El paquete de leyes viene desde 2013 y siete de estas normas fueron aprobadas en el gobierno de Evo Morales. Están enfocadas en la expansión de la frontera agrícola y han provocado deforestación, muchas veces con incendios. Los daños crecen
Fuente: El Deber
Ocho normativas favorecen la degradación de bosques y la deforestación que es provocada, especialmente, por los incendios forestales. Siete de estas normativas fueron aprobadas durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019) con el objetivo de ampliar la frontera agrícola, sobre todo en el oriente del país. Legisladores y expertos piden la abrogación de estas normas o aprobar otras que evilas quemas que se dan, por lo general, entre agosto y noviembre de cada año. El Gobierno dice que la situación está bajo control.
El 2019 fue un año crítico para el país. Antes del estallido de la crisis política y social que terminó con era de Morales en el poder, 6,4 millones de hectáreas se quemaron en el país. El 31% del área afectada fue bosque, el restante 69% correspondió a pastizales. Esa pérdida nunca antes se había sufrido. El humo era similar al de ahora en varios puntos del país.
Las quemas, junto con otros problemas para el medio ambiente, no tienen solución por la vigencia de las ocho leyes identificadas por la Fundación Tierra.
La Ley 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques; Ley 502 de ampliación del plazo y modificación a la Ley 337, Ley 741 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a la actividad agrícola y ganadera; Ley 1098 de agro-combustible de etanol y diésel, Ley 1171 que autoriza quemas para actividades agrícolas, el Decreto Supremo 3973 que autoriza el desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias, el Decreto Supremo 26075 que modifica la ampliación de fronteras de producción del sector ganadero y agroindustrial sobre áreas de bosque y el Decreto Supremo 4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificado en sus diferentes eventos destinado al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
Desde la Vicepresidencia
Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra, recordó que a finales de 2014 se difundió desde la Vicepresidencia la idea de avanzar la frontera agrícola un ritmo de un millón de hectáreas por año, de tal modo que para que al año 2025 se tengan unas 13 millones de hectáreas. Para llegar a ese objetivo, puntualizó, se apuntó a un paquete de normas específicas.
“Se ratificó en el Plan de Desarrollo Económico 2021-2025 que está vigente con el plan con sustitución de importaciones, lo cual llegó a los planes estratégicos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el INRA, la ABT, todos reescribieron sus planes estratégicos institucionales. ¿Qué decían? Hay que cumplir estas metas y todos deben hacer algo para alcanzar estas metas”, afirmó Colque. Según la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), con apoyo de la Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG), Bolivia perdió 7,9 millones de hectáreas de bosque durante los últimos 37 años (1985-2022). Esto significa que, de tener 63 millones de hectáreas de bosque en 1985, en 2022 se reportó 55 millones. Las cifras preocupan más en el exterior.
Y así Bolivia no puede frenar la destrucción de sus bosques. Solo en 2022, en el país se logró alcanzar una cifra récord de deforestación: un 32% más a comparación del año anterior. Y esa cifra ubica a Bolivia, por tercer año consecutivo, en el tercer lugar mundial de los países con más pérdida de bosques primarios. Brasil es el país más deforestado en el mundo y llama la atención que Bolivia, hasta la fecha, no es parte de las pocas naciones que se han adherido al compromiso global de “deforestación cero”.
EL DEBER recibió en junio el estudio de la plataforma en línea Global Forest Watch, que con el respaldo del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y con datos forestales recopilados por la Universidad de Maryland, reveló que en durante el 2022 se perdieron unos 4,1 millones de hectáreas de selva tropical en todo el mundo. Brasil lidera esa lista, le sigue la República Democrática del Congo y en tercer lugar está Bolivia, país que por tercer año consecutivo está en la misma preocupante posición.
El vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, apuntó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) como la entidad que promovió el paquete de “leyes incendiarias” que en la actualidad está alentando incendios forestales, muchos ellos descontrolados. Por ello, sugirió la abrogación de estas normativas con la perspectiva de crear una base legal para proteger el patrimonio natural del país.
“La ABT es la principal promotora del paquete de leyes incendiarias en el pasado. Hoy han hecho una declaración bastante estúpida porque señala que van a reglamentar la (Ley) 1171, que es una ley que autoriza de manera expresa el ‘uso racional’ del incendio como instrumento de producción . En ninguna parte del mundo hay normas que autorizan el ‘uso racional del incendio’. Una vez que se origina el incendio, no se puede controlar por el tema del viento y la época seca”, apostilló.
Según el investigador Guillermo Villalobos, el discurso gubernamental trata constantemente de desprenderse de cualquier responsabilidad, posicionando a otros factores, como el cambio climático, chaqueo ilegal o, sequías, como los únicos responsables de los incendios. En realidad, dijo, son muchos los factores que entran en juego, entre ellos las normativas públicas que responden a un modelo de desarrollo que prioriza la agroindustria y la ganadería extensiva por encima de la riqueza forestal. “No es casual que desde el 2013, mediante la promulgación de distintas normativas que posibilitaron la ampliación de la frontera agropecuaria, la dotación de tierras en zonas de vocación forestal y la promoción de los desmontes y chequeos, el gobierno nacional fue afinando alianzas políticas con las elites agroempresariales del oriente boliviano”, detalló Villalobos.
El Gobierno apuntó a los factores climáticos y anunció acciones contra las personas que queman bosques, pero no contra quienes se benefician por el desmonte y los chaqueos de las tierras.
Fuente: El Deber