La Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentó hoy su proyecto de normativa, cuyo fin es que Bolivia salga de un “ciclo destructivo”, que ahuyenta las inversiones, alimenta la desigualdad y el desempleo.
Foto: Jorge Rocha
eju.tv / Lidia Mamani
A la fecha hay cuatro propuestas de ley que tienen el mismo objetivo, sancionar los bloqueos a través de la vía penal y con multas. Uno de los proponentes, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC) cuantificó más de 1.000 hechos que los perjudicó entre protestas sociales y cierre de vías en el país.
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La Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentó hoy su proyecto de normativa, cuyo fin es que Bolivia salga de un “ciclo destructivo”, que ahuyenta las inversiones, alimenta la desigualdad y el desempleo.
El presidente del sector, Pablo Camacho, detalló que con la propuesta de norma se plantea modificar e incluir artículos en el Código Penal, entre los cuales una de las propuestas es agravar la pena por el delito de amenazas y que el mismo se sancione con tres a seis años de cárcel. Actualmente, es de tres a 18 meses.
Entretanto, la anterior semana, el presidente de la FEPC, Luis Laredo, entregó el proyecto de ley de regulación de la protesta social, en la que hace referencia en detalle de todos los conflictos sociales con los que se perjudicó a diferentes sectores económicos, entre privados y estatales.
Por ejemplo, en un cuadro que incluye el documento y que fue entregado a los legisladores de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, cita que entre 2013 y 2023 se tuvo un promedio de más de 1.100 conflictos por año y protestas sociales, y en el caso de los bloqueos, se tiene un promedio de 100.
“El abuso, principalmente, de las acciones de bloqueo de vías principales y carreteras del eje troncal, que mantiene un flujo constante de alto tráfico vehicular, afectan seriamente el normal desarrollo de actividades particulares, comerciales y de provisión en todo el país, y estos se pueden advertir en diferentes datos estadísticos”, argumenta la propuesta de norma de la FEPC.
La entidad privada sugiere sanciones administrativas desde una multa del 10% hasta un 100% sobre el salario mínimo nacional y la suspensión temporal de derechos civiles de hasta dos años. Las penas también incluyen sanciones administrativas a personas jurídicas y organizaciones sociales.
Propuestas de legisladores
A fines de enero pasado, a la Cámara de Diputados se remitieron dos proyectos de ley que tipifican la interrupción del libre tránsito y bloqueos de carreteras y caminos. Uno de los proponentes es el legislador Óscar Balderas, de Comunidad Ciudadana, y en el único artículo señala que la persona que interrumpa el libre tránsito de vehículos en las carreteras principales o caminos secundarios, será sancionado con una privación de libertad de entre cinco a ocho años.
La otra tiene que ver con la Ley de Prohibición de bloqueos de carreteras para garantizar la libre circulación vehicular en la red fundamental, departamental y municipal, realizada por los diputados de la Bancada de Creemos. En la parte de los considerandos señalan que la población boliviana está cansada de bloqueos de caminos, ya que eso perjudica a todos los sectores económicos del país y hasta se prohíbe el derecho a la salud y educación, por tanto, se establece penas de reclusión de entre uno y seis años.
Las mismas surgen luego que sectores afines al expresidente Evo Morales realizaron en enero pasado un bloqueo durante 16 días, en demanda de la elección de autoridades judiciales. Actualmente, al no tratarse los proyectos de ley 073 y 075 en la Asamblea Legislativa, sobre los magistrados autoprorrogados, advierten que nuevamente se movilizarán en los siguientes días.