra en Cotoca, Santa Cruz.

El viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, aseguró que no tienen información sobre el lugar en el que se está Villa Vargas, aunque aclaró que la Fiscalía es la responsable de conocer estos datos en la medida que está en sus manos las investigaciones sobre el grupo de Eduardo Rózsa.

No obstante, una fuente vinculada a la Fiscalía informó que sólo tienen conocimiento del domicilio procesal fijado por Villa Vargas. “No conocemos dónde esta Villa; sólo fijó su domicilio procesal en Santa Cruz-Cotoca”, explicó la fuente.

Villa Vargas, considerado testigo clave y soplón del grupo Rózsa, contaba con protección del fiscal del caso, Marcelo Soza, quien posteriormente decidió imputarlo, aunque no se logró instalar su audiencia judicial, por lo que se encontraba en libertad.

Farfán recordó que solicitaron que Villa sea imputado, arraigado y cautelado (detenido).

Las cuestionantes sobre su paradero surgieron luego que el diputado de Podemos Wilfredo Áñez informara que Villa Vargas se comunicó con él y le reveló que fue torturado para acusar a los líderes cruceños.

El presidente de la comisión de diputados que coadyuva en la investigación, César Navarro, también reconoció que no saben dónde está Villa y descartó que haya sido presionado para declarar en el caso Rózsa.

Acusados en el caso Rózsa iniciarán juicios a Soza

Estrategia • De no prosperar sus acciones legales, acudirán a organismos internacionales.

La Razón

Luego de la decisión cruceña de enjuiciar a los que vulneren los derechos humanos, el vicepresidente cívico Nicolás Ribera informó ayer que los vinculados con el caso Eduardo Rózsa, entre ellos los líderes cruceños, iniciarán juicios al fiscal Marcelo Soza, por resoluciones contrarias a la ley y apología del delito.

La estrategia es que cada uno de los involucrados presente una demanda en contra de Soza bajo el argumento de que no actuó en el marco del principio de presunción de inocencia. “Ha publicado de manera indiscriminada nombres de personas que por principio básico deben ser preservados”, explicó ayer el cívico.

Una día antes, la Asamblea de la Cruceñidad decidió acusar ante organismos internacionales y ante la justicia, al Gobierno y a las autoridades que vulneren los derechos humanos de los vinculados al caso terrorismo, entre ellos el prefecto Rubén Costas, el ex cívico Branko Marinkovic y el dirigente cívico Guido Nayar.

A partir de las declaraciones del denominado testigo clave del proceso, Soza reveló los nombres de los líderes cruceños. Convocó a declarar a varios, entre ellos a Nayar y a Mauricio Roca.

En caso de que los procesos no prosperen en la justicia, “se nos habilitará para acudir a la Corte Penal Internacional, a la Comisión Andina de Juristas y a todos los espacios jurídicos de la comunidad internacional”, dijo.

La Asamblea de la Cruceñidad también recomendó no atender las convocatorias a declarar del fiscal Soza hasta tanto se resuelva el conflicto de jurisdicción que enfrenta a La Paz y Santa Cruz.

El Consejo de Defensa de Derechos Humanos cruceño, a través de Fernando Cuéllar, informó que preparan las demandas contra Soza. Redacción Santa Cruz

Respaldo

Tarija • La dirigente del Comité Cívico, Patricia Galarza, expresó ayer su apoyo a las decisiones asumidas por la Asamblea de la Cruceñidad. “Total respaldo al Comité Cívico cruceño”, dijo.

Preparativos • Los cívicos cruceños también se encuentran preparando la marcha programada para el 15 de julio próximo bajo el lema “Democracia, justicia y libertad”.

Enjuiciarán a los jueces que favorecieron a ex unionistas

Protección • El Gobierno los acusa de proteger a los vinculados en el caso terrorismo. El fallo evita que Sejas y Saucedo declaren en La Paz.

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DENUNCIA • Farfán hizo públicas imágenes en las que se ve a gente del grupo de Rózsa disparando armas de fuego.

La Razón

El Gobierno, a través del viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, anunció ayer que iniciará juicios contra las autoridades judiciales de Santa Cruz que evitaron, a través de un fallo judicial, que los ex unionistas David Sejas y Alfredo Saucedo declaren por el caso terrorismo en La Paz.

El presidente de la Sala Penal 2ª de la Corte de Distrito de Santa Cruz además de los vocales Samuel Saucedo y Édgar Molina serán acusados por la comisión de los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y encubrimiento al terrorismo.

Las autoridades judiciales declararon procedente el recurso de acción de libertad interpuesto por los ex unionistas Sejas y Saucedo, vinculados con el caso de Eduardo Rózsa y citados a declarar por el fiscal Soza.

El fallo evita que los ex unionistas vuelvan a ser convocados a declarar. “El fallo busca tapar, encubrir y proteger a estos terroristas”, afirmó Farfán. No obstante, el viceministro aseguró que las investigaciones continuarán y difundió imagenes en las que se ve a Rózsa, Daniel Gaspar, Gabor Dudog, Michael Dwyer y Alejandro Brawn disparando armas de fuego en tácticas que llamó de guerrilla.

La Fiscalía debió recibir ayer las declaraciones de los líderes cruceños Guido Nayar y Mauricio Roca, pero éstos no se presentaron.


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