La ola de incendios provocada que soporta Cochabamba puso en riesgo diferentes reservas ecológicas que albergan vida silvestre y son de especial interés por ser las principales fuentes de recarga hídrica, según expertos y autoridades.
Entre las áreas protegidas que están en peligro por los chaqueos descontrolados se encuentran el Parque Nacional Tunari (PNT) en la región metropolitana, el Parque Nacional Carrasco en el trópico y los bosques nativos en el cono sur y el valle alto.
Pero ¿quiénes están detrás de los incendios? Para el jefe de la Unidad de Riesgos (UGR) de la Gobernación, Fernando Fernández, el 99 por ciento de las quemas forestales son provocadas por personas vinculadas a la producción agrícola y la toma de tierras para concretar asentamientos irregulares (Ver infografía).
“Hemos atendido 63 incendios, de los que la mayor parte comenzó por chaqueos no controlados, eso es lo que está contaminando el aire y dañando el ecosistema”, afirmó.
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Aunque la cantidad de hectáreas devastadas por el fuego continúa siendo incierta, porque se está en proceso de cuantificación, los reportes de técnicos de los municipios, bomberos, voluntarios y ambientalistas dan cuenta de que cientos de hectáreas de vegetación nativa y bosques quedaron reducidos a cenizas, sin que los responsables sean sancionados.
Fernández dijo que, desde la Gobernación, solo pueden sumarse como parte coadyuvante a los procesos penales que inician los municipios contra los posibles responsables de los incendios.
Entre tanto, el asesor legal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Zenón Miranda, informó que, como entidad y en el marco de la Ley 1700 y del Decreto Supremo 071, se investigan tres quemas forestales que sucedieron en Combuyo (Vinto), en Colomi y Totora.
Sostuvo que siguiendo el plan de contingencia ya se inició un proceso administrativo por el incendio en Colomi y se notificó a cinco personas. En tanto que en Vinto se verifica los daños y en Totora se tiene previsto inspeccionar el área quemada.
“Nosotros actuamos en la etapa de cicatrización. Mandamos técnicos para que ellos puedan determinar con exactitud la superficie afectada, segundo determinar las especies dañadas y tercero ver la infraestructura pública o privada destruida y cuarto se investiga a los posibles autores”, explicó.
Miranda remarcó que el proceso concluye en 30 días y los infractores son sancionados con una multa de 20 centavos de un dólar (Bs 1,39) por hectárea quemada.
Asimismo, puntualizó que en caso de que los infractores no paguen la multa se inicia un proceso coactivo a fin de garantizar el resarcimiento.
Fuente: lostiempos.com