A dos años de la elección por voto directo de los 56 magistrados de los máximos tribunales del Órgano Judicial, no se advierten los resultados esperados de esa modalidad de elección. La estructura judicial del país no cambió sustancialmente.
Los Tiempos, Cochabamba
Ciudadano emite su voto en las elecciones directas de magistrados, realizadas en 2011. Foto Los Tiempos.
La gestión es calificada como negativa y profundizó la crisis, según juristas y los propios magistrados.
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En octubre de 2011, se llevaron a cabo las elecciones por voto directo de los magistrados de los Tribunales de Justicia bajo el lema de “construir una nueva justicia”.
A dos años de esa fecha, especialistas del campo judicial califican de “fracaso” la iniciativa del actual Gobierno nacional, pues consideran que durante todo este tiempo “nada ha cambiado y la crisis se ha agudizado”, como señaló el abogado constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional, Antonio Rivera.
Para el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi (MAS), si bien se ganó en el campo de la legitimidad de los jueces y magistrados, los problemas persisten pues en estos dos años no se lograron cumplir las expectativas de la población.
Dependencia profunda
“La crisis que pensamos solucionar se ha complicado y no depende sólo de nosotros. Existe una deuda pendiente, las grandes expectativas que tenía la población no fueron cumplidas”, dijo Cusi.
“Son dos años sin cambios y la dependencia de los jueces magistrados hacia el poder constituido se ha profundizado”, señaló por su parte el presidente del Colegio de abogados de Cochabamba, Jorge Pinto.
Según Rivera, los autores de la norma constitucional que introdujeron el sistema del voto directo, tenían como objetivo superar la crisis del sistema judicial.
La idea de la reforma era sustituir la injerencia política, que se manifestaba a través del “cuoteo político”, por la legitimación democrática directa, algo que no está sucediendo en la práctica.
Pinto afirmó que optar por el sistema de sufragio popular fue un “error” pues “siempre” se debe tratar de que “esos cargos sean ocupados mediante concurso de méritos, (por lo que) el voto no es la manera más idónea”.
Tanto para Rivera como para Pinto, la elección de jueces y magistrados profundizó la relación de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y, por consiguiente, también profundizó la dependencia del órgano judicial en relación al Ejecutivo.
Ambos especialistas coincidieron también en que existe una marcada relación partidaria entre algunos magistrados elegidos y el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que deriva en la politización de la justicia.
Retardación de justicia
La elección de los magistrados por voto directo no solucionó la retardación de justicia pues “persisten los grandes índices de corrupción sin aclarar, vemos también una constante violación de la justicia y la Constitución Política del Estado (CPE)”, dijo Rivera.
Se conoce que existe más de una decena de jueces que son investigados por estar presuntamente involucrados en actos de corrupción.
Por otra parte, se cuestiona la visión “reduccionista” que tuvo el Gobierno a la hora de viabilizar el sistema de voto directo como la única fórmula para dar solución a la crisis de justicia en Bolivia, ya que “la justicia no se mejora con el cambio de sistema de selección de los miembros, sino con políticas de fondo”, señaló Pinto.
“No era suficiente elegir a los jueces, los problemas responden a causas estructurales”, argumentó.
Desafíos
Según Cusi, existen dos grandes desafíos que deberán ser encarados en los siguientes años por los Tribunales de Justicia y son profundizar la independencia del Órgano Judicial y conseguir mayores recursos económicos.
Para Cusi, hay una clara tendencia del Gobierno central a controlar la totalidad de los poderes del Estado.
“Hay una clara tendencia, el Órgano Ejecutivo pretende controlar al Órgano Judicial, no podemos hablar de independencia cuando tenemos jueces amenazados, eso deberá cambiar”, dijo.
En el campo de los recursos económicos, Cusi dijo que el Órgano Ejecutivo sólo destina el 0,91 por ciento del presupuesto general al Órgano Judicial.
“Eso sirve sólo para sueldos y la justicia no es sólo sueldos, el Gobierno se resiste a destinar más recursos”, dijo
Señaló que persisten los problemas en cuanto a la concentración de recursos económicos, pues los escasos recursos no están bien distribuidos, hay grandes asimetrías y también deben resolverse deficiencias de infraestructura, equipamiento tecnológico y recursos humanos.
Por otro lado, dijo que también se debe dar solución al problema de la falta de acceso a la justicia, pues los sectores más desfavorecidos aún no pueden acceder.
“Se debe exigir que el Legislativo promulgue nuevas leyes para que el Órgano Judicial, las haga cumplir”, finalizó Cusi.
Pluralismo jurídico sin avance
El Pluralismo Jurídico no pasa de ser un discurso, un concepto o de ser algo simbólico pues los avances en este tema, en la práctica, son escasos, según lo manifestó el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi.
Según la Constitución Política del Estado (CPE), se establece que Bolivia se funda en la pluralidad y los pluralismos; entre ellos, el pluralismo jurídico que desplaza el monopolio del Estado en la producción normativa, en consecuencia, reconoce otros sistemas de derecho, como el de los indígenas.
En la actualidad, existe un desconocimiento de la justicia indígena porque “se piensa que esa justicia no sirve”, dijo Cusi, a tiempo de admitir que la justicia ordinaria y sus formalismos lograron imponerse en la mentalidad de alguno de sus colegas del TCP.
“La mentalidad colonial de la justicia ordinaria está muy presente en alguno de mis compañeros”, dijo Cusi.
Reconoció que todavía no se ha logrado descolonizar la justicia para poder hablar realmente de un pluralismo jurídico, pese a que se le ha dado a la justicia comunitaria la misma jerarquía que la justicia ordinaria.