Tensión en Villa Montes; hay desbande de activistas.
Medida. La detención de un cívico del Chaco caló hondo en los prefectos. Piden garantías al Presidente, pero el ministro Quintana dice que no hay motivos para congelar las negociaciones; hay incertidumbre
El Deber
Henrry Ugarte A. | [email protected]
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Pasivos. Autoridades y técnicos de las regiones se replegaron en el hotel Portales; esperan la palabra del Presidente
El incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno, entre ellos el compromiso de suspender la persecución de los dirigentes que participaron en protestas, se agravó tras la detención del ciudadano José Vaca en Villa Montes y eso frenó el diálogo. Ahora los prefectos opositores condicionan su continuidad a una respuesta del presidente de la República, Evo Morales, al que le piden garantías para seguir negociando.
La ‘cacería’ de dirigentes cívicos provocó el rechazo de autoridades de las regiones autonomistas, incluida la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, que anoche se trasladó a Cochabamba para sumarse a la protesta pasiva de sus colegas de Tarija, Mario Cossío, de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez.
El anuncio de la suspensión de las negociaciones en las mesas técnicas lo hizo ayer desde Cochabamba el prefecto tarijeño, Mario Cossío. «Desde el principio del diálogo hemos soportado amenazas, presiones y hasta humillaciones por parte del Gobierno. Este tipo de abusos, persecuciones y detenciones, que incumplen el primer acuerdo, provoca que hagamos un alto», dijo.
Según Costas, que viajó ayer al mediodía a la capital valluna, las acciones del Gobierno pretenden hacer fracasar el diálogo y echarle la culpa a los prefectos de una ruptura de las conversaciones, que se reiniciaron hace dos semanas. Señaló al vicepresidente, Álvaro García Linera, como responsable.
«Estos son actos terroristas. No puede ser que el Gobierno persiga y detenga a la gente cuando tiene un acuerdo firmado. Así no podemos seguir negociando», sostuvo a su turno Savina Cuéllar.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, llamó a los prefectos a que retornen al diálogo para pacificar el país y se mostró «extrañado y preocupado por la ruptura unilateral de las negociaciones. «No es posible que los prefectos suspendan el diálogo con la intención de encubrir un delito común», agregó.
Desde Bogotá, el ex presidente Carlos Mesa descartó la posibilidad de un derrocamiento de Evo Morales y de una guerra civil, y pronosticó que, tarde o temprano, todas las regiones de Bolivia serán autónomas, aunque el camino para lograrlo será ‘traumático’.
Los acuerdos incumplidos
Sin detenciones
El documento ‘Bases para instalar el diálogo y construir un gran acuerdo nacional’ del 16 de septiembre establece: No se impulsarán acciones judiciales que tengan connotación política contra dirigentes cívicos, sociales y autoridades de los departamentos movilizados que hayan actuado por las reivindicaciones regionales que precedieron a este acuerdo; como también paralizar toda campaña mediática de desprestigio en contra de las autoridades.
Bloqueos y cercos
El 19 de septiembre, el Gobierno y los prefectos acordaron el levantamiento de todos los bloqueos de caminos en el territorio nacional. El texto sostiene: Las partes deberán iniciar el proceso de pacificación del país, restableciendo plenamente la convivencia pacífica entre los bolivianos y haciendo los esfuerzos necesarios para frenar de manera inmediata la violencia en todo el territorio nacional. El Gobierno recién ordenó el repliegue del cerco a Santa Cruz el martes 23 de septiembre.
Arreglos verbales
Entre el domingo 28 y lunes 29 de septiembre, el presidente de la República, Evo Morales, se reunió con los prefectos Rubén Costas y Mario Cossío.
Según comentaron ambas autoridades regionales, en el encuentro acordaron poner sus mayores esfuerzos para concluir el diálogo en esta semana y firmar el gran acuerdo este domingo 5 de octubre en Cochabamba. «Lo que hace el entorno del Presidente no condice con los acuerdos», dijo ayer Cossío.
Alerta en el Conalcam
Tras conocer la decisión de los prefectos opositores de suspender el diálogo con el Gobierno, la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) determinó un estado de alerta permanente entre los movimientos sociales afines al MAS, y hoy pueden realizar un ampliado extraordinario para analizar la situación y definir nuevas medidas de presión.
Según el programa de actividades del Conalcam, este sábado comenzará en Oruro el proceso de divulgación de la nueva Carta Magna, y el lunes 13 de octubre la marcha desde Caracollo hasta La Paz. El objetivo es llegar el miércoles 15 para cercar el Congreso y obligar a los parlamentarios a que aprueben el proyecto de ley de convocatoria a referéndum constitucional.
Hay un juego muy peligroso
María Teresa Zegada / Politóloga
El freno al diálogo lo reduce a un simple simulacro que buscaba un acuerdo nacional, pero con una gran dosis de falta de seriedad por parte de ambos bandos.
