El nivel “todavía es aceptable”, según analistas, pero requiere atención por su impacto en la otorgación de los créditos y los mayores problemas económicos que ello puede causar en el mediano plazo.
Fuente: El Deber
El disminución de la liquidez del sistema financiero se ha acentuado en los últimos meses producto de la escasez de dólares y la incertidumbre que causó en ciertas familias la situación del Banco Fassil. El nivel “todavía es aceptable”, pero requiere atención por su impacto en la otorgación de los créditos y los mayores problemas económicos que ello puede causar en el mediano plazo.
El último reporte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) da cuenta de que la capacidad promedio que tienen bancos, mutuales, cooperativas y entidades de desarrollo para afrontar sus obligaciones a corto plazo, como la devolución de los ahorros de sus clientes, está en su nivel más bajo desde 2005.
Entre 2005 y 2010, el promedio anual de disponibilidades e inversiones temporarias estuvo en 77,3%, entre 2011 y 2015 en 70%, y entre 2016 y 2022 en 62%. En 2021 se mantuvo en 62%, en 2022 bajó al 60% y a marzo de 2023 cayó al 56%.
Expertos coinciden en que, hoy por hoy, el deterioro de la posición de liquidez del sistema financiero tiene que ver especialmente con el hecho de que, buscando proteger su dinero, una parte de la población retiró todo o parte de sus ahorros de las entidades financieras para comprar divisas, colocarlos en otra entidad del sector o guardarlos en casa.
“Mucha gente ha sacado sus ahorros en bolivianos buscando refugio en una moneda más segura: dólares, euros o soles. A eso se ha suma la inseguridad que representó el caso de Fassil”, sostuvo el analista financiero, Jaime Dunn.
“No es que haya una falta de confianza en el sistema financiero, pero sí hay más confianza en algunas entidades que en otras. Mucha de la liquidez ha salido de algunos bancos y se ha ido a otros (…); otras personas han sacado su plata, pero no la han puesto en ningún banco”, agregó.
En el primer trimestre de este año, las disponibilidades (el dinero en efectivo que la banca tiene en caja, así como valores de cobro inmediato) se redujeron en Bs 8.509 millones, de Bs 65.101 millones a 56.592 millones (-13%); mientras que el ahorro de la población disminuyó en Bs 8.796 millones, de Bs 224.040 millones a 215.244 millones (-4%). Los productos más afectados fueron las cajas de ahorro (-9,15%).
Un análisis estadístico de Dunn muestra que entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 las disponibilidades en nueve bancos bajaron en un rango entre el 5 y 46%, en tanto que en otros tres bancos aumentaron entre un 1 y un 37%.
Un caso excepcional es el de Fassil, cuyas disponibilidades en ese periodo cayeron en 94%. Ese banco fue intervenido por la ASFI el 26 de abril por no haber tenido la capacidad de devolver los ahorros de sus clientes.
Dunn hizo notar que, así como están escasos los dólares, también “están cada vez más escasos los bolivianos”, es decir, el financiamiento en moneda nacional que pueden obtener las entidades financieras en el mercado interno.
Y la menor liquidez se puede observar también en el mercado bursátil. “Todo el mercado de reportos ha colapsado. Las tasas han subido muchísimo por la falta de liquidez”, remarcó.
Armando Álvarez, ex gerente de la Bolsa Boliviana de Valores, explicó que los bancos invierten sus excedentes de dinero disponible en operaciones de reporto (de corto plazo) a fin de obtener un rendimiento mientras encuentran clientes a quienes prestar.
“Como la liquidez se ha reducido por varios motivos, como los retiros para compra de dólares y para el pago del impuesto a las utilidades, la preferencia de los bancos para mantener liquidez a fin de atender los posibles retiros de clientes ante la incertidumbre que genera el tema de Fassil y la incertidumbre que causa la falta de información por parte del BCB y el Gobierno, es que los bancos han reducido sus inversiones en esas operaciones”, detalló.
Dunn recordó que “el dinero se está volviendo cada vez más escaso” también por la estrategia que ha implementado el Gobierno en los últimos tres años para financiarse en el mercado interno.
En 2021, el 82% de los valores del Tesoro General de la Nación (TGN) fueron adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las mayores inversoras del país, lo que deja menos recursos disponibles para otros actores como la banca.
