También cuestionan que se imponga un aporte patronal y no haya un aporte estatal. En tanto, los empresarios aseguran que la propuesta no fue consensuada y causará desempleo en Bolivia.
Una anterior protesta de los jubilados que exigen una mejora a sus rentas bajas. | APG
Luego de que el Gobierno presentara un proyecto de “Modificación a la Ley de Pensiones”, con el fin de incrementar el límite de la pensión solidaria de los trabajadores, analistas aseguran que la propuesta es discriminatoria, pues beneficia sólo a un pequeño grupo de jubilados.
También cuestionan que se imponga un aporte patronal y no haya un aporte estatal. En tanto, los empresarios aseguran que la propuesta no fue consensuada y causará desempleo.
La propuesta de modificación plantea incrementar el límite superior de la escala en la pensión solidaria de 4.200 a 5.200 bolivianos; para el sector minero metalúrgico, de 5 mil a 6 mil bolivianos, y aumentar el aporte patronal solidario de 3 al 3,5 por ciento en el grupo de los aportantes que ganen más de 13 mil bolivianos al mes.
Con el incremento se permitirá que los trabajadores con 35 años de aportes y un promedio salarial de 7.430 bolivianos accedan a una pensión solidaria de vejez de 5.200 bolivianos. En caso de que sea minero y tenga un ingreso de 8.571 bolivianos, podrá alcanzar a los 6 mil bolivianos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La Asociación Vanguardia de Jubilados Pensionados de La Paz observó que este proyecto es totalmente discriminatorio porque no llegará a la totalidad de jubilados con la pensión solidaria. “Peor aún, afirmamos, totalmente dolidos, que las migajas alcanzarían sólo a un 30 por ciento de los jubilados en el SIP y la mayoría seguiremos con nuestras pensiones de hambre”, indicó esa institución.
El economista Germán Molina coincidió en que la propuesta es discriminatoria y sólo beneficiará al sector minero, además que no está respaldada por la Constitución Política del Estado (CPE). Indicó que la norma pone todo el peso a los aportantes que ganan más de 13 mil bolivianos y a las empresas, pero el Estado no aporta.
“En síntesis, esta medida es totalmente al margen de lo que se considera un sistema integral de pensiones porque si se quiere constituir el fondo solidario tendría que tener aporte del Gobierno, para que de esta forma demuestren de que los impuestos que paga la población se están devolviendo para reforzar el monto de la jubilación”, dijo.
Molina señaló que la propuesta no será sostenible, pues los afectados evitarán llegar a ese monto de remuneración para no aportar.
Para el economista Jaime Dunn, la propuesta no soluciona nada y sólo quita a unos para dar a otros, especialmente para subir las jubilaciones a los mineros.
Explicó que, para mejorar las pensiones de jubilación, se debe realizar un cambio profundo a la Ley de Pensiones porque tiene grandes problemas estructurales, que han impedido que en su momento las APF puedan tener mayores rendimientos a través de las inversiones.
“La falta de oportunidades de invertir en el extranjero ha hecho que la rentabilidad sea baja”, dijo y añadió que imponer a las empresas un aporte solidario fomenta la informalidad.
El gerente de la CNC, Gustavo Jauregui, lamentó que este tipo de medidas no sean consensuadas y que se afecte nuevamente al sector empleador formal.
“Si seguimos generando mayores regulaciones y presión al sector privado, puede generar mayor precariedad en el empleo”, señaló.