El tema de la creciente inseguridad que sentimos en Bolivia -sin excepción alguna- es candente, de extrema actualidad y de no menos extrema preocupación.
Editorial El Deber
Asaltos y crímenes están a la orden del día en todo el ámbito de la República (o “Estado Plurinacional”). Asimismo, clamamos por más seguridad y se pide mayor presencia policial. Los políticos son los primeros en referirse a este grave asunto, pero esos mismos políticos soslayan un aspecto fundamental del problema: las actuales leyes –básicamente el Código Penal y el Código de Procedimiento vigentes- son la principal fuente de generación de conductas delincuenciales. En efecto, con el sano concepto de preservar los derechos fundamentales de la persona, las normativas en vigencia han llegado a extremos que favorecen a los criminales y perjudican a la inmensa mayoría de la ciudadanía honesta, que tan sólo ansía vivir tranquila, sin sobresaltos y con un nivel razonable de seguridad.
Es conocido el dicho “los policías meten presos a los maleantes y los fiscales o jueces los liberan”. En honor a la verdad y sin defender a nadie en particular, debemos señalar que jueces y fiscales están obligados a respetar y hacer cumplir la ley. Y si esa misma ley les brinda a los delincuentes salidas absolutamente legales tales como “medidas sustitutivas” y otros elementos que facilitan su no encarcelamiento, o castigos simples con condenas leves, la culpa es de la ley, no de quienes se ven obligados a aplicarla.
Mientras no cambie el espectro legal vigente en materia penal, la delincuencia seguirá en auge. Muchas veces se apresa a algún sujeto que comete desmanes y en ese momento los periodistas se refieren a su “frondoso prontuario”. La primera pregunta del ciudadano común es ¿Si el prontuario es tan grande, por qué ese sujeto anda suelto y no está en prisión? La respuesta, nuevamente, está en función de la ley, de la lamentable permisividad que actualmente ella brinda para que los delincuentes se salgan con la suya y sigan haciendo fechorías.
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Ha llegado el momento de que la clase política y el Gobierno tomen conciencia clara del dramático asunto de la seguridad ciudadana y de su causa subyacente. Diversas encuestas ubican a la inseguridad como la primera preocupación de los habitantes de nuestra Bolivia. Por tanto, es imprescindible iniciar un análisis serio de la legislación penal vigente y cambiar lo que deba cambiarse. Al hacer las penas más severas y al tener los delincuentes menos recursos a la mano para zafar de sus pillerías, la ciudadanía estará mejor protegida. A mayor capacidad de sanciones, mayor la posibilidad de generar conductas adecuadas. A menor capacidad de sanciones, por definición también será mayor la tentación de delinquir. Total, el castigo es leve o se sale libre. Tiene que haber un disuasivo de la delincuencia. Ese disuasivo es la dureza de la ley.
Sin violar derechos individuales, pero teniendo en cuenta -y por encima de todo- el derecho colectivo de la comunidad de vivir en paz, hay que modificar los códigos a la brevedad. Con eso y una reorganización de los cuerpos policiales, podremos estar mejor preparados para combatir a la creciente delincuencia. Los malhechores sabrán también que serán severamente castigados y lo pensarán dos veces antes de cometer actos criminales.
Confiamos en que pronto se presente en el Parlamento un proyecto serio de reformas a las leyes penales. Todo lo demás en materia de seguridad, si no se ataca el mal de raíz, es pura charlatanería o demagogia.