El Gobierno emitió dos decretos supremos para controlar y limitar la venta de combustible en el país, tras denuncias de que el hidrocarburo subvencionado sale del país por contrabando.
Fuente: ANF
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), a la cabeza de Santiago Cruz, emitió este lunes un voto resolutivo en rechazo a los Decretos Supremos 4910 y 4911 que limitan la venta de carburantes en el país, exigen la paralización de las normas hasta que sean socializadas.
“Sobre los decretos, exigimos al ministro de Hidrocarburos y al director nacional de Hidrocarburos que de forma urgente nos convoquen a una reunión sobre el tema, puesto que no fue socializado, ni mucho menos consensuado con los sectores productivos como es el caso de las cooperativas mineras. Mientras no suceda eso, pedimos al Gobierno central paralizar la aplicación de ambos decretos supremos”, reza el voto resolutivo.
Cruz informó que su sector se declaró en estado de emergencia porque los decretos emitidos por el Gobierno apuntan a perjudicar a su sector ya que trabajan con el diésel y la gasolina.
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“Por eso el sector cooperativo minero está molesto. No nos podemos perjudicar, no nos pueden limitar (la venta de combustible), no nos pueden tal vez atrasar el trabajo correspondiente al sector minero cooperativista”, añadió Cruz.
La segunda resolución que sacaron fue conminar al ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, para que “libere” la comercialización de estaño producido por los cooperativistas mineros.
Además, rechazaron que los asambleístas de la facción “renovadora” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi y Andrés Flores busquen dividir al sector cooperativizado.
“De manera pública, censuramos al senador Felix Ajpi Ajpi y al diputado Andrés Flores Condori que nada tienen que ver con el sector minero cooperativizado, pero en abuso de sus funciones han interpuesto una acción de inconstitucionalidad abstracta cuya finalidad es fragmentar al sistema cooperativo a nivel nacional”, aseguró Cruz.
El Gobierno emitió los decretos supremos 4910 y 4911 la semana pasada para controlar y limitar la venta de combustible en el país que registró una fuga en grandes cantidades para actividades ilegales.
Ambos decretos tienen la finalidad de mantener el normal suministro del mercado interno “sin afectar al transporte público y privado”; por lo tanto, desde el Gobierno informaron que no afectará a particulares ni a ninguna actividad lícita.
Desde hace más de 15 años, la gasolina especial a se vende en Bs 3,74 por litro y el diésel a Bs 3,72 por litro, precio subvencionado para el mercado nacional.
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