Joshua Bellott Sáenz
Después de 7 años de creación de la Gestora Pública, entidad encargada de la administración de los fondos de previsión social de largo plazo de todos los bolivianos, y a pocos días del traspaso de la totalidad de estos fondos de las AFPs a esta institución, parece que varias organizaciones civiles, incluida la Universidad, se dieron cuenta del peligro que significa que el Estado se haga cargo de nuestros aportes.
Pero, además, desde la promulgación de la Ley de Pensiones, ya sabíamos de la existencia de la Gestora. El artículo 147 de la Ley N° 065 de 2010, establece que la administración del Sistema Integral de Pensiones estará a cargo de una Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, la cual se constituirá como una Empresa Pública Estratégica de derecho público; de duración indefinida; con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional.
Continuando con algunos artículos de dicha Ley, se establece también que, la gestora se encuentra bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y su domicilio principal estará fijado en la ciudad de La Paz. La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo tendrá como objeto la administración y representación de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones, gestión de prestaciones y otros pagos del Sistema Integral de Pensiones. Pero, además, dentro de la misma Ley se estipula que la autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS se encontrará bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas públicas. Entonces, increíblemente, la administración y la fiscalización de esta institución están bajo la tuición del poder ejecutivo.
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Por supuesto, lo primero que debería llamarnos la atención es que con esta Ley se rompe el contrato anterior que establecía que nuestros aportes serían administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), que eran instituciones privadas de derecho público. Por lo tanto, esta Ley, manda confiscar los aportes de los ciudadanos, sin haber preguntado a los dueños de ese dinero si podían hacerlo. Claramente, estos son fondos son privados, y de ninguna manera públicos.
Independientemente de lo sucedido, debemos preguntarnos por qué la reacción tardía de las instituciones y organizaciones civiles; sabiendo, además, que el 50% de la jubilación de cada uno de nosotros depende de las inversiones que estas instituciones y ahora la Gestora, realicen (eficiencia administrativa); cuando sabemos también que, el Estado es un mal administrador; por muchas razones que no conviene enumerar pero que es de conocimiento público, y que estos fondos ya fueron básicamente dispuestos para varios fines.
El hecho es que probablemente la coyuntura actual sea la causante de la reacción de varios estratos de la sociedad, dada la creciente incertidumbre por el futuro, la escasez de dólares y el peligro de desestabilización de la economía. Pero más importante aún, es la información sobre varias acciones estatales como principal causa para los problemas actuales. Claramente, el Estado requiere con urgencia de fuentes de financiamiento para mantener el monstruoso tamaño de la administración pública y de un déficit fiscal que en 9 años acumuló pérdidas superiores a los 15 mil millones de dólares; aunque la necesidad, no sólo es de pesos bolivianos, sino también de dólares que fugaron del país y continúan haciéndolo.
Personeros del gobierno, aceptaron que estamos atravesando una crisis de liquidez más no de solvencia, pero no nos dijeron que, si no contamos con dinero para pagar nuestras obligaciones inmediatas, el paso siguiente es prestarnos más plata (si podemos) o rematar nuestros bienes o las joyas de la abuela. De hecho, debido a la falta de dólares en el mercado, el gobierno, silenciosamente ya monetizó los Derechos Especiales de Giro por debajo del mínimo exigido, lo que quiere decir que, no sólo que ya no contamos con DEGs en las reservas internacionales (sólo hay 39 millones), sino que ahora pagaremos un interés adicional, equivalente a 11 millones de dólares año (el 8 de febrero de este año los DEGs, como parte de las RIN, alcanzaban a 538 MM). Entonces, ¿quién nos asegura que no utilizarán los fondos de ahorro de los bolivianos para alimentar al monstruoso Estado?
