Con la actual política hidrocarburífera de Bolivia, es muy probable que, para 2030, el país tenga un déficit comercial energético de aproximadamente 5.500 millones de dólares y la subvención a los hidrocarburos suba a 3.300 millones de dólares, lo que será insostenible, según calcula la consultora especializada Gas Energy Latin America (GELA).
Las proyecciones se realizaron tomando en cuenta que, en 2024, el país comenzará a importar GLP y estimando el precio del barril de petróleo en 80 dólares.
El déficit de la balanza hidrocarburífera comenzó en 2022. Entre enero y agosto de ese año se registró un déficit de 157 millones de dólares entre la compra de combustibles y la venta de gas y petróleo. Hasta julio de este año, el déficit subió a 432 millones de dólares.
La importación de combustibles en la balanza comercial representa el 25 por ciento de las importaciones, y va en aumento. Esta compra se financiaba con las exportaciones de gas, pero con la baja producción el Gobierno debe buscar otras fuentes de financiamiento, como la deuda pública.
Según datos del Gobierno nacional, en 2021, la subvención a los hidrocarburos fue de 618 millones de dólares, en 2022 subió a 684 millones, para 2023 se presupuestaron 1.091 millones y el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 calcula un monto de 1.400 millones de dólares. El GELA calcula que las cifras de subvención son mucho mayores a las señaladas por el Gobierno y estima que sólo este año se destinarán 2.400 millones de dólares para la subvención.
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La caída de las exportaciones de gas y el incremento en los costos de importación de combustible y su subvención preocupan, pues ocupan gran cantidad de presupuesto, que podría ocuparse en salud, educación y otros.
Ríos considera que tenemos una política hidrocarburífera errada porque la Ley 3058 de Hidrocarburos desincentiva la producción de líquidos en el país con el cobro de altos impuestos y cotizaciones muy bajas para el combustible que se produce en el país.
La Ley 3058 determina impuestos muy altos para las empresas que se dediquen a la explotación y producción de hidrocarburos en Bolivia. Además, la producción del barril de petróleo nacional se cotiza en 27 dólares, cuando su precio internacional superó los 80 dólares y el gas recibe una remuneración de un dólar el millón de unidad térmica británica (BTU), pero su precio internacional supera los 6 dólares.
“El privado en Bolivia, incluyendo YPFB, no va a cumplir con impuestos tan altos, y encima cuando se remunera el precio del barril de petróleo con un costo bajo. Es una ecuación perversa para la producción nacional y esto es lo que ha hecho la Ley 3058, que ha puesto un impuesto por los cielos, de 50 por ciento como mínimo y encima el que produce acá tiene que subsidiar, pero al importador el Estado subsidia”, dijo.
La ley frena la producción nacional de hidrocarburos, pero, por otro lado, el Gobierno destina grandes cantidades de dinero para comprar y subvencionar la compra de combustible. Esto va en contra de la política de sustitución de importaciones que pregona el Gobierno.
“¿Cómo es que demos preferencia a que se importe porque no le ponemos el precio internacional del petróleo? De esa manera, podríamos dejar de importar y producirlo localmente, generar regalías y otros impuestos”, dijo.
Adelantó que, si el país no logra encontrar nuevos yacimientos de gas natural, en 2029 tendremos que importarlo a 5 o 6 dólares el millón de BTU, cuando a los productores nacionales se les remunera a un dólar el millón de BTU.
Ríos también considera que el Gobierno debe dejar a los privados la importación de combustible así como la exploración y explotación. “El Estado empresario no funciona. Me parece tremendamente contraproducente, que importemos el barril de petróleo a 140 dólares y remuneramos aquí a 27 dólares el barril. Entonces, esa es una política totalmente antipatriótica porque no fomentamos lo que se produce o podría producirse en el país”.
Subvención
El analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez explicó que no es responsable que el país siga manteniendo esta política de subvención a los hidrocarburos, pues su alto presupuesto sacrifica recursos para las áreas de educación, salud y otras en las que el Estado podría invertir los recursos.
“La pregunta que queda es con qué se va a financiar esta alta subvención. Sostenemos la política de subvención, pero con qué se está financiando eso, más aún si consideramos que estamos en un país que desde 2014 tiene déficit fiscal”, dijo.
El PGE 2024 destinará mil millones de dólares para nuevos contratos petroleros y 3.428 millones de dólares para la compra de diésel y gasolina (mayoreo) y sólo 962 millones de dólares para inversión pública en salud, educación y otros.
Fuente: lostiempos.com