El año pasado (2022), el asunto laboral vuelve a visibilizarse como la demanda más importante, a esto le sigue la institucionalidad, la dotación de ítems, entre otros.

La institucionalidad del sistema de salud y demandas del ámbito laboral fueron los puntos más conflictivos, que han movilizado a los profesionales y a los trabajadores de la salud pública.

Por institucionalidad se entiende el atributo básico de una institución u organización en el ejercicio de configuración de su distribución político-administrativa en la división de poderes.

Con relación a ello, la investigación resalta que hay ausencia de “procesos efectivos” en cargos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y que esto ha generado malestar en el sector, ya que permite, como en el caso de la Caja Nacional de Salud (CNS), “el nombramiento en cargos jerárquicos e intermedios de personas que no cuentan con los méritos profesionales necesarios para ejercer de manera eficiente la función que se les asigna”(sic). Y esto da lugar a problemas de funcionamiento en las entidades, que afecta la prestación de servicios de salud.

Miembros de los sindicatos se quejan de que esas autoridades modifican los planes operativos anuales (POA), muchas veces de manera caprichosa, y contratan personas externas que son de su confianza, pero que no conocen bien el sector ni la dinámica de las instituciones, lo cual entorpece su funcionamiento.

El documento señala a Rolando Núñez, director general del Sistema Único de Salud (SUS), quien aseguró “que las protestas del sector están vinculadas al cierre de posibilidades de continuar con los cobros que anteriormente realizaba el personal de salud por la prestación de servicios en centros públicos”. Afirma que pese a contar con ítem, este personal realizaba cobros, como parte de “la lógica neoliberal en el sistema de salud”. Dicha práctica ha sido eliminada con la creación del SUS.

En agosto de 2021, los médicos del Hospital de Clínicas de La Paz se declararon en paro de 24 horas en rechazo a la designación de un nuevo director, Jhony Ayllón, quien fue cuestionado por presuntamente no cumplir con los requisitos — trabajar durante 10 años en la institución— para dirigir ese nosocomio de tercer nivel. El Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz denunció que por decisiones políticas se destruye la institucionalidad del hospital. El nombramiento de personas en cargos jerárquicos e intermedios es una fuente de conflictos y se ha replicado en distintos puntos del país.

La injerencia en la línea política también juega papel importante en la problemática de la institucionalidad. Esto fue visible en el tipo de coordinación que ejercen los distintos niveles de gobierno.

“Si el gobierno central es de un partido político distinto del que controla un gobierno departamental o un gobierno municipal, probablemente, será difícil realizar la coordinación necesaria entre esos niveles del Estado para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y asegurar la prestación de los servicios que la población requiere”, se indica en la investigación de la fundación.

Quiroga informó a La Razón que, a pesar de que la salud es importante, está por debajo de los conflictos económicos y éstos toman más fuerza por la población.

Otra constatación que hizo fue la doble marginación en los municipios más pobres; aseguró que la investigación develó que son los que menos conflictos tienen y se debe a la carencia de capacidad de organización, planteamiento y de movimiento. “Los distritos y los municipios más pobres ni siquiera pueden plantear conflictos para visualizar sus problemas”.

ACUERDOS.

Afirmó que en el país, en el área de la salud, hay un bajo porcentaje que llega a buenos acuerdos en la resolución de los conflictos y que esto se debe a la falta de atención “efectiva, eficiente y oportuna” de los sectores demandados, como los gobiernos central, departamental y municipal, en la atención a los protagonistas que demandan sus necesidades, a través de los conflictos.

Y, por lo tanto, esto genera otro conflicto latente que, con el pasar del tiempo, vuelve a resurgir con mayor fuerza. “A veces se firman convenios y se pone fin a las medidas de presión y no hay capacidad de cumplir esos acuerdos; entonces, los conflictos vuelven a resurgir”. Además, si no se ponen fin a los conflictos, éstos tienden a profundizarse, aseguró.

Sobre las políticas públicas, señaló que en el país hay un gran bagaje de normas y leyes en favor de la salud; sin embargo, no son cumplidas por los diferentes niveles de gobierno; “y al no cumplirse, se evidencia una gran debilidad”.

Consideró, además, que es necesario informar a la población, no solo sobre sus derechos en salud, sino de la prevención en las diferentes enfermedades que afectan a la ciudadanía en el país.

Médico atiende a paciente en un hospital.
Médico atiende a paciente en un hospital.

Otros temas más que la salud

La directora de la Fundación Unir, María Soledad Quiroga, informó que la conflictividad boliviana está vinculada, en mayor parte, al tema económico y a la generación de ingresos y en bajo porcentaje a temas de salud.

“Aquellos temas que están vinculados con la economía de la población, con el dinero que tienen en los bolsillos, sí los moviliza a grandes contingentes y a distintos sectores; otros temas que son de vital importancia, como el de la salud, no movilizan tanto a la gente”, aseguró.

Asimismo, destacó la participación de los familiares de los pacientes en la conflictividad. “Piensen ustedes lo que significa que personas aquejadas, por ejemplo, personas con cáncer o pacientes que están sometidos a diálisis, tengan que salir a las calles para exigir atención, mejoras de las condiciones para que sean atendidos”, apuntó.

Respecto a la ubicación geográfica de los departamentos con mayores protestas, Quiroga develó que La Paz fue el más conflictivo en los tres periodos.

No obstante, detalló que en la etapa de prepandemia los departamentos del eje central entraron en la lista, debido a su mayor densidad demográfica, más concentración de actividad productiva y son centros políticos.

Mientras que en el periodo de pandemia los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Oruro fueron los que registraron más conflictos, uno de ellos con relación a la dotación de ítems.

Descartó a Cochabamba de este periodo porque —dijo— fue una de las regiones más azotadas de la pandemia. “La gente prefería cuidarse y cuidar de sus enfermos, evitar mayores contagios y los conflictos bajaron”.

En el caso del periodo de pospandemia (2022), La Paz registra más casos de conflicto, esto se debe a que en el departamento se encuentra la sede de gobierno, afirmó. En menor proporción aparece Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.

DEMANDANTES.

En los tres periodos de la investigación, trabajadores de los centros de salud pública fueron los demandantes más predominantes; le siguen organizaciones matrices de trabajadores en salud y los pacientes y familiares de los enfermos.

Con relación a los demandados, en las tres fases aparece el Estado, en cualquiera de sus niveles: central, departamental y municipal, seguido de los directivos de los centros de salud pública, el Ministerio Público y directivos de salud privada.