Los uniformados entraron ayer a tres comunidades y concluyeron la tarea que no terminaron el sábado. Detuvieron a ocho dirigentes, que se sumarán a otros tres que están en La Paz
Un total de 22 vehículos, con más de 250 agentes, reiniciaron la erradicación. Foto: AFKA
IVÁN PAREDES TAMAYO – [email protected]
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Impotente lloraba y pedía que no erradicaran sus cocales. Abrazó a sus tres niños, se sentó y se limitó a observar cómo los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) arrancaban las raíces de la coca que había sembrado hace un mes. La súplica no sirvió. En 20 minutos, lo que ella definió como su único ingreso de supervivencia, se esfumó. Así, Lía Pachi, de la comunidad Miraflores, se quedó sin nada.
A las 5:50 de ayer, 22 movilidades salían de Apolo para sentar presencia en tres comunidades (Miraflores, Piedra Blanca y Copacabana) donde faltaba erradicar. En el camino se quedaron tres contingentes. Estaban armados con fusiles FAL y pistolas. Subieron a los cerros para evitar una emboscada. Tras 50 minutos de viaje llegaron a Miraflores cerca de 250 agentes de la FTC, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), de la UTOP y GICE. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que ese grupo de seguridad acompañará a los erradicadores en lugares conflictivos desde ahora. No hubo resistencia porque no había dirigentes, solo mujeres y niños.
Los dirigentes Víctor Machaca y Lisandro Fernández se asomaron a reclamar y fueron detenidos. El fiscal asignado al caso, Leopoldo Ramos, señaló que además de estos dos dirigentes hay otros seis más detenidos en Apolo, todos bolivianos, que irán hoy a La Paz y se sumarán a los otros tres que ya están recluidos desde el martes la sede de Gobierno
Hay confusión, porque ayer en Sucre el fiscal general, Ramiro Guerrero, dijo que dos de los detenidos, y no precisó cuáles, son extranjeros.
El viceministro de la coca, Gumercindo Pucho, intentó evitar las protestas durante el operativo de ayer. Pidió a los pobladores que se sumen al sistema biométrico. Ellos no aceptaron. “Entregue veneno en vez de erradicar nuestra coca, igual moriremos”, suplicó un vecino. La autoridad detalló que solo 36 familias cumplen el proceso de catastro en Miraflores y que los demás –unos 32- quedarán sin sus cocales. “Así es la ley”, sentenció.
En paralelo, dos fiscales y sus equipos recolectaban “pruebas” para investigar lo sucedido. En los cerros aledaños los policías encontraron carpas, que, según los pobladores, se instalaron para hacer su vigilia, pero el ministro Romero explicó que estas unidades fueron utilizadas el día de la emboscada como un centro de operaciones y que ahí se encontró banderolas que supuestamente sirvieron de alertas para anunciar el ingreso de los erradicadores.
Fiscales recolectan pruebas en el lugar
Una comisión de fiscales, encabezada por Gregorio Blanco, recolectó pruebas sobre lo sucedido el sábado, cuando fallecieron cuatro personas. Se decomisaron un par de botas militares y un uniforme de policía. Los moradores explicaron que una misión de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo pidió que coadyuvaran con la indagación.
“Llevamos elementos que aporten a la investigación”, señaló Pacheco, mientras colocaba letreros donde supuestamente llegaron algunos disparos de balines. Los lugareños se limitaron a observar cómo ingresaban a sus hogares y pedían a los fiscales que evidenciaran cómo los uniformados maltrataron sus domicilios el día de la tragedia. “Acá están los restos de los gases (lacrimógenos)”, alertó una vecina.
Fuente: El Deber.