En Santa Cruz se registraron 260 intervenciones, es decir, más del 50% del total de casas de juegos intervenidas en el país. La Autoridad de Juegos también decomisó 3.152 máquinas
Los clientes pueden apostar desde Bs 2. El local está en la avenida La Salle No. 254. Foto: Hernán Virgo
Hilton Heredia García – [email protected]
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En Bolivia existen solo dos empresas legalmente establecidas para operar como casas de juegos, el resto es ilegal. Curucusí Games S.R.L y Max Entertainment S.R.L son las únicas firmas que cumplieron con los requisitos que exige la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ).
Lo asombroso y lo que llama realmente la atención en el país, es que pese a haberse aprobado una norma rígida hace cuatro años, siguen operando varios negocios de manera clandestina, según el titular de la Autoridad de Juegos (AJ) Mario Cazón, que citó que en 2013 el ente regulador cerró 497 salas o lugares de juegos de azar y decomisó 3.152 máquinas o medios de juego.
“Estamos seguros de que el mercado ilegal de juegos se ha erradicado casi en 100% desde 2011 hasta la fecha. Esto no quiere decir que la autoridad de juegos culminó con los operativos de intervención, más al contrario, continúan. Desde enero hasta el 7 de febrero de 2014 hemos intervenido 55 lugares de juego y se han decomisado 180 máquinas”, asegura Cazón.
Toda esta situación se da pese a la ley aprobada el 25 de noviembre de 2010 que establece la legislación básica de los juegos de lotería y azar, y en la cual se creó la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, además de la creación del Impuesto al Juego (IJ) y el Impuesto a la Participación en Juegos (IPJ).
La norma legal creó dos impuestos de carácter nacional: el impuesto al juego con una alícuota general del 30% y el impuesto a la participación en juegos con el 15%, con ambos tributos se prevé una recaudación anual alrededor de Bs 200 millones.
El impuesto al juego se aplica a quienes realizan juegos de azar y sorteos, mientras que el impuesto a la participación en juegos se grava a los jugadores. De acuerdo con la ley, el tributo a los jugadores se distribuirá en un 70% para el Tesoro General de la Nación (TGN), 15% al gobierno departamental y 15% al gobierno municipal.
Cazón destaca el accionar de su equipo fiscalizador que logró cerrar casi 500 salas de juego, además de incautarse de 3.152 máquinas que están en los depósitos de la AJ debidamente inventariadas.
Procesos y corrupción
En criterio de la autoridad, las empresas que operaban en el país antes de la puesta en vigencia de la ley 060 no se adecuaron a la norma, aunque en el primer año de gestión de la institución dos empresas operaron por un año para después cerrar sus puertas al no haber logrado la renovación de la licencia.
Las operaciones de las empresas no eran transparentes y generaban una serie de indicios de corrupción que había que cortar poniendo en práctica la norma.
“Los malos empresarios del azar, una vez que intervino la Autoridad de Juegos, recurrieron a una serie de recursos administrativos, jerárquicos y contenciosos administrativos para no pagar las sanciones impuestas, utilizando a terceros, mientras los verdaderos dueños abrían casas de juego clandestinas ensamblando máquinas hechizas”, acotó.
Debido a esa situación, la AJ anuncia que continuará con los procesos penales contra todo infractor a la ley.
Cabe recordar que entre las más significativas de las intervenciones figuran las de las empresas de Bingo Bahití, Corhat Bolivia, Arte&Juegos, Money Track, Dorado, etc.
Seguridad
El director regional de Santa Cruz, Beni y Pando, Eduardo Garcés Cáceres, manifestó que cualquier casa de juego que pretenda operar debe contar con cámaras de alta resolución, por ejemplo, las que tiene el nuevo casino Flamingo, que cuenta con cámaras de tres megapíxeles que graban 30 cuadros por segundo; un sistema de video para grabar por 30 días; departamento de denuncias, sistema de tiques y otros.
La información de aspectos relevantes debe ser guardada en un lugar seguro (caja fuerte) para que la AJ pueda verla y fiscalizarla cuando así lo crea conveniente.