Por un lado, el Gobierno no puede fijar las bases de un encuentro para pacificar el país, si de forma paralela está ejecutando acciones que entorpecen el escenario de paz y convivencia social.
Por el otro, los prefectos no pueden establecer una agenda y después pedir cambios como lo están haciendo con el nuevo texto constitucional; ambas partes practican un juego peligroso para el país.
El costo de este tipo de acciones y decisiones es previsible: una nueva movilización de los sectores sociales.
Es la reacción más esperada
José Luis Pedraza / Politólogo
La decisión de los prefectos de frenar el diálogo para hacerse respetar es tardía, pero a la vez muy oportuna y esperada, más allá de los costos que pueda tener si finalmente no alcanzan un acuerdo.
El Gobierno ha utilizado el diálogo para ganar tiempo y ahora queda demostrado que las persecuciones son parte de la imposición de su proyecto totalitario; este tipo de persecuciones políticas no se vieron en el país ni en los peores tiempos de dictaduras.
Aquí no cuenta el costo de la decisión de los prefectos porque las regiones autonomistas tenían una mejor posición antes del diálogo. Ahora han soportado mentiras y humillaciones desde el primer día de las reuniones.
LA OPOSICION POLITICA TEME POR LOS AVANCES
La Razón
DIÁLOGO
Luego de la suspensión del diálogo en Cochabamba, Podemos y Unidad Nacional (UN) lamentaron que se haya registrado esta situación en un momento en el que se avanzaba hacia acuerdos en temas centrales de la discusión político-regional.
El senador y delegado de Podemos, Carlos Bohrt, señaló que la paralización llegó «cuando se estaba avanzando con mucha esperanza», por lo que expresó su deseo de que se restablezca el diálogo a la brevedad posible, para dar continuidad al ritmo de búsqueda de acuerdos.
«Esperamos que en las próximas horas, entre el Gobierno y los partidos, si podemos contribuir en algo, podamos remediar esta situación», añadió el legislador.
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, a nombre de sus colegas de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, anunció el repliegue se sus delegados del diálogo, tras acusar al Gobierno de haber incumplido el compromiso de suspender las detenciones políticas y la propaganda a favor del texto constitucional.
La decisión fue tomada en momentos en los que se perfilaban acuerdos en el diálogo, en materias como las competencias autonómicas y la conceptualización de modelos autonómicos.
Los delegados de Podemos, al igual que de UN, se replegaron de las mesas de concertación. El constituyente de este partido Ricardo Pol informó que retornarán al trabajo político una vez que el gobierno de Evo Morales reafirme su respeto a los compromisos asumidos para dar paso a la negociación. «Nosotros también hemos decidido replegarnos hasta que el Gobierno dé una respuesta muy claras a estas interrogantes», expresó Pol.
ENCUENTRO
Proceso • El diálogo político busca acuerdos que den viabilidad a la convocatoria al referéndum sobre el texto constitucional del MAS. Veedores internacionales participan de esta iniciativa de diálogo.
Oposición • Los prefectos de Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija creen que más allá de las autonomías también deben considerarse otros aspectos que hacen al texto constitucional, entre ellas la reelección y el carácter del Estado.
EL GOBIERNO LLAMA ARETOMAR LA NEGOCIACION
POSICIÓN
El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó a los prefectos de Beni, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca de usar como pretexto la detención de una persona para paralizar el diálogo, y los convocó a reinstalar las mesas de trabajo.
«Los prefectos no tienen que usar ningún pretexto para abandonar el diálogo, que no sea otro que el que los propios prefectos hayan decidido unilateralmente abandonar el diálogo», sostuvo y aseguró que el Ejecutivo «respeta los derechos constitucionales».
El prefecto Mario Cossío, a nombre de sus colegas, hizo conocer la decisión de replegarse del diálogo porque el Gobierno incumplió el compromiso de suspender las detenciones políticas, la propaganda a favor del texto constitucional y en contra de las autoridades prefecturales.
«No hay argumento razonable para que quieran suspender el diálogo; por lo tanto, convocamos nuevamente a los prefectos a retornar a la mesa del diálogo», señaló Quintana en el Palacio.
El ministro consideró que «no es apropiado» vincular el diálogo con la detención de una persona sospechosa de cometer un delito, «a no ser que los prefectos tengan vinculación con la explosión de válvulas (de las plantas gasíferas en el Chaco)».
«Ojalá los prefectos retornen a la mesa de negociación», insistió el Ministro de la Presidencia.
LAS MESAS
Autonomías • El Gobierno y los prefectos intentan compatibilizar el texto constitucional y los estatutos autonómicos. Los aspectos complejos se relacionan a las competencias y a la autonomía provincial.
Distribución • Otro eje del encuentro de Cochabamba está relacionado con el destino de los recursos del gas. Las prefecturas reclaman la restitución del recorte de los recursos hecho por el Gobierno para pagar la renta Dignidad.
