Por tres delitos que se cometieron al llevar centenares de personas a la amazonía, en etapa electoral. El ingreso a la zona de asentamientos en Santa Rosa del Abuná, Pando, está custodiado por militares. La noche del miércoles prohibieron el acceso a la prensa.
Carpas. El campamento de los campesinos chapareños que se encuentra instalado en el departamento de Pando
Pablo Ortiz – Cobija
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El Comité Cívico de Pando decidió denunciar al Gobierno ante el Ministerio Público por tres delitos que supuestamente se cometieron al llevar a más de 500 personas al departamento amazónico, a menos de 180 días de las elecciones generales del 6 de diciembre. Según informó la asesora jurídica del Comité Cívico, Carmen Eva González, el memorial de denuncia será presentado hoy ante la Fiscalía de Distrito de Cobija a las 10:00.
En una entrevista con EL DEBER, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, aseguró que ellos cumplieron una planificación de asentamiento que data de dos años y que la decisión de si los colonos pueden emitir su voto o no es de la Corte Electoral de Pando.
González explicó que se ha decidido demandar al Gobierno por tres grupos de delitos: el primero es por movimiento ilegal de personas seis meses antes de una elección, previsto en artículo 202 del Código Electoral.
El segundo es por intento de genocidio, ya que consideran que los colonos han sido trasladados a Pando en condiciones infrahumanas, sin viviendas, servicios básicos y atención médica adecuada para preservar sus vidas. Sin embargo, el Gobierno ha dispuesto que haya tres médicos de manera constante en el asentamiento, denominado Bernardino Racua, y les otorgará alimentación gratuita hasta fin de año.
Ayer en Santa Cruz, el ministro Luis Arce señaló, sin especificar montos, que los recursos económicos para los asentamientos fueron presupuestados el año pasado, así que no va a haber ningún desfase en esta gestión.
El otro delito que ve el Comité en el asentamiento es avasallamiento de propiedad privada. “No es como dicen los del Gobierno que de ahí han sacado a empresarios brasileños que estaban depredando el bosque. Se trata de un aserradero legalmente establecido, propiedad de la empresa Tropical Andes, que sacaba la madera de una concesión”, dijo González.
Para Almaraz, el aserradero estaba asentado en tierra fiscal, por lo tanto estaba apropiándose de terrenos que no le pertenecían y sus ejecutivos deberán ir a la cárcel.
González añadió que están recurriendo al Ministerio Público, porque consideran que éste se trata de un delito de orden público, con una sentencia de cumplimiento obligatorio por parte del Gobierno. Esperan que el caso sea evaluado por la Fiscalía y que ésta presente un recurso ante la Corte Superior de Pando, para que emita una orden de no inscripción de los colonos a la Corte Departamental Electoral. Su presidente, Jorge Valdez, expresó que la CDE no se pronunciará hasta que haya una resolución judicial sobre este caso.
PROCEDIMIENTOS
– El lunes 11, el Gobierno, a través del Viceministerio de Tierras, procedió a crear dos asentamientos en Pando, uno en el municipio de Santa Rosa del Abuná y otro en la Provincia Federico Román, denominado Nueva Esperanza.
– El Comité Cívico de Pando considera que esto viola el artículo 202 del Código Electoral vigente, que indica que se prohíbe el traslado masivo con fines electorales de personas seis meses antes de cualquier elección.
– El Ministerio Público, si encuentra indicios de responsabilidad pasará el caso ante la Corte Superior de Justicia. Si ésta halla que hay culpabilidad en el Gobierno, ordenará a la Corte Electoral no inscribir a estas personas.
Restringen el ingreso a la zona de colonización
El ingreso a la zona de asentamientos en Santa Rosa del Abuná, Pando, está custodiado por militares. La noche del miércoles prohibieron el acceso a la prensa. Bravo afirmó que los campesinos tienen sus normas.
ENCUENTRO EN PANDO • El ministro Quintana inaugura la comunidad Bernardino Racua, en Santa Rosa del Abuná.
La Razón
El acceso a los terrenos ocupados por los campesinos del Chapare que hace una semana llegaron hasta Santa Rosa del Abuná, en Pando, se encuentra controlado por al menos 10 militares y una docena de campesinos, algunos con machetes y palos, según pudieron evidenciar ayer medios de comunicación.
La red Unitel mostró imágenes de cómo en este lugar se instaló una tranca con un letrero que dice “Alto”, vigilada por militares y campesinos migrantes que exigen documentos de identidad y credenciales a quienes intentan ingresar a la zona.
“¡Que se detenga! ¡Alto! No se puede ingresar. ¡Qué pasa acá! No se puede ingresar como animales”, grita en las imágenes uno de los campesinos, mientras un militar ilumina con una linterna el rostro de una periodista a la que le exige su credencial, requisito que no fue suficiente para que pudiera ingresar al lugar.
El senador Paulo Bravo (Podemos) denunció que los colonizadores están aplicando su propio reglamento y que declararon a la zona como “área restringida”, al igual que ocurre en el Chapare.
“¿Qué medio puede ingresar fácilmente al Chapare, Achacachi o Ayo Ayo? Lo mismo pasa ahora en Santa Rosa del Abuná. Incluso están creando sus federaciones para organizarse igual que allá (Chapare)”, manifestó.
El Gobierno impulsa un plan de colonización y el último fin de semana trasladó hasta esa zona a 450 cocaleros en seis vuelos diferentes de un avión Hércules.
El presidente del Comité Cívico de Pando, Herbert Salvatierra, anunció que visitarán la zona y que presentarán las quejas pertinentes. “Son tierras de todos los bolivianos, no pueden restringirnos el acceso”, protestó.
El dirigente cocalero Julio Salazar y la ministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos, indicaron el martes pasado que otros 100 campesinos del Chapare se organizan para emigrar a Pando.
Denuncian abusos en Beni
El presidente del Comité Cívico del Beni, Jorge Llápiz, denunció ayer que efectivos militares están destrozando las casas de los pobladores de la comunidad Chivé, la provincia Ballivián del Beni, con el fin de “preparar el terreno para que lleguen campesinos de La Paz”.
“Tenemos la información de que llegarán a (la provincia) Ballivián alrededor de 160 campesinos desde La Paz, con el claro objetivo de asentar gente con un fin electoralista”, afirmó Llápiz.
El líder cívico denunció que los comunarios fueron despojados por las intervenciones militares. “Elevaremos la denuncia para que esto pare, no pueden dañar las casas y los cultivos de nuestros comunarios”, señaló.
Llápiz convocó a la Defensoría del Pueblo y a la oficina de Derechos Humanos para visitar la zona y “constatar los hechos”.
Anuncian cumbre de cívicos
El 17 de agosto se realizará en Trinidad, Beni, la denominada Cumbre de Comités Cívicos de todo el país, con el fin de tomar medidas sobre los asentamientos humanos que impulsa el Gobierno en Pando.
“Celebraremos una reunión con los presidentes de los comités cívicos, las conclusiones serán para tomar decisiones sobre los asentamientos en Pando. Podemos implementar una huelga de hambre como medida de protesta”, indicó a La Razón el presidente del Comité Cívico del Beni, Jorge Llápiz.
El cívico aseguró que no se invitó a los prefectos del Consejo Nacional Democrático (Conalde) porque consideran que la reunión tiene un carácter “exclusivo entre dirigentes cívicos. El anuncio lo haremos nosotros”.