Un hecho oportuna y suficientemente aclarado ha sido utilizado por un viceministro del Gobierno de turno para lanzar una amenaza contra un medio independiente como es La Razón.
Subeditorial La Razón
Marcos Farfán, viceministro de Régimen Interior, acusó a este periódico de hacer “apología del delito” por haber distribuido, junto a la edición del lunes 27 de julio, un inserto (publicación) pagado por una organización social. La Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia elaboró un impreso con su versión sobre lo que se conoce como el caso Rózsa.
Desde el día de su publicación, La Razón ha aclarado nítidamente que aquella publicación es ajena a este medio y que no compromete su línea editorial ni informativa. Sin embargo, a pesar de ello, el funcionario del Ministerio de Gobierno lanzó la amenaza de juicio que no puede ser interpretada sino como un amedrentamiento abierto.
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En un comunicado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció ante la opinión pública que la amenaza del viceministro Farfán “constituye un inaceptable atentado a la libertad de expresión y un nuevo intento de pretender silenciar al periodismo por la vía de la intimidación y el temor”.
El organismo que aglutina a la prensa declaró que “este tipo de amenazas se están tornando frecuentes y parecen esconder un propósito de sembrar temor en los medios de comunicación para obligarlos a autocensurarse; lo que, en los hechos, constituye el peor mecanismo de censura”. La ANP también denunció los ataques perpetrados contra periodistas del país, hechos que deben ser investigados y esclarecidos.
La amenaza de Farfán es una muestra de que en el poder político hay funcionarios que creen que pueden acosar a los medios de comunicación, pese a la democracia elegida por los bolivianos como sistema de gobierno. Afortunadamente hay autoridades que tienen otra vocación.
Así también llama la atención la actitud de los medios de comunicación al servicio del Gobierno, que difundieron los cuestionamientos que hizo el periodista español Julio César Alonso contra La Razón e incluso se le dio la licencia de hacer sugerencias a las autoridades que le auspiciaron para acusar y declarar.