Caso robo millonario: Envían a la cárcel a tres policías y dan libertad a abogados implicados

Las seis personas enfrentaron la Justicia en dos audiencias cautelares. Desde el Ministerio de Gobierno se anunció que los uniformados serán dados de baja de la institución policial

Marcela Gutiérrez

Los policías estuvieron este miércoles ante un juez cautelar

Fuente: Unitel



En audiencia cautelar se determinó enviar a la cárcel de Palmasola a los tres policías que fueron denunciados por el delito de concusión tras ser acusados del robo de un millón de dólares.

El informe oficial de la Policía establece que el dinero fue sustraído a un grupo de personas durante un control rutinario realizado en la capital cruceña el pasado viernes, 12 de enero.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Justicia decidió este miércoles que los uniformados sean recluidos por un tiempo preventivo de 130 días, mientras avanzan las investigaciones en este caso, que ha motivado la participación activa personal de Inteligencia y que ahora busca identificar la procedencia del dinero y conocer quién es su propietario.

Los efectivos policiales están identificados como José Ch. C., Ramiro C. F., y Ángel G., todos ellos serán dados de baja de la institución policial, anunció el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo que además apuntó que se hará un microaspirado a los billetes recuperados, cuyo monto llega a los $us 843.500, para determinar si provienen del narcotráfico.

Previa a la audiencia de los policías, este miércoles, tres abogados que fueron implicados en el hecho estuvieron también ante un juez, pero todos recibieron libertad irrestricta.

Los profesionales habían quedado aprehendidos luego de presentarse ante la Policía en calidad de defensores de los uniformados.

Ronaldo Orozco, abogado de los juristas, dijo a UNITEL que a partir de ahora se asumirán otros tipos de acciones, pero se mostró satisfecho por la “objetividad del Ministerio Público y la forma correcta con la que actuó el juez que atendió la causa”, disponiendo una libertad irrestricta para los procesados.

Ahora, deberá ser el Ministerio Público la institución que debe encarar los trámites para que se levante el secreto profesional y así prestar su declaración correspondiente, anticipó Orozco.