Con las manillas electrónicas, los reclusos con detención preventiva y domiciliaria podrán salir de las cárceles de Bolivia. Además, las mujeres víctimas de violencia tendrán mayor seguridad.

En los últimos 14 meses, 7.000 privados de libertad se han incrementado.IMAGEN: ARCHIVO LA RAZÓN
El ministro de Justicia, Iván Lima, planteó la implementación de manillas electrónicas en sistema carcelario con el fin de promover la detención domiciliaria y así reducir el hacinamiento.
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Así reaccionó el funcionario a los cuestionamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe de su visita al país, sobre el hacinamiento carcelario y el abuso de la detención preventiva.
Los delegados visitaron las cárceles de San Pedro, Chonchocoro y Miraflores, en La Paz, en las que constataron el problema.
“Ya tenemos un trabajo de nuestro Ministerio de Gobierno para implementar este año manillas electrónicas, el BOL-110 lo permite. Tenemos la tecnología, tenemos las manillas, y lo que estamos haciendo es ajustar la norma” para su implementación, dijo Lima en conferencia de prensa.
Sobre los problemas, el director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, develó el miércoles que en la revisión del sistema informático su oficina constató que 140 reclusos cumplieron su detención preventiva y el plazo de su condena.
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Según el funcionario, ésta es la consecuencia del hacinamiento. “En estos últimos 14 meses, 7.000 privados de libertad se han incrementado, históricamente”, afirmó en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
El domingo, Lima aseguró que en el país hay cerca de 25.000 privados de libertad y mediante el proyecto de las manillas electrónicas se pretende reducir a los 10.000.
Esta medida no solo favorece a las personas privadas de libertad, también a las mujeres que son objeto de violencia. La manilla electrónica tiene esa particularidad de dejar establecido un domicilio para que no salga el agresor y también para que no se acerque a la víctima.
“Esa tecnología nos permite darle seguridad a la víctima y la garantía de que no tengamos cárceles hacinadas”.
El Gobierno trabaja en esa herramienta, una nueva ley de enjuiciamiento y la eliminación de la suspensión de audiencia y las recusaciones. Aún se lo debate y socializa para que este año se tenga este nuevo sistema penal.