Un primer impacto de esta situación es la desaceleración del crédito. Datos de la ASFI muestran que el crecimiento anual de la cartera crediticia osciló entre un 12,2% y un 24,1% de 2009 a 2018 y que ese rango se contrajo del 4,1% al 7,9% entre 2019 y marzo de 2023.
“La reducción de los depósitos por parte de los ahorristas en el sistema financiero repercute directamente en la disminución de la colocación de créditos al público; por lo tanto, genera menos opciones de acceso a créditos para inversiones en el país, capital operativo y todo movimiento económico”, alertó Claudia Pacheco, vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz.
“Este es un tema que hay que empezar a analizar”, dijo Dunn.
“Uno de los desafíos importantes que está enfrentado el sistema financiero es la reprogramación de los créditos, que se asocia con el deterioro de la capacidad de pago de los deudores, como resultado de varios aspectos, entre ellos la desaceleración de la economía”, observó Beatriz Muriel, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), quien considera que “las políticas en torno a la otorgación de créditos deben ser más cautelosas”.
Pero la desaceleración del crédito es solo uno de los efectos que puede tener esta situación.
Dunn recordó que “todos los problemas económicos no se producen de la noche a la mañana”. En el caso de Bolivia, dijo “estamos en medio de una crisis fiscal que ya ha pasado a una crisis cambiaria” que “se puede acentuar”con una menor disponibilidad de moneda nacional.
En esta cadena de sucesos, la caída de ingresos del país ha causado ya un déficit fiscal que se arrastra desde hace nueve años (con un promedio anual del 7,9%), una “muy fuerte” reducción de las reservas internacionales netas (RIN) y la disminución actual de la disponibilidad de dólares.
Esta línea puede continuar con una menor disponibilidad de bolivianos que reducirá las importaciones y aumentará los precios, la inflación y las tasas de interés.
Así se “empieza a poner mucha presión hacia el alza en la mora y hacia la baja en la otorgación de créditos. Esto puede combinarse con una fuerte falta de confianza del público que se traslada a una crisis económica”, advirtió Dunn.
“Para generar certeza y brindar tranquilidad a la población, es menester que la ASFI y las entidades financieras comuniquen los acontecimientos adecuadamente, en tiempo y forma”. La reguladora, asimismo, “debe tener un plan a largo plazo que genere certidumbre en la población”, remarcó Pacheco.
“Es necesario una reforma estructural que consiga subsanar la escasez de dólares lo antes posible. La aprobación de la ley de oro no es suficiente, dado que se deben tomar otras medidas de fondo como el acceso a financiamiento internacional, la eliminación de los cupos de exportación para lograr el ingreso de divisas, la reducción del gasto corriente, la revisión de las tasas reguladas y la eliminación del ITF, para que el ahorrista -al momento de tenerlos- vuelva a depositar los dólares, demostrando confianza en el sistema”, aseveró la economista.
Interés de las Letras del Tesoro sube del 0,5 al 5%
Una de las últimas acciones de la estrategia del Gobierno para financiarse y para retirar liquidez de la economía es la elevación del interés de las Letras del Tesoro que subasta el Banco Central de Bolivia (BCB). Las tasas de estos valores en moneda nacional y a 364 días hoy están en 5,9%, cuando en enero estaban en 0,5%, según datos del ente emisor.
“No hay banco que pueda igualar eso”, remarcó el analista financiero Jaime Dunn. “El Gobierno usa esta estrategia para financiarse y para evitar que la población tenga mucho dinero en sus bolsillos con los que pueda demandar los escasos dólares”, indicó el experto.
Según el BCB, estas letras son valores de corto plazo emitidos para fines de regulación monetaria, vinculada con la estabilidad de precios y la expansión económica. Se prevé que la inflación al cierre de 2023 se sitúe en torno al 3,3%.
“La inflación aumentaría paulatinamente a partir del segundo semestre, acorde con el desenvolvimiento esperado de la actividad económica nacional e internacional. No obstante, existen riesgos, tanto internos como externos, que podrían ocasionar que la inflación se desvíe respecto a la trayectoria proyectada”, considera el Banco Central.
Entre los riesgos al alza previstos están: un mayor impacto al esperado de fenómenos climáticos sobre la producción agropecuaria, agio y especulación en los centros de abasto, y aceleración inesperada de la inflación en mercados y socios externos.
Fuente: El Deber