El informe de 222 páginas se denomina Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe sobre la situación en Bolivia, donde destaca los avances en temas como género e inclusión social, pero advierte las amenazas a la cohesión social por la polarización acentuada por el conflicto de 2019 y sus narrativas, además de la desconfianza en una Justicia cuya reforma es urgente.
El informe de 222 páginas se denomina Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia.
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El texto alerta que “la narrativa derivada de la crisis electoral de 2019 continúa representando amenazas serias a la cohesión del tejido social”
En 2019, la crisis poselectoral generó una división entre quienes consideran que hubo un “golpe de Estado” y quienes afirman que existió un “fraude electoral”. Actualmente ambas narrativas siguen en discusión.
Según la CIDH, esa discusión “entre quienes consideran que existió un fraude y quienes consideran que existió un golpe de Estado es la causa más visible de la polarización política, que ha llevado a un distanciamiento afectivo entre sectores significativos de la población”.
Sin embargo, el organismo expresó esperanza de que esa tendencia hacia la polarización es reversible, mediante acciones concretas dirigidas del nivel más alto del Estado y con la participación de las autoridades de distintos niveles y todos los sectores de la diversa sociedad.
Sugirió que se implemente una mesa de diálogo con alcance nacional y funcionamiento periódico entre los distintos sectores de la sociedad para promover visiones conjuntas; evitar el ahondamiento de la polarización; prevenir la violencia y la discriminación étnico-racial; y contribuir a la gobernabilidad democrática.
Transformar la Justicia
La CIDH consideró que el Estado no puede demorar en las transformaciones estructurales en el sistema de justicia en Bolivia.
“La población boliviana, en toda su diversidad, desconfía profundamente del órgano judicial”, dice el texto.
Advirtió que el sistema penal es percibido como “una herramienta al servicio de intereses políticos, independientemente del partido o movimiento político que se encuentre ejerciendo el poder de turno”.
La Comisión destacó que hay un incipiente consenso entre distintas fuerzas políticas y sociales sobre la necesidad de una reforma al sistema de justicia. Pidió aprovechar esta oportunidad y los momentos históricos que vive el país para impulsar reformas judiciales.