Así como estos mecanismos de seguridad, la AJ también desplaza cada día a un fiscalizador a la sala para verificar el correcto accionar del operador.
Flamingo alista más salas
Erick Peña Eishner, portavoz del grupo Curucusí Games SRL que inauguró el Casino Flamingo en Santa Cruz, dijo que la apertura de esta casa de juegos marca el inicio de una nueva era para los juegos de azar en Bolivia. La empresa apuesta en el país porque considera que sus capitales están protegidos con la normativa.
“Esta es una primera fase. Luego abriremos más salas en otras ciudades del país”, anunció Peña, al señalar que la inversión en el nuevo emprendimiento asciende a $us 1 millón.
Por su lado, la empresa Max Entertainment S.R.L. aún tiene que solicitar la inspección de la AJ para funcionar en los próximos días
Para tomar en cuenta
3.152
Máquinas
Son las que están en los depósitos de la Autoridad de Juegos en condición de decomiso. Estas pueden ser destruidas en los próximos días, una vez así lo dispongan los peritos.
5
Personas en el penal
Son las que enfrentan procesos penales por el funcionamiento de casas de juegos de manera ilegal. También hay siete personas con medidas sustitutivas aplicadas en 2013.
200
Millones de bolivianos
Es lo que prevé recaudar anualmente el Estado boliviano por el pago de tributos de las casas de juego que operan en el territorio nacional.
350000
Dólares
Es el capital mínimo de funcionamiento de las casas de juego. Así lo dispone la normativa aprobada por el Poder Ejecutivo en el 2010.
La AJ advierte mano dura; hay 12 procesos contra privados
La Autoridad de Juegos de Santa Cruz, Beni y Pando, Eduardo Garcés, advirtió que aplicará mano dura contra cualquier casa de juegos de azar o tienda de barrio que opere ilegalmente. Para ello, anunció que sus 12 funcionarios harán permanentes operativos en la ciudad con el objetivo de cerrar las actividades ilegales.
En la actualidad, existen 12 imputados, hay cinco personas en el penal de Palmasola y siete con medidas sustitutivas.
“Nosotros operamos de acuerdo con denuncia. Primero hacemos la verificación, obtenemos los datos y luego avisamos al Ministerio Público para el allanamiento de la casa ilegal. Esperamos que los jugadores vayan a salas que cuenten con seguridad y que no tengan temor a ser detenidos durante los operativos”, indicó el ejecutivo de la AJ.
El ente regulador también exige la homologación de las máquinas (requisitos técnicos para que ingresen al país). Estos aparatos no deben recibir moneda legal tanto local como extranjera y tampoco deben ser manipuladas abiertamente por el hombre.
Requisitos
LA DOCUMENTACIÓN
Cualquier persona que quiera abrir una casa de juegos debe presentar testimonio de la escritura pública de constitución de sociedad comercial inscrita en el registro de comercio; matrícula de comercio actualizada emitida por el registro de comercio; cédula de identidad o pasaporte del representante legal, directores, socios o accionistas; testimonio de poder de administración del representante legal, inscrito en el registro de comercio; certificado de inscripción en el padrón nacional de contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales; declaración jurada de los socios o accionistas señalando que su patrimonio y su capital societario dentro de la empresa que pretende explotar el juego de azar no esté vinculada, afectada ni comprometida directa o indirectamente por terceros.
DECLARACIONES
Se debe tener una autorización del área, zona y ubicación del establecimiento otorgada por el municipio; declaración jurada notariada de cada uno de los socios o accionistas, directores, gerentes o administradores, apoderados, personas con funciones ejecutivas o con facultades de decisión de la sociedad que acredite la inconcurrencia de alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 del anexo del D.S 0781; declaración jurada notariada del representante legal, administradores, gerentes y directores referente a su patrimonio antes de ejercer la representación de la firma.
CERTIFICADOS Y PROYECTO
La empresa debe presentar certificado del registro judicial de antecedentes penales, de no tener sentencia ejecutoriada con condena de prisión corporal, de los socios o accionistas, representantes legales, administradores, gerentes y directores; un proyecto de factibilidad económico-financiera.
Fuente: El Deber.