El diputado Marcelo Pedrazas considera que, en lo procedimental, se produjo un ataque más a la elección judicial
eju.tv
Baldwin Montero Plaza / La Paz
El 31 de diciembre, es decir en tres meses y 10 días, exactamente, concluirá el mandato de las actuales autoridades judiciales y, aunque el país se encuentra en riesgo de quedar con vacíos en uno de los cuatro poderes del Estado, los responsables del proceso avanzan sin prisa, mientras el panorama se complica por una consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
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Tal como dispuso un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la Cámara de Senadores aprobó el 31 de agosto por dos tercios de voto el proyecto de ley 144 de convocatoria a las elecciones judiciales, pero 21 días después la Cámara de Diputados mantiene el proyecto en comisión, el tema no está en agenda de la plenaria y ahora el TSJ recurrió al TCP para una consulta de constitucionalidad que de ser atendida dejaría en suspenso el tratamiento del proyecto.
El TCP debe admitir o rechazar el pedido en dos días y si lo admite tendrá 30 días para tomar una decisión; mientras, la Cámara de Diputados no podrá avanzar con la aprobación del proyecto de ley, que actualmente se encuentra en consulta con el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia.
El accionante de la Consulta de Control Previo de Constitucional del nuevo proyecto de ley de convocatoria a elecciones judiciales aprobado en el Senado es el presidente del TSJ, Ricardo Torres, en representación de la Sala Plena. En el documento, al que accedió El Deber, el TSJ pide al TCP pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 2 y la Disposición Adicional Sexta del proyecto de ley 144.
El artículo 2, establece que la finalidad de la ley es “Garantizar el desarrollo de las elecciones judiciales 2023-2024, dentro de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0060/2023, de 31 de julio de 2023”.
Y la disposición adicional sexta establece que “Desde el 2 de enero de 2024 hasta el día de posesión de las Magistradas y Magistrados, Consejeras y Consejeros electos por el voto popular, el personal subalterno de estas instituciones, en las diferentes áreas de trabajo, implementarán una transición eficiente y ordenada para que las nuevas autoridades elegidas asuman sus despachos en condiciones adecuadas”.
Para el diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana, el hecho de que el futuro del proyecto de ley de convocatoria a elecciones quede ahora en manos del TCP, complica aún más las cosas. “En lo procedimental, es un ataque más a la elección judicial”, opinó.
“Tratándose del TCP que ahora es un suprapoder dentro del Estado boliviano, ellos van a tomar los modos necesarios con seguridad para tener la sartén por el mango y ahora ver ellos qué van a hacer respecto a esta elección judicial cuando son justamente a ellos a quienes les implica el fallo o les puede resolver su situación de magistrados salientes o en su defecto prorrogarse”, agregó.
Para el legislador de la oposición, los responsables del “sabotaje” a las elecciones judiciales son los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) , pero el mayor error de todo esto es que con ello ”se está desinstitucionalizando la Asamblea Legislativa” a la vez que se empodera al Órgano Judicial, en especial al Tribunal Constitucional Plurinacional.