El subprocurador afirmó que existen otras 106 denuncias contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de las cuales 66 se encuentran en la etapa de admisibilidad
Fuente: ANF
El Estado boliviano, en el gobierno de Luis Arce, pagó un resarcimiento económico de al menos $us 8 millones, en los dos últimos casos, a personas que denunciaron violaciones de derechos humanos y que demandaron al Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y se beneficiaron con una sentencia favorable.
“El segundo frente y último de la defensa judicial tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde, afortunadamente no tenemos ningún caso activo. Sin embargo, se ha trabajado en el pago de indemnizaciones económicas en las recientes dos sentencias emitidas por la Corte, este pago asciende a aproximadamente a 8 millones de dólares”, informó el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Sydney Morales.
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Esa información fue brindada durante la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2023 de la Procuraduría General del Estado, que se realizó a finales de febrero. Donde participaron organizaciones sociales afines al presidente Luis Arce, además de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.
A la vez, el subprocurador dijo que, para cumplir con el resarcimiento económico a las víctimas de ambos casos, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5083.
Efectivamente, el 13 de diciembre de 2023, el presidente Luis Arce aprobó esa norma que estableció cumplir con los pagos determinados en las sentencias emitidas por la Corte IDH contra el Estado boliviano. Asimismo, definió que la Procuraduría realice las acciones de repeticiones contra quienes resulten responsables de los hechos de vulneración de derechos humanos.
“La Procuraduría General del Estado realizará las acciones legales pertinentes contra quienes resultaren responsables de los actos o hechos, a objeto de repetir los pagos efectuados por el Estado para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la acción de repetición, no se considerará los montos restituidos al TGN”, señala el articulo 4 de dicho decreto.
Los casos
Hasta enero de 2023, Bolivia fue notificada con tres fallos de la Corte IDH. El del exmayor de Policía Blas Valencia; de las hermanas Flores Bedregal y el caso conocido como Brisa o rotulado como “Angulo Losada vs. Bolivia” en el que una adolescente fue víctima de abuso sexual en 2001, en este último caso no existió reparación económica por renuncia expresa de la víctima.
El 20 de enero, la Corte encontró al Estado boliviano responsable por la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, durante el golpe de Estado de Luis García Meza en 1980. Asimismo, determinó que el Estado es responsable de violaciones de diversos derechos de sus hermanas Olga Beatriz, Verónica, Eliana Isbelia y Lilian Teresa, cometidos en el marco de los procesos judiciales y administrativo.
El fallo internacional también estableció una remuneración económica, pero no se conoció a cuánto ascendía el resarcimiento de daños. Asimismo, en este caso se dispuso más de 10 puntos que el Estado debió cumplir en el plazo de un año.
Cinco días después de conocer ese dictamen, la Corte falló a favor del expolicía Blas Valencia y otras 25 personas por las violaciones a derechos humanos en el atraco armado a una remesa de 2001. En este también dictó resarcimiento económico, montos que van desde los $us 10.000 hasta los $us 65.000.
Al respecto, el procurador general del Estado, César Siles, reveló que en ese caso se erogó alrededor de $us 1,5 millones para 19 beneficiarios. Dijo que los montos son diferentes por persona, tomando en cuenta el grado de afectación o vulneración de derechos humanos, en el caso de Valencia recibió más de $us 50.000.
“Se hizo el pago en cumplimiento en los tiempos establecidos porque corren intereses, multas y un mayor perjuicio para el Estado boliviano. Se llegó a pagar, en total, casi un millón de dólares que implica reparación de víctimas, costas y gastos que son menores como 20 mil dólares que nos han cobrado y un fondo de asistencia legal a las víctimas de seis mil dólares”, explicó la autoridad.
Otras denuncias
Por otra parte, el subprocurador afirmó que existen otras 106 denuncias contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de las cuales 66 se encuentran en la etapa de admisibilidad, 24 en la fase de fondo, 6 en proceso de solución amistosa y un caso en etapa precontenciosa, 1 con medida cautelar y 8 sentencias archivadas.
“Como lo había indicado anteriormente, se tiene en la mesa de negociación de soluciones amistosas en materia de Derechos Humanos aproximadamente 400 mil dólares americanos que esperemos que, sí se aprueban por el Consejo Estatal de Soluciones Amistosas en materia de Derechos Humanos, reduzca el número de casos que tenemos. No va a ser sustancial, pero reducir finalmente es importante”, señaló.
Acción de repetición
En ese sentido, la autoridad señaló que se trabajó en un Proyecto de Ley que de Acción de Repetición que tiene el objetivo de que aquellos funcionarios públicos que hayan incurrido o participado en esos hechos, puedan reponer los gastos erogados por el Estado. Espera que la norma sea aprobada en la asamblea legislativa en un tiempo prudente.
“Se ha trabajado el proyecto de ley de Acción de Repetición un proyecto muy importante porque gracias a este proyecto, si es que se llega a aprobar, vamos a poder cobrar y recuperar lo que el Estado paga a víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Esperamos que este proyecto de ley sea aprobado en la Asamblea Legislativa, pero impulsamos también a las organizaciones sociales a hacer seguimiento que va en beneficio del Estado boliviano”, puntualizó.
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Fuente: ANF