«Este es atentado realmente tremendo al estado de derecho y a la democracia del país”, afirmó el diputado Carlos Alarcón
eju.tv
Baldwin Montero Plaza / La Paz
Legisladores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos denunciaron este lunes que existe un trasfondo golpista en el caso del amparo constitucional aceptado por el magistrado de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Israel Campero, mediante el cual quedan en suspenso los actos de interpelación a ministros de Estado.
“Hay una intención de instaurar un gobierno totalitario, autoritario, que no permite que los legisladores, los representantes del pueblo, hagamos nuestra tarea. Tenemos un gobierno que lo que quiere es sobornar a todas las instituciones públicas, a todos los dirigentes, para encubrir, tapar sus hechos de corrupción, sus hechos de narcotráfico, tráfico de influencias y nepotismo”, afirmó en conferencia de prensa el diputado del MAS Renán Cabezas.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El jefe bancada del MAS, Andrés Flores, dijo que “no pueden quitarnos nuestras atribuciones al Órgano Legislativo” y consideró que el tema debe ser analizado una vez llegue una notificación. No obstante, aseguró que no se quitó la capacidad de fiscalización a la Asamblea Legislativa, que puede hacerlo mediante los pedidos de informes orales y escritos.
De igual forma, el diputado de CC, Carlos Alarcón, ofreció una conferencia de prensa en la que denunció que la decisión de Campero fue un golpe a la Asamblea Legislativa Plurinacional y advirtió que se gesta en el país una “dictadura gubernativo-judicial”.
“Este precedente es gravísimo, constituye un atentado directo al derecho del pueblo a ejercer la fiscalización con la interpelación a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Conlleva un camino directo a una dictadura gubernativa- judicial. Si es que los jueces se animan por orden de los ministros a este extremo de situación todo se puede esperar en el futuro”, advirtió.
El diputado de Creemos, Walthy Egüez coincidió en que “la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio un golpe judicial a la Asamblea Legislativa con su decisión”.
El fin de semana se conoció que esa sala constitucional admitió un amparo presentado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, al que luego se adhirió casi la mitad del gabinete del presidente Arce. Esa determinación pondría en suspenso los actos de interpelación.
La medida cautelar argumenta que existe un vacío jurídico en la Ley 1350 que regula los efectos de la censura determinada por el Legislativo, en referencia al artículo 4. “(IMPOSIBILIDAD DE DESIGNACIÓN). I. La Presidenta o el Presidente del Estado, no podrá designar como Ministra o Ministro a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido censurada o censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los tres (3) años posteriores a su destitución.”
En septiembre debían ser interpelados los ministros de Energía e Hidrocarburos, Medio Ambiente y Agua, Gobierno y Obras Públicas.
Para el diputado Alarcón, esta es una prueba clara de que el gobierno quiere hacer fracasar la elección judicial, ya que de esta manera podrá mantener una estructura judicial que le permita hacer lo que quiera con las leyes. “Este es atentado realmente tremendo al estado de derecho y a la democracia del país”, afirmó.