TENSIÓN EN VILLA MONTES; HAY DESBANDE DE ACTIVISTAS
Reacción. La mujer del detenido José Vaca espera su tercer hijo. Para ella, el hecho fue ilegal. El Gobierno lo niega
El Deber
Gustavo Ondarza | [email protected]
Herido. Linder García fue dado de alta, junto a su compañero Henry Camacho
Los dirigentes cívicos de esta ciudad se han puesto a buen recaudo desde que el anterior martes se detuvo a un funcionario de la cooperativa de servicios (Setar), José Vaca, por estar acusado de ser uno de los que tomó violentamente la planta de gas de Vuelta Grande en Chuquisaca, durante el bloqueo en la zona del Chaco boliviano en agosto pasado, y que duró casi un mes, en demanda de la restitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos a las prefecturas.
La región vive momentos de tensión porque el rumor de que hay una lista de 18 dirigentes que lideraron el movimiento cívico en ese entonces ha corrido como reguero de pólvora. La ciudad ahora tiene otro movimiento.
Entretanto, la familia de José Vaca aguarda con preocupación noticias del afectado, que fue detenido por agentes enviados por el Ministerio de Gobierno el martes, a las 16:00, según testigos.
Su esposa, Rosario Centeno, que ayer cumplió años y está a punto de dar a luz a su tercer hijo, ha tenido un trajín perjudicial para su salud, desde que se enteró de la detención de su marido. «No me he podido comunicar con él aunque me han informado de que está en La Paz», dijo anoche, al promediar las 23:00. Para ella, la detención es ilegal porque no hubo notificación de un fiscal ni existió una citación de las autoridades, y fue conducido a La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en Tarija. En este caso, otras dos personas resultaron lesionadas, pero ayer fueron dadas de alta, aunque con tres días de impedimento. Otros familiares reconocieron que Vaca, como empleado de Setar, estuvo en los piquetes de bloqueo, pero no participó de la toma de la planta de gas. Ante la situación, empleados y funcionarios de las entidades como la Subprefectura, la Alcaldía, el Magisterio y Setar temen caer presos, porque la mayoría estuvo apoyando activamente el bloqueo, por lo que han pedido a sus dirigentes que se pronuncien al respecto. En Villa Montes no hay autoridad que hable del tema. El alcalde de Tarija, Óscar Montes, coincidió en ese aspecto con Centeno, porque consideró como un ‘secuestro’ la captura de Vaca.
Para el Gobierno, esta detención fue ‘legal’ porque se presentó un requerimiento del Ministerio Público y se cumplieron con los procedimientos que establece la ley
Es una gran torpeza
Freddy Soruco / General (r) de la Policía y abogado
Cuando se está negociando no se debe perturbar el diálogo con acciones pequeñas, como detenciones, torturas y todo lo que está haciendo el Gobierno. No se puede negociar si están deteniendo a los que han luchado por las autonomías. Se tiene que postergar el diálogo hasta que se suspendan las medidas de presión. Después de haber negociado en un diálogo, se debe actuar de acuerdo con las normas legales. El Presidente no está siendo bien asesorado por los ministros o no puede negociar. Las detenciones no se ajustan a la legalidad. A principio se tiene que acatar lo firmado en el compromiso. Esto es una gran torpeza.
La cronología
– 11 de septiembre
Autonomistas y seguidores del Gobierno se enfrentaron en la población pandina Porvenir y causaron la muerte de más 20 personas y más de 35 heridos.
– 12 de septiembre
El Poder Ejecutivo decreta estado de sitio en Pando, después de que dos personas fallecieran en el aeropuerto pandino. Ese mismo día, en Tiquipaya, campesinos masistas que marchaban a Santa Cruz se enfrentaron con unionistas.
-14 de septiembre Los militares ocuparon Cobija, a las 2.00, pero después se replegaron al aeropuerto para concentrarse en zonas rurales cercanas a Filadelfia.
– 16 de septiembre
El prefecto pandino, Leopoldo Fernández, fue detenido y llevado a La Paz.
– 17 de septiembre
Muere el unionista cruceño Edson A. Ruiz Aguayo a raíz de las agresiones que sufrió en Tiquipaya.
– 18 de septiembre
Leopoldo Fernández fue enviado a la cárcel de San Pedro, acusado de terrorismo y obstaculización de la justicia. Ese mismo día, la Sala Penal Tercera declaró improcedente el hábeas corpus que interpuso su defensa. En Cochabamba, los prefectos opositores y el Gobierno instalaron el diálogo. Definieron tres comisiones.
– 20 de septiembre
El Gobierno designa al militar Landelino Rafael Bandeiras como el nuevo prefecto de Pando.
– 22 de septiembre
Fiscales llegaron hasta San Carlos para desarmar a los campesinos que marchaban a la capital cruceña. El intento fracasó. En La Paz, el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal determinó el traslado de Fernández a la ciudad de Sucre. El Gobierno rechazó ese dictamen.