Fuente: El Mundo
A la llegada al lugar, los avasalladores estaban protegiendo el ingreso en el cordón de protección, sin embargo, los policías prohibieron el ingreso a los funcionarios públicos y a la prensa local, por lo que solo dejaron pasar a las autoridades judiciales y de la gobernación.
En ese marco, los avasalladores permitieron pasar al predio sin oponer resistencia, además esta inspección judicial obedece a la denuncia por avasallamiento interpuesta por el ente departamental.
Luis Alberto la Fuente, uno de los fiscales del caso, afirmó que se constató que existen viviendas precarias en el predio.
Al respecto, subgobernadora Kelly Velarde manifestó su indignación por el actuar de los fiscales, reclamando que en vez de proteger el derecho vulnerado de los bienes de la gobernación, más bien les aseguraron el bienestar a los avasalladores.
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Además, indicó que existe una resolución del INRA que prohíbe el asentamiento en estos predios. Finalmente, desde la gobernación cruceña señalaron que continuarán con el proceso por cuenta propia.