De los casi 24 mil millones de dólares que administraría la Gestora a partir del 15 de mayo, aproximadamente 7 mil millones de dólares ya fueron utilizados para financiar los gastos de gobierno, y nadie consultó a los dueños de ese dinero; casi 14 mil millones de dólares fueron depositados en el sistema bancario para otorgar créditos a más de 1,5 millones de ciudadanos bolivianos, con nuestros propios aportes. Hace unos meses atrás, las AFPs compraron bonos de deuda soberanos de Bolivia por un monto que supera los 900 millones de dólares, que a propósito ahora perdieron la mitad de su valor debido a las calificaciones de riesgo país. ¿será que fue una inversión en favor de los jubilados?
Debemos entender que, desde la promulgación de la Ley de Pensiones, las AFPs no fueron muy “libres” de realizar las mejores inversiones para su propio beneficio, y por lo tanto para el beneficio de los jubilados (claramente por una presión política). Esa fue precisamente la causa para que nos ganaran un juicio internacional por 105 millones de dólares, cuando en su momento (años atrás) estas instituciones sólo pedían 14 millones de dólares. ¿fue un buen negocio?… ¿para los bolivianos?, ¿para las AFPs?, ¿para el Estado?, o para los ¿funcionarios del Estado?
El problema de las protestas actuales, es que no se tienen propuestas claras para evitar que la Gestora se haga cargo de los recursos de previsión social, sólo se sabe que nadie quiere que el Estado los administre por el temor de que la plata desaparezca, y con justa razón. Esta es la principal razón para escribir este artículo, a modo de complementar, además, lo que dije en Diálogo en Panamericana.
El rector Cuellar propone que se haga un referéndum o una consulta a los dueños de ese dinero para definir el destino del mismo. Esta propuesta implica que la administración de los fondos ¿se mantenga en las AFPs o en cualquier otra entidad privada?
Calos Borth y personeros del gobierno afirman que ya es tarde para esa propuesta, dado que el 15 de mayo próximo debe efectivizarse el traspaso de los fondos y las funciones de las AFPs a la Gestora, y afirma que quedaríamos tranquilos si se incluye en la Ley un artículo que asegure que las jubilaciones no podrán reducir; pero, ¿será suficiente con esta propuesta? Pero, además afirman que en la Constitución se establece que dichos fondos deben ser necesariamente administrados por el Estado.
El artículo 45 de la CPE estipula que todos los bolivianos tenemos derecho a acceder a la seguridad social, que la misma se presta bajo ciertos principios y que su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. Además, detalla que la seguridad social cubre atención de enfermedades, riesgos profesionales, invalidez, vejez, vivienda y varias otras previsiones sociales. Por otro lado, dice que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo, y que los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. Al respecto, mi amigo Mauro Cuellar afirma que este artículo no prohíbe que estos recursos se administren por una entidad privada.
Inicialmente, debemos establecer que la seguridad social, también llamada previsión social, es un sistema de seguro de salud que garantiza a la población contra los costes de la asistencia sanitaria. Menciono esto, porque el artículo de la CPE mencionado, más parece que se refiere a la Caja Nacional de Salud que a la administración de los fondos para la jubilación. Pero claro, algunos podrían decir que “seguridad social” se refiere a la seguridad social de corto y largo plazo, por lo que también estaría incluido dentro de este artículo la administración de los fondos de pensiones. Lo cierto es que, como diría mi amigo y abogado distinguido, Gustavo Blacutt, nuestra Constitución es tan ambigua, general y contradictoria, que el poder de turno puede interpretarla discrecionalmente y hacernos creer; en este caso, que sólo el Estado Puede administrar estos fondos.
Por un lado, todos sabemos que los servicios de salud en el país son privados y públicos, y que esto no necesariamente contradice la CPE; y, por el otro, que la CPE se refiere a los servicios de seguridad pública, pero los aportes para la jubilación nunca fueron públicos, sino más bien, privados. Entonces, podría interpretarse que la Constitución no prohíbe que instituciones privadas administren esos fondos.
En esta misma línea, Carlos Alarcón cita el artículo 362 de la CPE: “se autoriza a YPFB suscribir contratos, bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas y extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre y en su representación, realicen determinadas actividades…”, para poder afirmar que sin necesidad de concesionar o privatizar, el Estado puede ceder la administración de estos fondos a entidades privadas o públicas.
