A cinco años de la puesta en vigencia de la nueva Constitución que consagró el denominado “Estado Plurinacional”, queda claro que la reingeniería institucional que se impulsó bajo ese rótulo no fue otra cosa que la desmedida concentración del poder en manos presidenciales.
En cambio, otros aspectos que eran parte del discurso central de la CPE, como las autonomías indígenas, quedaron en el papel, toda vez que no fueron más que un simple instrumento para relativizar a las autonomías departamentales en el proceso de elaboración de la Carta Magna.
En la práctica, a Morales y García Linera les interesa poco y nada el autogobierno indígena, como se evidenció en su atropello al TIPNIS.
Renombrar a Bolivia como “Estado Plurinacional” fue parte de la propaganda refundacional del régimen, que trató de mostrarse como un nuevo comienzo de la historia, pretensión que en diversas épocas y latitudes se ha visto siempre ligada a proyectos autoritarios.
Además, la sustitución del término República por la nueva denominación no fue gratuita, sino que llevaba implícito lo que hemos visto desarrollarse en estos últimos años, es decir, el desmantelamiento de los distintos equilibrios republicanos, incluida la división de poderes, cada vez más difusa bajo el evismo.
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En suma, la Carta aprobada en grande en el cuartel de La Calancha no logró concertar un nuevo Pacto Social, limitándose a ser la imposición de un solo partido, quedando por lo tanto limitada al periodo que esa fuerza política ocupe el Palacio Quemado.
Luego de lo cual el país deberá emprender un proceso de reforma constitucional más consensuado que, entre otras cosas, consagre verdaderas competencias para los gobiernos departamentales autónomos…