El informe de Human Rights Watch (HRW) sobre el estado de los derechos humanos en el mundo puso el foco en Bolivia, concretamente, en los casos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; la expresidenta Jeanine Añez; y el dirigente cocalero de los Yungas, César Apaza, ambos detenidos en diferentes cárceles de La Paz
El gobernador Luis Fernando Camacho, el dirigente cocalero César Apaza y la expresidenta Jeanine Añez /Foto/RRSS
Fuente: Brújula Digital
(Tomado de Sumando Voces)
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Respecto a Camacho, el informe indica que “Human Rights Watch revisó los documentos de su detención y no halló pruebas que respaldaran la acusación de terrorismo”.
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Sobre Añez señala que “Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y halló esa acusación infundada y manifiestamente desproporcionada”.
Y sobre Apaza menciona que “se encuentra en prisión preventiva desde septiembre de 2022. Sufrió una embolia cerebral en febrero de 2023. Su familia denunció que las autoridades no le proporcionaban una atención médica adecuada. En julio, la Defensoría del Pueblo dijo que la fiscalía, a petición de la Defensoría, estaba investigando denuncias sobre torturas y otros malos tratos a Apaza por parte de agentes del Estado”.
Human Rights Watch es una organización no gubernamental de carácter internacional que, según su sitio oficial, investiga e informa sobre los abusos que se producen en todos los rincones del mundo, dirigiendo su labor hacia gobiernos, grupos armados y empresas, presionándoles para que cambien o hagan cumplir sus leyes, políticas y prácticas.
El informe, que fue publicado este 11 de enero, pone énfasis en la falta de independencia en la justicia boliviana, indica que tanto el gobierno de Añez como el de Arce “se aprovecharon de una definición penal excesivamente amplia de terrorismo para la presentación de cargos contra opositores”, y responsabiliza a Arce por no haber reformado el sistema judicial. «El presidente Arce no ha cumplido su promesa de reformar la justicia para garantizar su independencia de la política”, indica.
Luego hace una mención a los casos de Camacho, Añez y Apaza. Sobre Camacho refiere que fue detenido en diciembre de 2022 “por terrorismo, un tipo penal cuya definición en Bolivia es demasiado amplia”.
Agrega que el gobernador cruceño fue acusado de orquestar la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019 y, pese al tipo penal observado, “a octubre de 2023 Camacho permanece en prisión preventiva. Su familia y su abogado alegan que no está recibiendo atención médica adecuada para tratar una grave enfermedad crónica que padece”.
Sobre Añez menciona que “permanece en prisión desde 2021. Inicialmente fue acusada de terrorismo. Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y halló esa acusación infundada y manifiestamente desproporcionada. En 2022, en una causa separada, un tribunal condenó a Áñez a diez años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes—delitos que también están definidos de forma muy amplia en la legislación boliviana—por sus acciones al asumir como presidenta interina en noviembre de 2019. Áñez no pudo asistir en persona a su propio juicio, dado que los jueces argumentaron que no podían garantizar su salud ni su seguridad en el tribunal”.