Manfredo Kempff Suárez*
Una forma de descontrol y degeneración de un proceso de Gobierno se produce cuando aparece la figura del asalto a la propiedad privada. Si la administración gobernante dice que existe seguridad jurídica en una nación – como es el caso boliviano – y por otro lado no hace absolutamente nada efectivo para detener a los depredadores, significa dos cosas: inoperancia absoluta o complicidad con el bandidaje. En el caso de las ocupaciones de tierras en Santa Cruz da la impresión de que existe inoperancia y complicidad.
No se trata de quejarse cada vez de los desmanes masistas, a lo que tenemos todo el derecho, porque vemos que eso es inútil; durará mientras dure su poder, mientras se mantengan gobernando. No pretendemos, de ningún modo, lamentarnos del destino que nos corresponde vivir únicamente a los cruceños en estos años malos, porque lo de las ocupaciones no se produce solamente en Santa Cruz. Más de un centenar de minas privadas han sido asaltadas por mineros en el occidente del país. Así que si bien las tierras productivas son ambicionadas por loteadores en el oriente, las minas rentables también lo son por mineros, muchos liderados por conocidos negociantes afines al partido oficialista.
Lo de las tierras cruceñas inquieta mucho porque no se trata de nada espontáneo. Se advierte que hay una perfecta organización para la toma de propiedades agrícolas. No es cosa de unos miserables “sin tierra” como aparecieron alguna vez, sino de verdaderas mafias de traficantes que se presentan en los predios, armados y portando banderas con los colores azules y negros del MAS. Detectan una o varias extensiones en producción y asaltan de improviso, justamente cuando se pueden beneficiar de la cosecha. No quieren tierras para trabajar sino para venderlas o robar el esfuerzo de otros.
El problema es complicado porque ante la falta de autoridad, ante la total ausencia policial, los malhechores al flamear de sus banderas, bloquean caminos produciendo crisis y confusión en el transporte pesado, dificultando con eso, cuando no impidiendo del todo, la recolección de granos. Si se provoca caos con la cosecha de soya, maíz, sorgo, girasol, probablemente arruinen a muchos agricultores que toda su vida vivieron del campo, pero también pueden causar carestía de esos productos en el mercado. No sea que luego el Gobierno afirme que hay sabotaje de los agricultores cambas para perjudicarlo y por tanto vuelvan los desastrosos cupos a las exportaciones.
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El acabose de la cuestión es que estos loteadores (‘tomatierras’ se los llama ahora) que dicen amar tanto a la pachamama, han adoptado un sistema perverso que paraliza las faenas agrícolas en plena cosecha. Se les ha ocurrido, de manera criminal, poner hierros en los campos, semienterrados entre las plantaciones, con el objeto de destrozar la maquinaria que trabaja modernamente en la recolección de granos. Cualquier maquinaria de alta tecnología – carísima por cierto – que pasa por encima de alguna de esas trampas escondidas en la tierra queda fuera de servicio para siempre o sin posibilidades de laborar hasta que se consiga un repuesto. Los agricultores, preocupados, prefieren guardar a buen recaudo sus tractores y cosechadoras y volver a los modos de antes. Es decir que, además de la rapiña, aquí se presenta un atentado contra el progreso y la modernidad. Fácil es imaginar qué bulle en las cabezas de esa gente.
Si el Gobierno reconoce que existen estas invasiones abusivos, si el INRA también lo sabe y no hacen nada, no queda más que pensar en que aquí existe complicidad. Y si nadie va a hacer nada para detener a los asaltantes de tierras, tendrán que ser los propios dueños de los predios, sus propietarios, quienes se organicen para defenderse. Eso, lo sabemos, puede llevar a enfrentamientos lamentables. Pero si no se detiene hoy a los ‘tomatierras’, mañana nadie garantiza que el vandalismo llegue a las ciudades como ya asoma.
*Escritor y diplomático
El Deber/Séptimo Día