El ministro Montaño advirtió que en caso de una pérdida del financiamiento para la carretera será de entera responsabilidad de la Gobernación cruceña, entidad que defiende que el tramo II dañará la zona de los acuíferos
Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas
Fuente: Unitel
Un plazo de 10 días para aprobar el proyecto carretero Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista fue lo que dio el Gobierno a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) cruceña, según expuso el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, tras la reunión fallida de este viernes en lo que se debía abordar técnicamente la situación del tramo II.
Montaño alegó que el proyecto cuenta con los fundamentos que garantizan su viabilidad desde los puntos de vista técnico, económico, social, y ambiental por lo que “no hay excusa” para que la Gobernación cruceña y la ALD no viabilicen este tramo carretero.
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“En caso de incumplimiento a la ratificación del convenio intergubernativo por parte de la ALD que pone en riesgo el proyecto cualquier perjuicio, demora, o pérdidas del financiamiento será de entera responsabilidad de la Gobernación de Santa Cruz”, advirtió el ministro en conferencia de prensa.
El conflicto atora en el tramo II de este proyecto, el cual atraviesa la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá Urubó, zona que es un espacio de recarga de los acuíferos que nutren a la población cruceña.
“No podemos seguir en reuniones tras reuniones. Aquí ya se ha decidido”, apuntó el ministro, reiterando que cualquier perjuicio será a causa de las autoridades cruceñas y es por ello que se suscribió un acta con cuatro puntos para defender el trazo de la ABC y que la Gobernación rechaza debido a la afectación que puede generar esto al medio ambiente.
Los puntos suscritos
1) El Gobierno nacional impulsa y continuará apoyando que la construcción del proyecto carretero Buena Vista – Las Cruces (donde está el tramo II) se haga realidad.
2) En caso de que no se ratifique dicho convenio, los pobladores que lo demandan tomarán acciones. “Las organizaciones sociales, los pobladores de este sector, se toman todos los derechos para presionar a la Gobernación cruceña para que ratifique este convenio”, dijo Montaño.
La reunión fallida de este viernes se instaló en oficinas de Entel, en Santa Cruz
3) Según Montaño, fueron “desmentidos totalmente” todos los argumentos respecto a los acuíferos, bolsones y medio ambiente.
4) El ministro “se va a quedar en Santa Cruz esperando a que vuelva la sensatez de parte de los funcionarios de la Gobernación y los voy a esperar por si acaso necesitan alguna ayuda, información, y obviamente con eso zanjaríamos el tema y que puedan ratificar este convenio”, mencionó.
El proyecto carretero demandará una inversión de $us 212 millones, de los cuales el 70% lo pondrá el Gobierno nacional y el restante 30% de contraparte corresponde a la Gobernación cruceña.