El delito de prevaricación está relacionado directamente con el actuar de jueces y magistrados, también de árbitros, quienes tienen la responsabilidad de administrar la ley, cuyas consecuencias negativas son lapidarias para los destinatarios de la justicia, el ciudadano hasta hoy todavía confía en el funcionario encargado; sin embargo, en muchos casos sus actos dejan en completa impunidad a los responsables de vulnerar la ley, que, a propósito, al no temer porque hay ausencia de sanciones, persiste impunemente sin ninguna responsabilidad causando daño incalculable al mundo litigante.
La real Academia de la Lengua Española afirma que la voz prevaricato se origina en el latín prevaricatus. Y haciendo castellana esta última, dice que prevaricar es acción de cualquier funcionario que, de una manera análoga a la prevaricación, falta a los deberes de su cargo. Por prevaricación, a su vez, entiende delinquir los funcionarios cuando, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, dictan o profieren resolución de manifiesta injusticia.
En nuestro país se ha hecho recurrente este acto antijurídico sancionable por nuestra Ley penal, equiparable a torcer la ley, pero, extrañamente la norma se encuentra como un simple postulado, porque a la hora nona no se aplica, probablemente porque los que sancionan son profesionales del mismo gremio, en todos los casos son sobreseídos, quedando el pueblo desprotegido, se ha impuesto la cultura de la corrupción imperante en nuestro malhadado Estado; lo más grave sería volver a la ley del talión ante la ausencia de justicia: ¡ojo por ojo y diente por diente!, como era antes, y esto sí que sería caótico, generaría una descomposición social generalizada en la gente.
Si revisamos la historia, el libertador Simón Bolívar, cuando fue Presidente de Bolivia, se dio cuenta que desde los inicios de la República la justicia estaba putrefacta, por esa razón quiso incorporar en la Constitución la pena de muerte, para los jueces y magistrados prevaricadores; pienso que, esta medida conociendo los hierros de los propios jueces, debería trocarse por otro tipo de sanción, como cadena perpetua, a objeto de evitar injusticias que siempre las hay, a veces justos pagan por pecadores, como se afirma en el vulgo; pero, es necesario castigar, una norma si no es coercible, simplemente está de adorno, como en el caso nuestro. El ser humano si no tiene temor a la ley, persiste en la comisión de acciones ilegales, porque confía que no será alcanzado por el brazo de la justicia, para ser sancionado.
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Las causas que originan este cáncer en la administración, es importante desnudarla sin tapujos, poniendo en el tapete el problema, señalando sin temor a equívocos que, todos somos responsables, y, por tanto, debemos estar involucrados en buscar soluciones. Es responsable el litigante, quien acude a su abogado, para que éste sea el inductor de la comisión de este delito; el político manipula con su poder al órgano jurisdiccional; es el juez, el magistrado, quien queramos o no se ha acostumbrado a resolver los conflictos, sobre la base de prebendas o coimas que le ofrece el mundo litigante. En este caso, se debería involucrar como inductores directos a los clientes y abogados, quienes no escatiman esfuerzos, para actuar en complicidad con el delito de prevaricación. Se debe modificar el tipo penal, complementándolo, responsabilizando a litigantes y abogados, castigando a quienes induzcan, actúen manifiesta y contrariamente a la ley, severamente, a objeto de sentar precedentes de una vez por todas; incluso el alcance de la norma, debería abarcar a los funcionarios que cooperen con el ilícito, como suele suceder en la legislación española, secretarios y oficiales de diligencias, como cómplices e inductores, reitero.
Finalmente, si a algún legislador o autoridad circunstancial le preocupa este estado de cosas, debería proponer cambios fundamentales en el ámbito penal, no basta con hacer una selección de magistrados con suficientes méritos, es menester hacerlo, pero, lo imprescindible es implementar tipos penales con el alcance necesario a objeto de garantizar la seguridad jurídica, para evitar que los responsables no salgan airosos después de cometer ilícitos de esta naturaleza, ¡cuando la ley es pareja nadie se queja ¡
Ives Padilla Balcázar
Fuente: Eju.tv