Lo cierto es que, independientemente de este razonamiento, requerimos que los fondos no desaparezcan ni sean mal utilizados, por que son fondos privados; y, por otro lado, requerimos que se invierta este dinero en bonos, letras u otros que aseguren un mayor rendimiento de manera sostenible.
En ese sentido, y tras una charla con mi amigo Jorge Trujillo, me permito mencionar algunas recomendaciones, independientemente de quién administre estos fondos.
- La Gestora debería ser una entidad privada de derecho público, en vista que los aportes siempre serán privados, bajo la figura de fideicomiso. Por lo que se puede proponer una transición de dicha institución, de pública a privada, administrada por los aportantes, bajo la mirada del Estado.
- Lo anterior implica que el Directorio de la administradora de fondos, no puede ser una definición del poder ejecutivo. Se puede encargar a una institución internacional, como la OEA o la ONU, en coordinación con el Órgano Electoral, que lleven adelante elecciones vía virtual, para que todos aquellos profesionales del área de finanzas y/o economía postulen a estos cargos, en una elección restringida a todos los partícipes del fondo de pensiones, activos o jubilados (2,5 millones de ciudadanos aproximadamente). Pero, además, este Directorio debería designar mediante un reglamento claro a la planta ejecutiva y de trabajadores de la Gestora (pública o privada).
- El Estado, a través de la Asamblea legislativa y el Ministerio del área, podrán supervisar y fiscalizar todos estos procedimientos y la administración misma.
- Además, se podrán elegir “Síndicos” por cada regional que también fiscalicen cada uno de los procedimientos administrativos de la gestora.
- Como menciona Mauricio Ríos, la Gestora debería cotizar en la Bolsa Boliviana de Valores, para mejorar la eficiencia administrativa y transparentar la información respecto a la misma.
- Si la Gestora permanece como una entidad pública, no sólo se debe asegurar que se mantenga el nivel de las jubilaciones, sino también, que se mantenga el valor de las mismas indexada a la inflación de una canasta básica de alimentos y no al IPC, que refleja una engañosa inflación, incluso negativa.
- Ningún gobierno podrá utilizar estos fondos si supera un déficit fiscal de 4%, y las inversiones deberán siempre priorizar el rendimiento y rentabilidad de las mismas.
Sin embargo, de todo lo manifestado, debemos pensar en algo fundamental, la sostenibilidad del Sistema de Pensiones.
Dado que el sistema de reparto depende de los aportes de la población dentro del sistema de pensiones (activos), para solventar la jubilación de los pasivos (jubilados), nos enfrentamos en la actualidad a un problema estructural. Por un lado, sabemos que sólo el 13% del total de esta población es la aportante efectiva al sistema de pensiones (de los 2,5 millones), lo que implica que la capitalización sólo puede solventar la jubilación de 3 de cada 5 personas; y por el otro; pese a que Bolivia cuenta con una población joven, 84 de cada 100 ciudadanos aportan al sistema de pensiones (de los 7 millones de bolivianos en edad de trabajar). Por lo tanto, si no se soluciona este entuerto, ningún sistema de pensiones es sostenible, independientemente de quien lo administre.
Por esta razón, y como en la mayoría de los análisis sobre la realidad nacional, nuevamente la discusión mayor debe centrarse en el modelo económico y los efectos del mismo sobre la población. Este modelo económico, claramente expulsó a la mayoría de los ciudadanos del mercado laboral formal, empujándolos a la informalidad; destruyó el aparato productivo y condenó a nuestros abuelos, padres y a nosotros mismos, a que cuando superemos la edad de trabajar, contemos con una pensión tan baja que inmediatamente pasemos a la estadística de población pobre, o en otro caso, no contemos siquiera con ningún tipo de jubilación, convirtiéndonos en una carga para la sociedad y nuestros hijos.
En cualquier caso, queda claro que debemos impedir que nuestra plata quede en manos de políticos que discrecionalmente deciden no sólo sobre nuestros ahorros, sino sobre nuestro futuro.