Inciertas aún las elecciones judiciales, la necesidad de reencauzarlas implica un “bien mayor”. Ante eso, no habrá tribunal que pueda frenarlas, menos el “deslegitimado” Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que rezagó el proceso electoral.

Esas consideraciones fueron expresadas ayer en La Razón Radio por el expresidente de Bolivia (2005-2006) y expresidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé.

“Ninguna decisión que asuman estos tribunales, particularmente el TCP, podrá tener efecto alguno porque ese tribunal ha invalidado su legitimidad de control judicial de constitucionalidad”, comentó el exmagistrado.

Cuestionó las decisiones que, desde marzo a la fecha, frenaron de manera sucesivamente la convocatoria a los comicios.

Una primera suspensión del proceso fue dispuesta por la Sala Constitucional Primera de Beni, que absolvió así un recurso del ciudadano Miguel Ángel Balcázar presentado el 12 de abril. Días más tarde, el 25 de abril, el diputado de Creemos Leonardo Ayala interpuso otro recurso, esa vez ante el TCP, que frenó —con una resolución emitida el 31 de julio— hasta ahora las elecciones.

Esas acciones, “de alguna manera, han develado su intención de demorar el proceso”, dijo.

¿Pero, qué órganos del Estado tendrían la intención de frenar las elecciones judiciales? Rodríguez respondió: “Las decisiones en las que talvez fincan alguna esperanza de prórroga no serían válidas y carecerían de legitimidad”.

 

Judiciales

A propuesta del senador Hilarión Mamani, la Cámara de Senadores aprobó una ley del 31 de agosto. Cuando llegó a Diputados, el proyecto fue derivado a consulta de los tribunales Electoral, de Justicia y Agroambiental, además de cuatro ministerios.

Por su lado, el Tribunal Supremo de Justicia (TCP) consultó el 20 de septiembre la pertinencia constitucional de la ley al TCP, órgano del que —desde el 28 de septiembre— no dio a conocer hasta ahora su posición.

Al respecto, Rodríguez advirtió que “ningún servidor público, menos un juez, puede actuar o pronunciarse cuando concurra a un conflicto de intereses”.

Consideró que el TCP y el TSJ “tienen un interés propio en prorrogar su propio mandato” más allá del 2 de enero de 2024, cuando sus 23 magistrados, además de tres miembros del Consejo de la Magistratura, cumplan seis años de funciones legales.

El martes, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, informó que, a través de una carta, pidió al presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca, la convocatoria a una reunión política para “promover y generar condiciones de diálogo” con el fin de reencauzar las elecciones. Ayer, el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, anunció la cita para el viernes.

Rodríguez

El expresidente Rodríguez auguró “un tiempo de conciliación política”, como demandó el senador Rodríguez. “Ninguna otra solución, a mi juicio, podrá ser de manera legítima y dando certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos” sino a través de elecciones.

Lamentó el rezago y dijo que “es una omisión de preocupación política que encabeza (Luis) Arce, Choquehuanca y (Iván) Lima”.

“Son esas tres autoridades que deberían haber puesto el impulso para que se cumpla una obligación constitucional de la Asamblea Legislativa”, dijo Rodríguez.

Con la premisa de “no es posible ratificar ni prorrogar un minuto de vigencia más” el mandato de las autoridades elegidas hace seis años ni obligar “sorteos o interinazgos”, Rodríguez propuso como una salida constitucional a esta “crisis de Estado” la “suspensión de plazos (procesales) de no más de dos otres meses, tiempo en el que debería celebrarse con agilidad y eficacia estas elecciones”.

Como argumento técnico, aseguró que esos 23 magistrados del TCP, TSJ y del Tribunal Agroambiental Esos 23 magistrados “no resuelven al año ni el 2% de los casos judiciales del país”.

Además, recordó que “no sería la primera vez que se suspendan unos plazos hasta que se resuelvan esas vacancias”. Dijo que en 1999 experimentó algo parecido.